Costa Rica dejó en libertad a venezolano solicitado por el caso del Fondo Chino

- Dan Dojc fue detenido en Costa Rica el 19 de diciembre de 2014.

- El país centroamericano ya había rechazado en agosto la solicitud de extradición que pidió Venezuela.

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium)– La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la libertad de Dan Dojc Dojc, solicitado por la justicia venezolana debido a su presunta participación en la estafa al Fondo Conjunto China-Venezuela, según sentencia 2015011568, reseña el diario Últimas Noticias

Dan Dojc fue detenido en Costa Rica el 19 de diciembre de 2014. De acuerdo con el diario nacional en su versión web, los magistrados dicen haber constatado que el tribunal del país centroamericano que avaló en primera instancia el envío de Dan Dojc al país “omitió verificar que el Estado requiriente (Venezuela) aportara la prueba de cargo que respalda la investigación judicial”.

Señala la Corte Suprema de Costa Rica que a Dan Dojc, quien estaba recluido en el Centro de Atención Institucional de San Sebastián, se le “ha restringido ilegítimamente su libertad”.

La estafa al Fondo Chino-Venezuela fue documentada por el entonces jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Hugo Carvajal. A raíz de esa investigación, la Fiscalía abrió un expediente donde señala que la estafa asciende a 84 millones 916 mil 150 dólares.

Dichos recursos eran para el Plan Bienal de Producción de Alimentos 2011-2012, pero un grupo de gerentes del Fondo Chino-Venezuela presuntamente desvió parte de ese dinero a dos empresas: una llamada Bismark, a la cual enviaron 62.825.050 dólares, y otra de nombre Kelora, con sede en Suiza, habría recibido 22.091.100 dólares. Dojc pertenece a la directiva de esta última empresa, según la Fiscalía.

El mes pasado se conoció que Costa Rica había rechazado entregarle a Dan Dojc a Venezuela, por considerar que la justicia venezolana “presenta serias debilidades jurídico-políticas para asegurarle (…) un enjuiciamiento que cumpla con las garantías básicas de un debido proceso”.

“Enviar a un ciudadano a un país que ha denunciado una convención que tutela derechos fundamentales no brinda la confianza suficiente para admitir que el ciudadano que se entrega a otra jurisdicción será tratado conforme a las garantías que merece”, argumentó la Corte Suprema de ese país.

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