Cuestionaron a Venezuela sobre torturas y violencia

Diferentes coaliciones y asociaciones que representan a más de 100 organizaciones de la sociedad civil venezolana han presentado 17 informes alternativos sobre la situación de los derechos civiles y políticos en el país.

Cuestionaron a Venezuela sobre torturas y violenciaLa Fiscal publicaba en su cuenta en Twitter imágenes de la reunión. Crédito: @lortegadiaz
Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium). Entre hoy y mañana, 30 de junio, el Estado venezolano presenta nuevamente un examen ante las Naciones Unidas, esta vez con el Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de monitorear y examinar la implementación y cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), integrado por 18 expertos independientes de distintos países.

Para este examen diferentes coaliciones y asociaciones que representan a más de 100 organizaciones de la sociedad civil venezolana han presentado 17 informes alternativos sobre la situación de los derechos civiles y políticos en el país, proponiendo también en ellos recomendaciones que se ajustan al contenido de las disposiciones del Pacto y a observaciones del Comité, con el fin de solicitar al Estado cumpla sus responsabilidades de tomar medidas para que todas las personas en Venezuela gocen y ejerzan efectivamente estos derechos.

Participan por la sociedad civil, entre otras, la Coalición Foro por la Vida, Espacio Público, Cofavic, Civilis Derechos Humanos, Observatorio Venezolano de Prisiones, Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), Coalición Proacceso, Cepaz, Grupo de organizaciones de mujeres (Avesa, Cepaz, Freya y Ghendu), Laboratorio de Paz, Red de Organizaciones de la Sociedad Civil (Sinergia), Laboratorio de Paz, Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), Red LGBTI de Venezuela, Aequitas, Estado de Derecho y Foro Penal.

En el evento de hoy la primera intervención estuvo a cargo de Ligia Bolívar, de Foro por la Vida, quien cuestionó los avances de la constitución en materia de DD HH, ya que a su juicio, están amenazados por leyes regresivas y ausencia de independencia de poderes. 

Según la activista, desde 2004 se mantiene una práctica discriminatoria por motivaciones políticas en Venezuela, que incluye exclusión en áreas como empleo, contratos públicos, becas y cupos de estudio.

Bolívar también se refirió a las torturas y señaló que falta información estadística oficial al respecto. “Hay prácticas deliberadas para evitar el registro de torturas, con traslados de lesionados a hospitales militares”, denunció.

Por otra parte, Bolívar expuso los casos relativos a la actuación de militares. En este sentido, aseguró que grupos paraestatales han realizado ataques a residencias, detenciones y agresiones sin que autoridades tomen medidas pertinentes. Asimismo, señaló que hay una creciente militarización de la seguridad.

Carlos Correa de Espacio público, indicó que 90% de las peticiones de información pública no son respondidas, y que las instituciones no publican información relevante. Asimismo, denunció que en el país caribeño existe un entorno de hostigamiento contra la libertad de expresión: “Altos funcionarios descalifican a periodistas”.

En este sentido, cuestionó ante el organismo internacional que “se aplican leyes contrarias a los estándares de DD HH como la Ley Resorte y el Código Penal”.

Por otra parte, se refirió a los cambios de línea editorial en grandes medios y la falta de pluralismo y diversidad en la esfera pública: “En algunas ciudades no hay medios independientes críticos”.

Otros temas discutidos en esta parte de la evaluación fueron la impunidad, la discriminación y la violencia homicida, expuesta como la tercera causa de muerte en Venezuela y la primera entre la población joven. Destacan que por cada 100 habitantes ocurren 31 homicidios.

La falta de tolerancia del Gobierno nacional ante manifestaciones pacíficas también fue un tema a tratar en la ONU por parte de Civilis: “El Estado debe cesar de discursos estigmatizadores, denigrantes y violentos contra personas por sus ideas o defensa de DD HH”.

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, aseguró ante los miembros de la Organización de Naciones Unidas y representantes de la sociedad civil que en Venezuela se destruyen armas de fuego y se desmantelan bandas delictivas “que no tienen que ver con colectivos”.

También, indicó que a través de La ley contra la Tortura se han procesado 80 casos de tortura, y 1508 causas por tratos crueles y degradantes.

En su intervención destacó la creación y labor de los comité de víctimas, luego de las manifestaciones de febrero de 2014. También aseguró que “en Venezuela hay pleno derecho a la información y expresión, y se garantiza la información veraz y oportuna”.

La Fiscal resaltó la labor del Gobierno nacional en la implementación de planes de seguridad “respetuosos de lo DD HH”.

Aseguró que “en Venezuela es cotidiano que se realicen manifestaciones públicas” y que el deber de la policía es que no deriven “en la vulneración de los derechos de los demás”.

Ortega sostuvo que es en ese contexto que se debe entender “lo ocurrido en Venezuela en 2014”, en relación a las manifestaciones ciudadanas que terminaron en situaciones de gran violencia en las que murieron más de 40 personas.

La fiscal general describió esos eventos como “una ofensiva violenta” dirigida a “deponer a las autoridades legítimas” y que no tenían “nada que ver con el derecho a manifestar pacíficamente”.

“Es insólito que algunos medios de comunicación, voceros políticos e incluso supuestos defensores de derechos humanos justifiquen estos horrorosos crímenes y califiquen a sus autores como pacíficos manifestantes”, agregó.

DUROS CUESTIONAMIENTOS

Durante la intervención de el relator Víctor Rodríguez Recia de Costa Rica, surgió la “preocupación” por “la cantidad de leyes habilitantes que le delegan al Poder Ejecutivo” sin un marco limitativo.

Rodríguez criticó que el informe de Venezuela se entregó con siete años de retraso y preguntó ¿De qué manera los jueces aplican el Pacto de Derechos Civiles y Políticos? “No se consigue información”.

Por otra parte, cuestionó que el Defensor del Pueblo fue electo “sin contar con la participación ciudadana” y advirtió que el hecho de que la Defensoría fuera recategorizada de clase A a clase B, en marzo, debe “llamar la atención sobre la independencia” de las instituciones.

Sobre las instituciones, el experto también se refirió al Poder Judicial y sentenció que “es una preocupación” su independencia.

UNA LISTA “CONMOVEDORA Y DEPRIMENTE”

Nayer Rodney, también mostró preocupación por los temas expuestos por Rodríguez: “Es conmovedor y deprimente toda la lista de problemas que mencionó el relator y que en algunos sentidos han empeorado”.

Rodley agradeció el listado de leyes aprobadas para la garantía de los DD HH en Venezuela, pero señaló que faltó información sobre cómo se aplican.

Indicó que no es claro el trabajo que se hace en materia de protección a la mujer y avisó que la violencia contra las mujeres “parece estar aumentando”.

En este sentido, Konstantine Vardzelasvili destacó que ha habido “una aplicación lenta de la ley contra la violencia hacia la mujer”.

El experto Olivier de Frouville elogió los avances sociales en Venezuela, pero al mismo tiempo dijo que se quedaba “boquiabierto cuando escucho sobre jueces detenidos y torturados”.

En ese sentido, dijo que el Gobierno venezolano “puede defender proyectos de justicia social evitando estos excesos que dan una muy mala imagen. Aunque un juez haga gala de hostilidad hacia el Estado, debe ser tratado con respecto”, recalcó.

“EL ESTADO NO HA CUMPLIDO CON SU OBLIGACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL”

“El Estado no ha cumplido con su obligación jurídica internacional de proteger los derechos civiles y políticos y se siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos”, aseguran 30 ONGs en un comunicado y explican que persisten las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza, la tortura y otros malos tratos, así como el hostigamiento a periodista y defensores de DD HH.

Les preocupan también las condiciones de reclusión, la discriminación y la falta de protección a sectores específicos. “El sistema de justicia carece de independencia e imparcialidad y es ineficiente”, señalan.

“Es fundamental, además, que el Estado muestre su respeto a la libertad de expresión y acepte la crítica y las opiniones disidentes tanto dentro como fuera de Venezuela, con miras a asegurar la protección y promoción de los derechos humanos de todos y todas, sin discriminación”, aseveran las organizaciones firmantes.

PREGUNTAS PENDIENTES

Para la sesión de mañana quedan pendientes las preguntas de seguimiento de siete miembros. Entre los cuestionamientos relatan lo relativo a La Tumba, lugar de reclusión ubicado en la sede del Sebin, el caso de la familia Barrios, de la cual existe una sentencia de la Cidh desde el año 2011 por la muerte de 10 integrantes, el resguardo a la comunidad LGBTI y la protección de los niños y adolescentes como prioridad para el Estado. Cabe destacar que varios miembros fueron específicos al solicitar presentar cifras y datos a la Fiscal.

El presidente, al observar la cantidad de miembros que querían participar en el debate de mañana, se mostró sorprendido, por lo que se espera que mañana se retome la discusión.