Colombia llama a consultas a su embajador en Venezuela por decisión del TSJ

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(Bogotá, Colombia. AFP).- Colombia anunció este viernes que llamó para informes a su embajador en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país asumiera la víspera las competencias del Parlamento, de amplia mayoría opositora y al que el gobierno venezolano considera en desacato.

“Lo estoy llamando a que informe”, dijo a Caracol Radio la canciller María Ángela Holguín, sobre la citación al embajador Ricardo Lozano. “La decisión del Tribunal ayer pasó una línea que no se había pasado”, agregó.

“Yo quiero oír al embajador”, enfatizó Holguín.

Posteriormente, en una entrevista con Blu Radio, la canciller aseguró que después de escuchar a Lozano “tomaremos la decisión de qué hacer con el embajador“.

“Nosotros retirar al embajador definitivamente no lo vamos a hacer por el momento por una necesidad real que tenemos”, aseguró Holguín, en referencia a los miles de colombianos que viven en Venezuela y “a los cuales hay que responderles”.

Una fuente de la cancillería dijo a la AFP que el gobierno colombiano “evalúa escenarios” sobre el procedimiento a seguir.

Holguín también aseguró que Venezuela no es un país viable, porque está “completamente dividido” y que la “gente no puede pensar que la gran mayoría está solamente con la oposición”, porque el gobierno tiene “un apoyo popular que no es menor”.

“Sigo convencida de que la única salida es que se pongan de acuerdo oposición y gobierno para tener un país viable. No veo otra herramienta”, apuntó en Caracol Radio.

La administración de Juan Manuel Santos rechazó el jueves el fallo del TSJ, señalando su “profunda preocupación”.

“El gobierno de Colombia reitera su convicción de que la separación de poderes y el apego irrestricto a las normas constitucionales son fundamentos imprescindibles para la plena vigencia de la democracia representativa, la convivencia pacífica de la población y el Estado de Derecho”, indicó el texto.

El gobierno de Nicolás Maduro desató una avalancha de críticas de la comunidad internacional tras la decisión de su máxima instancia judicial del país de tomar las funciones del Legislativo, que fue calificada como un “golpe de Estado” por la oposición venezolana.