¿Cómo se realiza el examen?

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(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium) Los días lunes 29 y martes 30 de junio, el Estado venezolano rendirá cuentas por el examen ante las Naciones Unidas en el Comité de Derechos Humanos.

Este comité es el encargado de monitorear y examinar la implementación y cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que entró en vigor en 1976 y establece los mecanismos de protección y garantía de los derechos civiles y políticos.

Son 18 los expertos independientes que integran el comité de distintas partes del mundo como Argelia, Estados Unidos, Francia, Egipto, Japón, entre otros. En la actualidad, es el argentino Fabián Salvioli el que preside el comité.

Las audiencias se llevarán a cabo el lunes a las 3:00pm (hora Ginebra) y el martes a las 10:00am (hora Ginebra), pero, debido a la diferencia de horario, en Venezuela podrá ser visto a las 8:30am del lunes 29 (hora Venezuela) y a las 3:30am del martes 30.

LAS DEUDAS DE VENEZUELA

Venezuela presentó este lunes su cuarto informe periódico con un retraso de siete años. La masiva delegación oficial que llegó a Ginebra incluye a altos magistrados del Poder Judicial, viceministros, asesores de ministerios y representantes del sistema electoral, de las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público. A la cabeza de la delegación se encuentra la Fiscal General Luisa Ortega Díaz.

Con el informe, los expertos hicieron una lista de cuestiones que los preocupan y que fue respondida de manera escrita por las autoridades de Venezuela en mayo. Posteriormente, es responsabilidad del Estado asistir a una audiencia de carácter público para dialogar con los expertos y emitir un informe final de recomendaciones que se publica dos semanas después del encuentro.

¿QUÉ EXAMINAN?

Los derechos que examinan los expertos son el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal, la prohibición de la tortura y los malos tratos, el derecho a un juicio justo y a que el sistema de justicia sea independiente e imparcial, el derecho a un trato digno de las personas privadas de libertad, incluyendo trato diferenciado y adecuado de los menores que hayan delinquido, el derecho a la personalidad jurídica y a la familia, los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, la prohibición de la propaganda de guerra y de discursos que hagan apología al odio, el derecho a la participación en los asuntos públicos, incluyendo el voto secreto y universal, la igualdad ante la ley, la no discriminación, la igualdad de hombres y mujeres, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de las minorías a vivir de acuerdo con su cultura y costumbres, según examenonuvenezuela.com

EL PROCESO PREVIO

El estado, para establecer la transparencia y participación durante el proceso, debe promover la consulta con la sociedad civil en la elaboración del informe, sin embargo, los poderes públicos se han reservado el derecho de realizarlo y solo se conoce de forma pública tras ser publicado en la web.

Sin embargo, la sociedad civil puede entregar sus propios informes y goza de derecho de palabra durante la sesión de intercambio con los expertos.

LAS SILLAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Coaliciones y asociaciones han representado a más de 100 organizaciones de la sociedad civil de Venezuela y han presentado 17 informes alternativos, presentando recomendaciones para solicitar que el Estado cumpla con su responsabilidad.

Por la sociedad civil participan: la Coalición Foro por la Vida, Espacio Público, Cofavic, Civilis Derechos Humanos, Observatorio Venezolano de Prisiones, Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), Coalición Proacceso, Cepaz, Grupo de organizaciones de mujeres (Avesa, Cepaz, Freya y Ghendu), Laboratorio de Paz, Red de Organizaciones de la Sociedad Civil (Sinergia), Laboratorio de Paz, Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), Red LGBTI de Venezuela, Aequitas, Estado de Derecho y Foro Penal.

¿QUÉ DICE EL INFORME DEL ESTADO?

En el informe presentado por el Estado resaltan la “democracia participativa” en la que se ha vivido en Venezuela “desde el año 1998”. Resaltan la realización de múltiples eventos electorales como “indicativo de pluralidad política”.

También afirman que el Tribunal Supremo se presenta como una institución en donde sus integrantes “deben interpretar el derecho a la igualdad y a la no discriminación”.

“El Estado venezolano consiente de que la práctica de la tortura es una sombra que durante mucho tiempo los gobiernos anteriores permitieron que le acompañasen, en los últimos años ha hecho esfuerzos invaluables para cambiar esa cultura represiva y reaccionaria de los cuerpos policiales, por una cultura preventiva y respetuosa de los
derechos humanos que debe prevalecer en el nuevo policía como consecuencia del nuevo modelo policial implementado por el Estado”, señalan.

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