Dan un año al Defensor para demostrar “que es independiente del Gobierno”

El Comité Internacional de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos recomendó que "se rebaje a clase B la categoría de acreditación de la Defensoría del Pueblo", por acciones e inacciones durante la situación de inestabilidad y las protestas que tuvieron lugar en Venezuela.

Dan un año al Defensor para demostrar “que es independiente del Gobierno”Alientan al actual Defensor a que hable alto y claro en relación con las principales cuestiones de derechos humanos en Venezuela. Crédito: Defensoría del Pueblo
Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium).- El Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos recomendó que “se rebaje a clase B la categoría de acreditación de la Defensoría del Pueblo” de Venezuela, y dio plazo de un año a su representante, Tarek William Saab, para demostrar que la institución “es independiente del Presidente y del Gobierno y está preparada para hablar alto y claro” en materia de derechos humanos.

En un informe elaborado por el Subcomité de Acreditación del referido comité, de fecha marzo de 2015 y difundido este viernes, se argumenta que algunas acciones y medidas adoptadas, o la ausencia de estas, por parte de la exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, durante la situación de inestabilidad y las protestas que tuvieron lugar en Venezuela, además de unos tweets enviados desde su cuenta personal y desde la cuenta de la institución en la red social, “repercuten en la imparcialidad e independencia del organismo”.

También argumenta que lo anterior “compromete su capacidad” para ejercer “las funciones de promoción y protección de los derechos humanos, en conformidad con los Principios de París”, y afecta tanto “su credibilidad como el grado de confianza del público, lo que hace que las personas se desanimen a dirigirse a ella”. “Puede no percibirse como independiente del Presidente y del Gobierno y sí percibirse como demasiado tolerante en relación con las cuestiones de derechos humanos”, se precisa en el texto.

Entre las acciones que refiere el informe, que “han suscitado preocupaciones por parte del Secretario General de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Parlamento Europeo”, destacan algunos tweets enviados desde la cuenta personal en Twitter de la exdefensora y algunas de sus declaraciones realizadas a la prensa venezolana, entre ellos:

– El 27 de julio de 2013 la Defensora dijo en su cuenta personal de Twitter que la Defensoría es “hija del Comandante Chávez”;

– El 9 de octubre de 2013 la Defensora envió un tweet en el que dijo: “Nuestra Institución de Derechos Humanos respalda la defensa que emprende Nicolás Maduro de nuestras conquistas”;

– En una entrevista realizada en septiembre de 2013, se preguntó a la Defensora: “¿Es usted Chavista?”, a lo que respondió: “Sí. Yo, tal vez, estaría en una universidad dando clases, si no hubiese escuchado al presidente Chávez haciéndonos ese llamado a transformar la sociedad, convocarnos a una nueva Carta (constitucional) (…) me considero parte de este pueblo, y este pueblo amó a ese líder que vino a cambiar el orden de las cosas, que vino a darnos lecciones con hechos, con su ejemplo, con su proceder”; en la misma entrevista, trasreferirse a sus sentimientos tras la muerte del Presidente y a sus enseñanzas, concluyó: “y por esa razón, digo ¡soy chavista!”;

– Durante una entrevista realizada el 8 de marzo de 2014 que tuvo amplia difusión por distintos periódicos locales como El Nacional y El Universal, la Defensora dio una definición de la tortura y declaró que la tortura se utilizaba con la única finalidad de obtener información.

En el informe presentado también destacan algunas inacciones de la Defensoría del Pueblo de Venezuela en “cuestiones críticas de derechos humanos”, entre ellas:

– Juicios de civiles en tribunales militares;

– Juicios penales de líderes sindicales por ejercer su derecho constitucional de
huelga y protesta;

Amenazas del Presidente Nicolás Maduro de incoar procedimientos penales contra
líderes sindicales;

– La retirada de Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

– El incumplimiento de las medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana en nombre de víctimas de violaciones de los derechos humanos en Venezuela;

– La detención continua de la juez María Lourdes Afiuni;

– La detención continua de Leopoldo López y sus denuncias de haber sido torturado;

– La declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de febrero de 2014, en la que instó al Gobierno de Venezuela a velar por el respeto de la libertad de expresión y de reunión pacífica y garantizar que los agentes del orden público actuaran de forma acorde con las normas internacionales, declaración que estaba en sintonía con la que había realizado el Secretario General unos días antes.

Aunque el Subcomité de Acreditación reconoce que en diciembre de 2014 se renovó al representante de la institución y se nombró a un nuevo Defensor, Tarek William Saab, que “ha adoptado medidas” y “ha aportado declaraciones orales y escritas durante el período de sesiones actual”, estas “no son suficientes para responder a las preocupaciones del Subcomité en lo que respecta a la imparcialidad e independencia de la Defensoría del Pueblo”, y que señala que Saab “continúa siendo responsable de las acciones e inacciones de la exdefensora”, Gabriela Ramírez.

Sin embargo, el Subcomité informa que ha dado oportunidad al nuevo Defensor a responder a lo anteriormente citado, que motivó a una revisión especial tras la renovación de la acreditación de la Defensoría en mayo de 2013, además de aportar sus opiniones sobre las siguientes cuestiones:

– El contenido de la Resolución 0086104 (que regula las actuaciones de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas en relación con la vigilancia el orden público y la paz social en las reuniones y manifestaciones públicas); 

– La detención continua de la juez María Lourdes Afiuni;

La detención continua de Leopoldo López y sus denuncias de haber sido torturado;

– La detención del alcalde Ledezma;

El asesinato de Kluiver Roa, de 14 años de edad;

– El programa de televisión del líder parlamentario, Diosdado Cabello;

– Y las medidas adoptadas por la Defensoría del Pueblo para restaurar una relación positiva de cooperación con la sociedad civil.

De acuerdo con el reglamento del Comité Internacional, la recomendación de bajar de clase de acreditación a la Defensoría venezolana no tiene efecto durante un plazo de un año, durante el cual mantendrá su acreditación clase A hasta el primer período de sesiones de 2016, lo que “da oportunidad a la institución para que facilite prueba documental necesaria para establecer su continua conformidad con los Principios de París”.

“El Subcomité alienta al actual Defensor a que hable alto y claro en relación con las principales cuestiones de derechos humanos en Venezuela de un modo equilibrado, sin prejuicios, objetivo e imparcial para demostrar que la Defensoría del Pueblo es independiente y se preocupa por la promoción y protección de los derechos de todas las personas en Venezuela”, refiere el documento.

El Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC), fundada en 1993, es una asociación internacional conformada por las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH). Entre sus funciones está ayudar a establecer y fortalecer las INDH independientes y eficaces que cumplan con los requisitos de los Principios de París.