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El almacén nuclear, otro ejemplo más de partidismo y de falta de visión de Estado

España ha sido incapaz de trabar un mapa energético estable y consensuado.

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Editorial El Mundo)- En su segundo Consejo de Ministros, en diciembre de 2011, el Gobierno de Rajoy designó a Villar de Cañas, un pueblo conquense de 500 habitantes, como sede del almacén nuclear (ATC). De esta forma, se desbloqueaba el procedimiento diseñado por el Ejecutivo socialista para elegir el emplazamiento destinado a albergar los residuos de alta intensidad que generan las centrales españolas. El entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, convocó un concurso público en 2009 al que se presentó una docena de municipios atraídos por una compensación anual de 12 millones de euros. El Gobierno terminó decantándose por Villar de Cañas tras pactarlo con Cospedal. Cuatro años después, su sucesor al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, rechaza frontalmente el ATC, lo que ha provocado el descortés portazo de José Manuel Soria, quien se ha negado a recibirle. El episodio acredita de nuevo la falta de visión de la política española para gestionar proyectos de hondo calado, además del sainete en que se ha convertido el cementerio nuclear, una infraestructura vital para la industria atómica del país.

La nuclear sigue siendo una fuente indispensable para cubrir la demanda eléctrica, pero plantea la necesidad insoslayable de gestionar los residuos.

Con una inversión que ronda los 800 millones de euros, el ATC aspira a cubrir una necesidad histórica que ha causado un grave perjuicio a las arcas públicas. El Gobierno lleva abonados a Francia casi 300 millones de euros desde 1994 por el alquiler de parte de la basura radiactiva del parque español. Las organizaciones conservacionistas desaconsejaron Villar de Cañas por los rasgos geológicos del terreno. Pero, en todo caso, una vez tomada la decisión, conviene que el Gobierno y la empresa pública Enresa aceleren su ejecución, lo que pasa inevitablemente por el visto bueno -aún pendiente- del Consejo de Seguridad Nuclear.

El retraso del ATC es fruto de la ambigüedad con la que los diferentes gobiernos han abordado la energía atómica. Desde la moratoria decretada por Felipe González en los ochenta hasta la opacidad con la que se cerró el reactor de Garoña, España ha sido incapaz de trabar un mapa energético estable y consensuado. La nuclear sigue siendo una fuente indispensable para cubrir la demanda eléctrica, pero plantea la necesidad insoslayable de gestionar los residuos. El proyecto del ATC surgió tras un mandato del Congreso en 2004. Ha transcurrido una década y no es que no haya fecha definitiva para su puesta en marcha, sino que ni siquiera se ha emprendido aún su construcción. El cementerio nuclear es el corolario momentáneo al estrambote partidista y autonómico que constriñe permanente los asuntos de Estado. España continúa dejándose así jirones de operatividad y, sobre todo, de credibilidad.

Categoría: Opinión