EEUU vuelve a debatir sobre nacionalización de torres petroleras de Venezuela

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(Washington, EEUU. EFE) – El Tribunal Supremo de EEUU volvió hoy al trabajo con la vista puesta en un controvertido caso sobre la pena de muerte, otro curioso asunto sobre el nombre de una banda de rock y una polémica internacional que cuestiona una nacionalización ordenada por el Gobierno de Venezuela.

Por primera vez en décadas, en este primer lunes de octubre, que marca el comienzo del ciclo judicial, hubo solo ocho jueces y no los nueve de los que debe estar conformada la máxima corte.

Con cuatro jueces progresistas y cuatro conservadores, el Tribunal Supremo está dividido por fuertes líneas ideológicas debido a la inesperada muerte en febrero del juez conservador Antonin Scalia y la negativa de la mayoría republicana del Senado para aprobar el nombramiento de Merrick Garland como nuevo juez.

El gran asunto del Tribunal Supremo parece ser precisamente la ausencia de un noveno juez, aunque la lista de casos incluye importantes cuestiones de alcance nacional e internacional.

Entre los asuntos de más alto perfil figura un caso en el que Venezuela pide al Tribunal Supremo que bloquee la resolución de una corte inferior según la cual, en 2010, el país caribeño nacionalizó de forma ilegal 11 torres de perforación petrolera de la empresa estadounidense Helmerich & Payne.

Esta empresa, con sede en Oklahoma (EE.UU.), operó durante años en territorio venezolano y tuvo como cliente al Gobierno, pero en 2009 cesó sus operaciones y desmontó los taladros de perforación después de que el Ejecutivo acumulara con ella una deuda de 100 millones de dólares.

En respuesta a esa acción, el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó en junio de 2010 la nacionalización de 11 torres de perforación petrolera de Helmerich & Payne, tras denunciar que la empresa mantenía “ociosos” esos taladros desde hacía “un considerable tiempo”.

Helmerich & Payne reaccionó demandando tanto al Gobierno venezolano como a la compañía estatal Petróleos de Venezuela(PDVSA), amparándose en la Ley de Inmunidad de Soberanías Extranjeras y alegando que la nacionalización se produjo en contra de la legalidad internacional.

Ahora, con el fin de frenar el pleito, el Gobierno de Venezuela ha puesto en cuestión esa Ley de Inmunidad de Soberanías y quiere que el Tribunal Supremo defina cuándo un Gobierno extranjero puede enfrentar demandas en cortes estadounidenses por incidentes que ocurrieron fuera de Estados Unidos.

Más allá de los casos de alcance internacional, el Tribunal Supremo evaluará si Texas se deja guiar por prejuicios racistas al aplicar la pena de muerte y si el estado sureño, líder en ejecuciones, condena a pena capital a posibles enfermos mentales.

En concreto, la corte estudiará el caso de Bobby J. Moore, condenado a muerte a pesar de tener un coeficiente intelectual muy bajo, y el caso de Duane Buck, un hombre negro que fue considerado durante el juicio como un peligro para la sociedad simplemente por ser negro y luego fue sentenciado a muerte.

Entre los casos más curiosos previstos para este ciclo judicial figura el de la banda de rock “The Slants” (“Los Rasgados”), compuesta por músicos asiáticos y radicada en Portland, en el estado de Oregón.

El Tribunal Supremo tendrá que decidir si el nombre de la banda, que hace referencia a los ojos rasgados de los asiáticos, es ofensivo o si está protegido por la libertad de expresión.

Entre los archivos de los jueces de la corte, también figura un caso sobre inmigración en el que el Tribunal Supremo deberá decidir si los inmigrantes detenidos durante seis meses tienen derecho a una audiencia judicial en la que puede decidirse su liberación, algo que niega el Gobierno del presidente Barack Obama.

Además, el alto tribunal tiene pendiente determinar si admite o no un caso del estado de Virginia, en el que la corte debería decidir si los estudiantes transexuales de una escuela pueden acceder a los baños que coinciden con su identidad de género en vez de con su sexo biológico.

Normalmente, el Tribunal Supremo recibe entre unas 7.000 y unas 8.000 solicitudes de individuos u órganos que quieren que se atiendan sus casos, aunque la corte solo celebra vistas orales y decide sobre unos 80 casos, según datos del propio tribunal.

Para este ciclo judicial, que comienza hoy y acabará en junio de 2017, los jueces han aceptado unos 40 casos, de momento.