Berzaín: nueva Ley contra el odio es para sostener a Maduro en el poder

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(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium).- El politólogo y director del Interamerican Institute for Democracy, Carlos Sánchez Berzaín, consideró la recién instaurada por la Asamblea Nacional Constituyente, Ley contra el odio, como una ley “infame”, definida por él como una “norma que elaborada y establecida siguiendo el procedimiento formal para su creación, viola en su objeto y contenido los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Según Berzaín, se trata de disposiciones aprobadas por asambleas legislativas y encabezadas por el Jefe de Gobierno, que las controla con mayorías absolutas y son obtenidas generalmente por procesos electorales que incurren en el fraude.

“La denominada ‘Ley contra el odio’ de la dictadura castrochavista de Venezuela es solo una nueva ley infame para sostener a Maduro y oprimir al pueblo venezolano. Es nula de pleno derecho”, escribió el también abogado a través de su cuenta en Twitter.

Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, son para Berzaín algunos de los países que optan por estas leyes para obtener el control político absoluto.

A CONTINUACIÓN, EL TEXTO COMPLETO ESCRITO POR BERZAÍN

Conceptualizo una “ley infame” como “la norma que elaborada y establecida siguiendo el procedimiento formal para su creación, viola en su objeto y contenido los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Son leyes en el aspecto formal, pero en el marco del estado de derecho, de la justicia y de la seguridad jurídica, son disposiciones carentes de verdadero sentido de legalidad y sin legitimidad. Este es el tipo de normas que pierden incluso la denominación de “ley” y son frecuentemente dictadas como instrumentos de opresión y represión en las dictaduras del socialismo del siglo XXI en Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.

Se trata de disposiciones del régimen que se tramitan y aprueban por asambleas legislativas sometidas a la voluntad del jefe de Gobierno que las controla con mayorías absolutas conseguidas también en base a normas y sistemas electorales que instituyeron el fraude. Los órganos de legislación han sido convertidos en simples tramitadores o “levanta manos” para cumplir la voluntad del presidente, que perdiendo en rigor tal condición, ejerce como dictador. Todo este andamiaje de “falsa institucionalidad” está fundado en las constituciones políticas que suplantaron precisamente para que sea la base de la “detentación indefinida del poder total” con simulación de la división e independencia de poderes. El complemento final es un poder judicial también subordinado que ratifica y declara cada que es necesaria la “constitucionalidad de las leyes infames”.

Las leyes violatorias de derechos humanos y libertades fundamentales se denominan “leyes infames” porque infame es aquello que “carece de honra, crédito y estimación”, es por definición lo “muy malo y vil en su especie”. Pero además en el caso de tales normas, aunque hayan cumplido los procedimientos legislativos, no les corresponde siquiera la denominación de leyes porque una ley es un “precepto dictado por autoridad competente, en el que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados”. Aún forzando que los legisladores levanta manos y las mayorías del oficialismo dictatorial tuvieran “competencia”, las leyes infames no contienen “consonancia con la justicia” y en lugar de buscar el bien de los gobernados están violando sus derechos inalienables. Toda la doctrina sobre “la ley” ratifica y refuerza que a las “leyes infames” no son leyes, que son “instrumentos de opresión nulos de plenos derecho” y prueba de responsabilidad penal y política contra sus autores y aplicadores.

Para poner en evidencia las “leyes infames” solo hay que recordar la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” aprobada y proclamada por la Organización de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que establece y reconoce que “toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona; que nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre…;que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica; que todos son iguales ante la ley; la presunción de inocencia; la irretroactividad de la ley; el respeto a vida privada, la honra y la reputación; a circular y viajar libremente; al asilo; a tener una nacionalidad; al matrimonio y a la familia; a la propiedad individual y colectiva y a no ser privado arbitrariamente de su propiedad; la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; la libertad de opinión y de expresión; la libertad de reunión y asociación; a participar del gobierno, a elecciones auténticas, al sufragio universal e igual por voto secreto; a la seguridad social; al trabajo; al descanso; a la salud, a la maternidad; a la educación; a la libre vida cultural y a sus derechos de autor; y que estos derechos y libertades sean plenamente efectivos”
En Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, las leyes infames -que violan los derechos y libertades fundamentales- se han convertido en la base del control político y de miedo que estos regímenes ejercen. Los ciudadanos de cada uno de estos países pueden y deben señalar como infames estas írritas disposiciones que en lugar de constituir garantía son herramienta dictatorial. En Cuba las disposiciones de prohibición de asociación, de peligrosidad predelictiva, de partido único, de control del comercio, de prohibición de viaje, tipificaciones de delitos, procedimientos de juicios, el sistema que denominan de seguridad del estado, las normas restrictivas a la libertad de comunicación y de expresión, gran parte de la estructura legal esta compuesta por “leyes infames” y son el ejemplo de la franquicia extendida a los países bajo el control castrista.

En Venezuela la concesión de poderes extraordinarios al jefe de Gobierno, las normas sobre licencias de telecomunicaciones, las violaciones de la propiedad privada, la persecución política, expropiaciones, juicios que tienen preso político a Leopoldo López y más, que inhabilitan candidatos,….son legales para la dictadura (pero no lícitos ni legítimos) porque están fundados en “leyes infames”. En Ecuador la “ley mordaza”, el procedimiento por el que Correa pretende re-reelegirse, el denominado “mandato 13” un tema de estudio de caso universal,… son “leyes infames”. En Bolivia las manipulaciones para la reelección indefinida de Evo Morales, los procedimientos para enjuiciar y condenar dirigentes políticos y sociales, el avasallamiento de los territorios indígenas, las normas de encubrimiento de la corrupción, la retroactividad con pretexto de lucha contra la corrupción, designaciones, concesiones y más, están todas fundadas en “leyes infames”. En Nicaragua además de todas las leyes ya vigentes y similares a las de los países mencionados, Daniel Ortega ahora “quiere una ley para callar y espiar opositores”, o sea una nueva “ley infame”.




Categoría: Venezuela | Claves: Carlos Sánchez Berzaín