Diputados presentan denuncia penal por negocios entre Uruguay y Venezuela

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(Montevideo, Uruguay. EFE).- Dos diputados del Partido Nacional (PN) uruguayo y uno independiente presentaron hoy en Montevideo una denuncia penal con el objetivo de determinar si existieron irregularidades en negocios entre Uruguay y Venezuela durante el Gobierno del presidente José Mujica (2010-2015).

Los legisladores de PN Rodrigo Goñi y Jaime Trobo más el diputado Gonzalo Mujica, hoy independiente pero que accedió a su banca mediante el oficialista bloque de izquierdas Frente Amplio (FA), dieron inicio a la investigación judicial luego de “haber agotado las instancias parlamentarias”.

Concretamente, los representantes denuncian una intervención injustificada de intermediarios privados, que entienden fueron asignados de forma arbitraria para realizar negocios en varias áreas.

El foco de la denuncia está puesto sobre la designación de fondos públicos que se hizo durante el Gobierno de Mujica a través del Fondo para el Desarrollo (Fondes) uruguayo.

En este sentido, los diputados denuncian que se financió a empresas que no contaban con la viabilidad necesaria y que no han devuelto los créditos concedidos.

El diputado Gonzalo Mujica, que investigó a nivel parlamentario el tema, aseguró a la entrada del Juzgado de Crimen Organizado que “todas las empresas asistidas por el Fondes tenían como principal o único cliente el Gobierno venezolano”.

“Todas sus exportaciones a Venezuela se financiaron con el Fondo Bolívar-Artigas”, agregó el legislador respecto a ese fideicomiso de unos 270 millones de dólares producido por las compras de petróleo venezolano por parte de la empresa estatal de hidrocarburos de Uruguay, Ancap.

Trobo, por su parte, consideró que “se montó una organización para financiar actividades a partir de negocios, comisiones y de la intermediación en volúmenes de dinero que son realmente impresionantes”.

“Estamos hablando de negocios que están en el orden de los 100 millones de dólares“, señaló.

Añadió que “se decidió ilegítimamente” los adjudicatarios de los negocios, que estaban vinculadas con las personas que en ese momento estaban “al frente de la conducción del Estado”.

“Nosotros no sabemos qué es lo que pasó en Venezuela, pero sí presumimos lo que pasó en Uruguay, donde se benefició a amigos y a empresas amigas para que fueran los únicos que pudieran intermediar en negocios del orden de los 100 millones de dólares”, sostuvo Trobo.

Los legisladores se negaron a dar nombres en particular, ya que señalaron que de ello se encargará la Justicia.

A fines de 2016 el PN propuso iniciar una comisión investigadora a nivel de la Cámara de Diputados para investigar los negocios de algunas empresas con Venezuela.

Sin embargo, la propuesta no prosperó ya que el partido opositor no obtuvo los votos necesarios para instalar la comisión.




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