Alcalde de Cúcuta solicitó medidas a la Cidh

Las medidas cautelares, acción que toma la CIDH cuando considera que la integridad o vida de una persona está en riesgo, afectarían en este caso a 16 grupos de individuos, entre ellos "1.512 niños que no pueden ir a la escuela" y a los colombianos deportados que tienen bienes en Venezuela y no pueden ir a recogerlos.

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El alcalde de Cúcuta llegó a la sede de la Cidh con una maleta de documentos para sustentar su denuncia. Crédito: NTN24 / YouTube

(Washington, Estados Unidos. EFE) – El defensor del pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora Gómez, y el alcalde de la ciudad de Cúcuta, Donamaris Ramírez Paris Lobo, acudieron hoy a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington para pedir medidas cautelares ante la crisis fronteriza con Venezuela.

Otálora Gómez dijo que su visita es para pedir a la CIDH que exija al Gobierno venezolano que ponga fin a “su violación sistemática de los derechos humanos de los colombianos que hoy continúan en Venezuela”.

Entre esos derechos, mencionó “el derecho a la unidad familiar, a la locomoción, al trabajo o a la propiedad“.

La petición se fundamenta en las visitas del equipo del defensor del pueblo a la zona y en más de 1.300 quejas formales presentadas ante su oficina por colombianos “irregularmente deportados, desplazados o víctimas de trato inhumano” por parte de autoridades venezolanas.

Otálora denunció asimismo que hay más de 70 colombianos “privados de libertad” en Venezuela, los cuales, “según el Gobierno venezolano están detenidos formalmente, pero de los que sus familias no saben nada, ni si tienen un juicio“.

MEDIDAS CAUTELARES AFECTARÍAN A 16 GRUPOS DE INDIVIDUOS

También acudió hoy a la CIDH el alcalde de la ciudad colombiana de Cúcuta, Donamaris Ramírez Paris Lobo, para pedir una investigación sobre las deportaciones de colombianos en la frontera con Venezuela y 16 medidas cautelares.

“De nada sirven las medidas cautelares si ellos no verifican, yo no estoy pidiendo que ellos tomen medidas cautelares porque yo lo digo; vayan, vayan y miren”, dijo el alcalde en declaraciones a los periodistas antes de entrar en la sede de la CIDH con una maleta de viaje cargada de pruebas para sustentar su denuncia.

Las medidas cautelares, acción que toma la CIDH cuando considera que la integridad o vida de una persona está en riesgo, afectarían en este caso a 16 grupos de individuos, entre ellos “1.512 niños que no pueden ir a la escuela” y a los colombianos deportados que tienen bienes en Venezuela y no pueden ir a recogerlos.

“Tengo pruebas de personas que los han deportado por ser colombianos, personas golpeadas por los guardias, mujeres que han sufrido abusos sexuales de los guardias, 1.512 niños que viven en Venezuela y no pueden pasar a sus escuelas en Colombia”, explicó el alcalde de la ciudad fronteriza.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, visitará la zona de Colombia fronteriza con Venezuela a invitación del alcalde de Cúcuta este próximo sábado.

El alcalde de Cúcuta también visitó hoy las oficinas de Human Right Watch (HRW) en Washington para pedir a esa organización pro derechos humanos que siga analizando la situación y acuda a la zona.

El pasado 19 de agosto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de un tramo de la frontera entre su país y Colombia con el argumento de combatir el contrabando y a supuestos paramilitares.

Según un informe difundido este lunes y realizado por funcionarios de organismos de la ONU que visitaron la zona, 1.100 colombianos han sido deportados en los últimos trece días por Venezuela y al menos otros 10.000 regresaron a su país “por miedo”.