El “exilio” del dinero de la “burguesía” venezolana hacia España

Una sola de las compañías tiene empleados, según información que dispone el Registro Mercantil español.

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Crédito: El Mundo

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium) – La periodista Marisa Recuero publicó en el diario El Mundo que los llamados “bolichicos” se consolidan en España y entran en el mercado inmobiliario español.

Asimismo, precisó que la “burguesía venezolana” invierte su dinero en la nación europea y que la llegada de esta “se produjo en mayo de 2009”, cinco meses antes de que Derwick Associates de Venezuela obtuviera su primer contrato con el Gobierno venezolano, encabezado por el presidente Hugo Chávez.

Sostiene que Alejandro Betancourt López, su primo Pedro Trebbau López y su amigo Francisco D’Agostino Casado, concuñado de Luis Alfonso de Borbón, están radicados en España y agrega que son los propietarios de siete empresas inmobiliarias ubicadas en Madrid.

Manifiesta, además, que una sola de las compañías tiene empleados, según información que dispone el Registro Mercantil español.

“La primera empresa que uno de los bolichicos registró en España fue Tenoti Inmobilien, una promotora inmobiliaria cuyo administrador único es un venezolano que responde al nombre de José Alfredo Blanco y cuyos apoderados son Alejandro Betancourt y su madre Lilia Cristina López. Blanco es la persona que creó cada una de las empresas de estos jóvenes empresarios, según consta en el Registro Mercantil”, reseña el texto publicado por el diario español.

Igualmente, argumenta que las siete compañías que tienen en la nación ibérica “fueron registradas entre 2009 y 2012, coincidiendo con los años en los que Chávez adjudicó los 11 contratos. En marzo de 2010 crearon dos promotoras inmobiliarias: Guanabana Real State y Eiffel Real State, vinculadas a Betancourt y Trebbau, respectivamente”.

A CONTINUACIÓN EL TEXTO ÍNTEGRO PUBLICADO POR EL MEDIO:

Los bolichicos se consolidan en España. Así bautizaron en Venezuela a un grupo de jóvenes empresarios venezolanos que consiguió amasar una fortuna en el país bolivariano en apenas tres años -entre 2009 y 2011- y fueron denunciados en Estados Unidos por presuntos delitos de asociación ilícita, corrupción en el extranjero y fraude en transferencias, aunque un tribunal de Nueva York desestimó las acusaciones.

Alejandro Betancourt López, su primo Pedro Trebbau López y su amigo Francisco D’Agostino Casado -concuñado de Luis Alfonso de Borbón- viven hoy en España y son dueños de siete empresas inmobiliarias, domiciliadas en Madrid, donde sólo en una constan empleados, según los datos de los que dispone el Registro Mercantil.

Son también los propietarios de la lujosa finca El Castillo del Alamín -antigua propiedad de Gerardo Díaz Ferrán-, por la que pagaron 22.790.000 euros, en 2011, justo después de resultar adjudicatarios de la construcción de centrales eléctricas cuyo cometido era generar más de un 30% de la potencia eléctrica consumida en Venezuela.

Los bolichicos, clientes del bufete panameño Mossack Fonseca -vinculado al escándalo de sociedades offshore destapado en los llamados Papeles de Panamá- consiguieron 11 contratos, adjudicados por el Gobierno de Hugo Chávez, en la época de la crisis energética en el país venezolano, pese a no tener experiencia en el sector. La empresa Derwick Associates de Venezuela, participada al 50% por Betancourt y Trebbau, fue la ganadora de las adjudicaciones.

Aunque el valor de los contratos sigue siendo una incógnita, ya que nunca se difundieron cifras oficiales, fuentes conocedoras de estas operaciones, consultadas por este diario, estimaron el presupuesto total en el entorno de los 1.400 millones de dólares. O lo que es lo mismo, 1.237 millones de euros.

La información que consta en el Sistema Nacional de Contrataciones de Venezuela en relación a la citada empresa, sin domicilio comercial en el país bolivariano, confirma que Derwick Associates de Venezuela consiguió seis contratos de Electricidad de Caracas y cinco de Petróleos de Venezuela (PDVSA), con una experiencia de sólo un año en materia de servicios de ingeniería eléctrica. Es más, ninguno de los contratos está ejecutado al 100%. Hay algunos cuyo nivel de ejecución es de un 5% y un 8%.

El aterrizaje empresarial de los bolichicos en España se produjo en mayo de 2009, cinco meses antes de que Derwick consiguiera el primer contrato del Gobierno chavista. En concreto, un proyecto para Electricidad de Caracas, el 2 de octubre de 2009, fecha en la que el presidente de esta empresa pública era Javier Alvarado Ochoa -ocupó el cargo entre 2007 y 2010-, vinculado al presunto blanqueo de capitales que se investiga en Andorra y Suiza en relación a Banca Privada de Andorra (BPA). En esa época, el presidente de la petrolera PDVSA era Rafael Ramírez, actual embajador de Venezuela ante la ONU e investigado por el Parlamento venezolano por presuntas irregularidades en BPA.

La primera empresa que uno de los bolichicos registró en España fue Tenoti Inmobilien, una promotora inmobiliaria cuyo administrador único es un venezolano que responde al nombre de José Alfredo Blanco y cuyos apoderados son Alejandro Betancourt y su madre Lilia Cristina López. Blanco es la persona que creó cada una de las empresas de estos jóvenes empresarios, según consta en el Registro Mercantil.

Las siete empresas que poseen en España fueron registradas entre 2009 y 2012, coincidiendo con los años en los que Chávez adjudicó los 11 contratos. En marzo de 2010 crearon dos promotoras inmobiliarias: Guanabana Real State y Eiffel Real State, vinculadas a Betancourt y Trebbau, respectivamente.

En 2011, registran Derwick Associates International, empresa que usan para comprar la finca de Díaz Ferrán y que después pasan a llamar Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste. Este mismo año nace Jab International Projects y un año después registran New Field Investments.

Tomando como referencia los datos que obran en el Registro de la Propiedad, sólo cuatro de estas empresas tienen bienes inmuebles. En concreto, cinco viviendas y un garaje -bienes situados en el Barrio de Salamanca de Madrid-, además de la finca El Castillo del Alamín, cuya extensión es de 1.397,53 hectáreas ubicadas en Santa Cruz del Retamar (Toledo).

Estas empresas son Derwick Associates International, propietaria de la finca; Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste, dueña de una vivienda; Guanabana Real State, propietaria de dos viviendas y un garaje; y Eiffel Real State, con dos viviendas.

El ‘caso Marsans’

Un informe remitido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) en marzo de 2012, en relación a la compra de la finca de Díaz Ferrán -en prisión por un delito de blanqueo de capitales, entre otros-, dentro de la investigación del caso Marsans, advirtió de un «posible blanqueo» en la operación inmobiliaria realizada por los bolichicos en esta compra. La investigación a partir de este informe está parada.

La persona encargada de gestionar la operación fue Miguel Palomo Danko, hijo del que fuera torero Sebastián Palomo Linares. La comisión que cobró Palomo Danko por asesorar la compraventa de esta propiedad fueron 806.940 euros, según confirmaron a este diario fuentes conocedoras del pago.

Derwick Associates ganó la finca a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer -conocidos como los Albertos- en la subasta que el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid hizo del patrimonio de Gerardo Díaz Ferrán.

El Parlamento venezolano, ahora de mayoría opositora, quiere esclarecer a dónde fueron a parar los 32.000 millones de dólares que el Estado venezolano invirtió en el sector energético. En dos ocasiones, los bolichicos han sido denunciados en Estados Unidos por crear una presunta estructura de sobornos para lograr contratos millonarios.

Los denunciantes fueron el embajador estadounidense en Venezuela, Otto Reich, y el presidente de la Fundación de Derechos Humanos, el venezolano Thor Halvorssen. No obstante, conviene precisar que un tribunal de Nueva York desestimó las acusaciones contra los dueños de Derwick.

Este diario realizó la correspondiente diligencia informativa y se puso en contacto con los directivos de Derwick para conocer su valoración en relación a la expansión de sus empresas en el mercado inmobiliario español, así como los motivos por los que los contratos que les fueron adjudicados por Hugo Chávez no están ejecutados al 100%, según consta en el Sistema Nacional de Contrataciones de Venezuela. En concreto, EL MUNDO contactó con Lilia López, la madre de Betancourt, para poder acceder a su hijo. Sin embargo, al cierre de esta edición, Betancourt no había contestado.

A subasta por un mínimo de 17 millones

La compra de la finca El Castillo del Alamín, en Santa Cruz del Retamar (Toledo), fue la primera operación inmobiliaria millonaria que los bolichicos realizaron en España. Derwick Associates International pagó casi seis millones de euros más del precio mínimo que se marcó en la subasta de este inmueble. La finca formaba parte del patrimonio del ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán -en prisión por delitos de blanqueo de capitales, alzamiento y ocultación de bienes-. Era propiedad de una de las empresas del grupo Marsans, bautizada con el nombre de Pulpi.

El plan de liquidación de Pulpi, diseñado por los administradores concursales que nombró un juez, marcó como precio mínimo para comenzar la subasta de la finca 17 millones de euros. Los llamados bolichicos pagaron 22,7 millones por la propiedad. Derwick ganó en la subasta a los Albertos -Alberto Cortina y Alberto Alcocer-, que también pujaron por esta propiedad. En el momento de la venta de la finca, una de las personas que intervino en la misma fue Ángel de Cabo, también en prisión por los mismos delitos que Díaz Ferrán. El sumario del caso Marsans deja constancia de que el ex presidente de los empresarios españoles reclamó, en reiteradas ocasiones, los bienes muebles que quedaron dentro de la finca, pero nunca le fueron devueltos.

El destino de estos bienes sigue siendo una incógnita. Había trofeos de caza, un piano, ropa, cadenas de música, objetos decorativos, televisores y objetos de porcelana, entre adornos y utensilios de cocina. «La concursada procederá a retirar sus objetos personales», constaba en el plan de liquidación. Fuentes consultadas apuntan a De Cabo como la persona que retiró los bienes.