Este es el Proyecto de Ley para la Producción Nacional

Tenemos la inflación más alta del mundo y está destruyendo la capacidad de compra.

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium) – Los diputados de la oposición plantean ante la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional, que busca revertir cambios realizados recientemente por el presidente Nicolás Maduro y su gabinete.

A CONTINUACIÓN EL PROYECTO DE LEY:

PROYECTO DE LEY PARA LA ACTIVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Los venezolanos tienen derecho a tener una economía fuerte que les garantice acceso a los bienes necesarios para vivir de acuerdo a sus necesidades, aspiraciones y expectativas. Los venezolanos tienen derecho a ver fortalecido su poder adquisitivo y tener garantizado el acceso a los productos y servicios. Hoy en día este derecho está siendo vulnerado y eso no es justo. El reto que está planteado en Venezuela es lograr acabar con la angustia del no me alcanza y no consigo. Para lograr esto debemos cambiar la importación indiscriminada por parte del gobierno nacional de productos terminados por materia prima que permita activar y fortalecer la producción nacional.

En Venezuela hay una crisis económica y eso es un hecho. Se trata de la crisis más profunda desde el siglo XIX. Hay dos señales claras de cómo la crisis afecta a los venezolanos: Inflación y escasez.

Tenemos la inflación más alta del mundo y está destruyendo la capacidad de compra de las familias venezolanas. Tenemos cada vez más escasez de productos básicos y eso se traduce en angustia que golpea todos los días a los venezolanos. La angustia que produce no conseguir medicinas básicas, alimentos esenciales o productos de higiene personal. La combinación de inflación y escasez está condenando a los venezolanos que dependen de su salario para vivir, a la pobreza como destino inevitable.

La crisis es consecuencia de la aplicación de un modelo económico que ha fracasado y los hechos lo demuestran. Se decidió privilegiar las importaciones sobre la producción nacional y quedó claro que fue un error, porque se destruyó la producción nacional. Se decidió que las relaciones entre el estado y el esfuerzo privado estarían basadas en el intervencionismo y control y quedó claro que fue un error, porque el resultado ha sido trabas y frenos al esfuerzo privado. Se decidió expropiar, intervenir y acumular en manos del estado la propiedad de gran cantidad de empresas y quedó claro que fue un error, porque la mayoría de las empresas de las que se apoderó el gobierno no están produciendo. El modelo económico fracasó porque ahora producimos menos, se debilitó nuestra capacidad agrícola y se obligó a quebrar a muchas empresas. Venezuela necesita un modelo que haga fuerte su economía.

Otra evidencia del fracaso del modelo económico que debe ser mejorado, es que durante muchos años, de inmensos ingresos petroleros (los más grandes de la historia), Venezuela no ahorró y ahora que los precios del petróleo han bajado, los venezolanos están sufriendo las consecuencias de un modelo irresponsable que no se preparó para los tiempos que estamos viviendo. Un claro ejemplo de esto es que el Fondo de Estabilización Macroeconómica apenas tiene tres millones de dólares, después de que el país recibió un millón de millones de dólares en los últimos 16 años.

Está claro que hay que cambiar el modelo. Lo justo es fortalecer nuestra economía, activando al máximo la producción nacional. Es necesario crear las condiciones políticas y económicas para el desarrollo de un nuevo modelo económico que garantice a los venezolanos su derecho a tener poder adquisitivo y acceso a bienes y servicios. Necesitamos un nuevo modelo económico que logre vencer la inflación y derrotar la escasez. No es un reto sencillo. Es tiempo de empezar a actuar.

El modelo que fracasó es responsabilidad del gobierno nacional y es necesario que el gobierno entienda que si continuamos haciendo las cosas mal, tendremos más problemas y menos soluciones. Los venezolanos tienen derecho a ser parte de un modelo que haga fuerte nuestra economía, mejore el poder adquisitivo y ngarantice abastecimiento para todos los venezolanos.

Para tener un modelo económico que funcione, es necesaria participación y el esfuerzo de todos. Debemos entender que es necesario cambiar lo que no ha funcionado y avanzar en la construcción de un nuevo modelo. Desde la Asamblea Nacional estamos comprometidos con los venezolanos. Consideramos urgente la aprobación de una Ley que permita avanzar en el desarrollo de soluciones y crear las condiciones necesarias para activar y fortalecer la producción nacional.

Es tiempo de hablar menos y actuar más. El fortalecimiento de la economía venezolana necesita del trabajo conjunto entre el Estado y el esfuerzo privado como ordena nuestra Constitución Nacional en su
artículo 299. Todos debemos estar sinceramente comprometidos con la justicia social, la democracia y la libre competencia. El Estado debe trabajar de forma conjunta con el esfuerzo privado para generar empleo, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país. Para hacer esto posible, debemos importar menos y producir más.

El poder legislativo, en el marco de sus atribuciones, consciente de la crisis económica que agobia al país y comprometido con el bienestar de los venezolanos, presenta La Ley Para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional con el objetivo firme de iniciar un proceso de activación de la producción de bienes y servicios en Venezuela que ayude a solucionar los problemas de inflación y escasez que afectan tan gravemente a los venezolanos.

También es nuestro deber hacer un llamado al gobierno nacional, para que atienda el mandato del artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cree las condiciones económicas para la activación de la economía venezolana, en especial la necesaria estabilidad macroeconómica y el trabajo conjunto, sincero y responsable entre Estado y esfuerzo privado para activar y fortalecer la producción nacional.

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta La siguiente, Ley Para La Activación y Fortalecimiento De La Producción Nacional

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Objeto

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto promover la producción nacional de bienes y servicios para generar ahorro en divisas, contribuyendo de esa forma a la reactivación del aparato productivo nacional, la creación de nuevas fuentes de empleo y de ingresos de divisas al país.

Ámbito de aplicación Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley, así como las que se establezcan en los reglamentos y demás instrumentos normativos que se dicten en desarrollo de las mismas, serán de obligatoria aplicación para todas las personas naturales o jurídicas vinculadas al desarrollo de procesos productivos de bienes y servicios.

CAPÍTULO II

DE LOS RÉGIMENES ESPECIALES

Del régimen especial de permisos sanitarios para productos previamente autorizados.

Artículo 3. Con el propósito de agilizar la producción de bienes sujetos al régimen de permisos sanitarios otorgados por los diferentes órganos y entes del Poder Público con competencia en esta materia, se implementará un régimen de control posterior sobre las modificaciones que se verifiquen en el registro sanitario referidas a: nombre y marca del producto; denominación comercial, domicilio y dirección del fabricante y envasador, cuando sean éstas personas distintas; ingredientes que componen el producto; naturaleza de los materiales empleados en la manufactura de los envases o envoltorios; y, en general, toda modificación en el rotulado previamente autorizado. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, respecto a estas modificaciones, aplicará el procedimiento de simple carga de notificación a la autoridad competente, en lugar del requerimiento de autorización previa y expresa, de manera que el cumplimiento de esa carga de notificación habilite inmediatamente a introducir las modificaciones objeto de notificación y a comenzar a comercializar el bien de que se trate de manera inmediata.

A tales efectos, el interesado dirigirá comunicación escrita a la autoridad competente informando de la totalidad de los cambios realizados sobre el producto, o en el rotulado del mismo, en la que notificará el alcance de tales modificaciones.

Una vez realizada tal notificación, podrán implementarse las modificaciones en el producto o en su rotulado, sin perjuicio que la autoridad competente realice un control posterior sobre las mismas, en un lapso de treinta (30) días hábiles, formulando a tal efecto las observaciones correspondientes, las cuales serán obligatoriamente observadas por el interesado.

Del régimen de permisos con renovación especial Artículo 4. A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, se concede una extensión automática del periodo de vigencia de los permisos, autorizaciones, habilitaciones y demás recaudos especiales, que se enumeran a continuación:

1. Solvencia laboral.

2. Inscripción Registro Único de Personas que Realizan Actividades
Económicas(RUPDAE).

3. Inscripción ante el Registro Único Obligatoria Permanente de
Productores y Productoras Agrícolas (RUNOPPA).

4. Conformidad de uso.

5. Permiso de bomberos.

6. Licencia de actividades económicas.

7. Licencia de operación de actividades especiales.8. Códigos de productos envasados.

Cuando se trate de cualesquiera otros permisos, autorizaciones, habilitaciones y demás trámites especiales no previstos expresamente en este artículo, se procederá igualmente a renovar de manera automática su vigencia a partir de la notificación que el interesado presente ante el órgano o ente competente, correspondiéndole en todo caso al funcionario negar de manera expresa esa extensión, sin lo cual el correspondiente permiso, autorización, habilitación y demás recaudos especiales no perderá vigencia.

Del régimen especial del Impuesto sobre la Renta Artículo 5. A los fines de incentivar la inversión asociada a la producción nacional, se establece una disminución especial del monto a pagar por concepto de impuesto sobre la renta, del treinta por ciento (30%) del monto de las nuevas inversiones realizadas por personas naturales o jurídicas, que aumenten la producción o la capacidad productiva nacional de bienes y servicios, en actividades, productivas, agrícolas, pecuarias, pesqueras o piscícolas, industriales, agroindustriales, construcción, electricidad, ciencia y tecnología. Esta disminución especial se concederá por los cuatro (4) años siguientes, contados a partir del momento de entrada en vigencia de la presente ley, prorrogables otros cuatro (4) años.

En el caso que la inversión se traduzca en la adquisición, construcción o instalación de un activo fijo, el régimen especial establecido en este artículo sólo se concederá en aquellos ejercicios en los cuales los activos fijos adquiridos, construidos o instalados para los fines señalados en este artículo, estén efectiva y directamente incorporados a la producción de la renta.

En los demás casos establecidos en este artículo, la disminución se concederá en el ejercicio en el cual se realice efectivamente la inversión.

Parágrafo Primero: El monto de las inversiones señaladas en este artículo, serán determinadas deduciendo del costo de los nuevos activos fijos incorporados a la producción de la renta, los retiros, las amortizaciones y las depreciaciones hechas en el ejercicio anual sobre tales activos. Los retiros de activos fijos por causas no fortuitas ni de fuerza mayor que se efectúen por el contribuyente dentro de los cuatro años siguientes al ejercicio en que se incorporen, darán lugar a reparos o pagos de impuestos para el año en que se retiren, calculados sobre la base de los costos netos de los activos retirados para el ejercicio en que se incorporaron a la producción de la renta.

Artículo 6. Las disminuciones especiales a que se refiere el artículo anterior podrán traspasarse hasta los tres (3) ejercicios anuales siguientes, ajustando su valor de acuerdo al índice inflacionario que se genere año a año.

Del régimen especial de los procesos de importación.

Artículo 7. A los fines de promover e incentivar la producción nacional de bienes y servicios, los organismos del estado competentes en materia de autorización de acceso a divisas deberán dar preferencia a las autorizaciones asociadas a la importación de materias primas e insumos, sobre aquellas autorizaciones asociadas a la importación de producto terminado.

Artículo 8. A los fines de simplificar los procesos de importación de materia prima e insumos necesarios para favorecer la producción nacional de bienes y servicios, se establece un régimen en especial extensión de la vigencia y exigibilidad de los certificados de no producción nacional o producción nacional insuficiente.

Como consecuencia de lo anterior, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se extiende de manera automática y por un periodo de doce (12) meses, el lapso de vigencia de los certificados de no producción nacional o producción nacional insuficiente.

Asimismo, luego de la entrada en vigencia de la presente ley, en caso de que la autoridad administrativa competente haya emitido en los últimos dos (2) años más de un (1) certificado de no producción nacional o producción nacional insuficiente sobre determinado producto o materia prima, el órgano o ente encargado de autorizar la importación deberá presumir que no existe producción nacional de ese rubro, correspondiéndole la carga de desvirtuar ese supuesto.

A tales efectos, las personas jurídicas del sector privado interesadas en la obtención de las correspondientes Autorización para la Adquisición de Divisas (AAD), podrá consignar ante el CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX), copia simple de (02) certificados de no producción nacional o producción nacional insuficiente que hayan sido otorgados en los dos (02) últimos años, con independencia de que los mismos hayan sido otorgados a favor de persona jurídica distinta al solicitante.

Artículo 9. Desde la entrada en vigencia de la presente ley, se extenderá el periodo de validez o vigencia de los permisos, autorizaciones, habilitaciones y demás recaudos especiales emitidos por los diferentes órganos y entes de la Administración Pública como elementos necesarios previo para la obtención de la Autorización para la Adquisición de Divisas (AAD), o de cualquier otro requisito necesario para la importación de bienes y servicios.

A tales fines, la extensión de la validez o vigencia de lospermisos, autorizaciones, habilitaciones y demás recaudos se realizará de manera automática por el mismo periodo por el cual fueron emitidos, computado a partir del término de su validez o vigencia.

En todo caso, el órgano o ente de la Administración Pública competente conservará su competencia de fiscalización o inspección para comprobar en todo momento que el interesado cumple cabalmente con los requisitos o recaudos necesarios para la vigencia de los permisos, autorizaciones, habilitaciones y demás recaudos.

Artículo 10. Con el objeto de reactivar el flujo de materias primas, insumos y repuestos importados para su procesamiento por la industria nacional, los organismos del estado competentes en materia de autorización de acceso a divisas dispondrán de un plazo no mayor a quince (15) días, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, para presentar un Plan de Refinanciamiento de las deudas contraídas con proveedores internacionales consecuencia de las Autorizaciones de Adquisición de Divisas (AAD) ya otorgadas y no liquidadas.

Los organismos del estado competentes en la materia podrán, en acuerdo con los titulares de las Autorizaciones de Adquisición de Divisas(AAD) otorgadas y no liquidadas, ofrecer diversas modalidades para el refinanciamiento de las deudas mencionadas.

Del régimen especial de utilización de divisas para el incremento de la producción nacional.

Artículo 11. Todas las personas naturales o jurídicas, que realicen exportación de bienes y servicios, podrán acogerse al siguiente régimen especial de utilización de divisas para el incremento de la producción nacional.

El ámbito de este régimen especial serán todos los bienes y servicios que se produzcan en el territorio nacional, quedando excluidos únicamente los productos de la cesta básica y otros productos indispensables para la vida digna, la salud, la seguridad y la paz social, cuyo Precio Justo haya sido expresamente fijado por el Ejecutivo Nacional, a través de la

SUPERINTENDENCIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE).

Bajo el presente régimen especial todas las personas naturales y jurídicas podrán retener hasta el cien por ciento (100%) de los ingresos que perciban en divisas, en razón de las exportaciones realizadas, siempre y cuanto tales ingresos si dirijan únicamente a la compra de materias primas, insumos, repuestos, maquinaria u otros elementos vinculados al proceso de producción y, en general, para cubrir los gastos incurridos en virtud de la actividad productora y exportadora.

El valor calculado para la exportación de bienes y servicios, será la tasa más alta vigente en el mercado oficial.

Aquellas personas naturales y jurídicas que no se acojan al régimen especial establecido en este artículo les será aplicable el régimen cambiario vigente.

Artículo 12. A los fines de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el régimen especial de utilización de divisas para el incremento de la producción nacional, previsto en el artículo anterior, las personas naturales o jurídicas que realice esa actividad deberán presentar cada seis (06) meses una rendición de cuenta ante el CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX), de acuerdo con las formalidades y requisitos que serán establecidas en las normas que fije el referido Centro.

En el supuesto que de la información presentada se desprenda que los ingresos no han sido destinados por el exportador a las actividades indicadas en el artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en la LEY DE ILÍCITOS CAMBIARIOS.

Del régimen especial de precios.

Artículo 13. Con el objeto de estimular la producción nacional, los precios fijados por la SUPERINTENDENCIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE), a través de providencia, podrán ser modificados por los productores cada dos (2) meses, aplicando el método de ajuste de precio descrito en los artículos siguientes, sometido a la revisión posterior por parte de esa Superintendencia.

Artículo 14. A los fines de cumplir con el mecanismo especial de ajuste de precio previsto en el artículo anterior, el interesado deberá dirigir comunicación escrita a través de la cual informe a la SUPERINTENDENCIA
PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE) el precio establecido para los bienes y servicios, acompañado con la estructura de costos y gastos.

En todo caso, dicho precio será determinado en función de las normas vigentes sobre criterios contables sobre los costos y gastos; y los márgenes de ganancias reconocidos en la Ley Orgánica de Precios Justos.

En aquellos casos en que se determine que el interesado utilizó criterios distintos a los fijados por las normas vigentes sobre criterios contables establecidos por SUPERINTENDENCIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE), para justificar el incremento de precio a través del sistema de notificación, será sancionado según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Precios Justos.

CAPÍTULO III

DE LA ACTIVACION DE LAS EMPRESAS Y DE LAS DEMAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO

De la Comisión Especial para la activación y fortalecimiento de la producción nacional.

Artículo 15. La Asamblea Nacional creará una Comisión Especial con el
objeto de:

1. Activar la producción e impulsar el fortalecimiento de la misma.

2. Propender a la soberanía productiva del país que asegure la plena satisfacción de las necesidades de la población.

3. Garantizar la estabilidad de las fuentes de empleo productivo.

4. Verificar que el aprovechamiento de los regímenes especiales previstos en esta Ley se han traducido efectivamente en una mejora de la producción nacional.

5. Verificar la gestión operativa y financiera de las empresas, tierras, bienes, plantas de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva, que haya sido adquiridas por el Estado o que en el pasado han sido objeto de alguna medida coactiva de privación de la propiedad o de control sobre la administración por parte de cualquier órgano o ente de la Administración Pública Nacional, Estadal o Municipal.

6. Ordenar al Ejecutivo Nacional la asignación de derechos de gestión y administración a personas naturales y jurídicas del derecho privado de las empresas, tierras, bienes, plantas de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva, que haya sido adquiridas por el Estado o que en el pasado han sido objeto de alguna medida coactiva de privación de la propiedad o de control sobre la administración por parte de cualquier órgano o ente de la Administración Pública Nacional, Estadal o Municipal.

Artículo 16. La Comisión Especial para la activación y fortalecimiento de la producción nacional de la Asamblea Nacional, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16, numeral 5 de esta Ley, deberá consultar con:

1. Representantes de los trabajadores de empresas, tierras, bienes, plantas de producción o cualquier otro , activo o unidad productiva, que haya sido adquiridas por el Estado o que en el pasado han sido objeto de alguna medida coactiva de privación de la propiedad o de control sobre la administración por parte de cualquier órgano o ente de la Administración Pública Nacional, Estadal o Municipal, sujetos de esta Ley.

2. Representantes de las empresas, tierras, bienes, plantas de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva, que haya sido adquiridas por el Estado o que en el pasado han sido objeto de alguna medida coactiva de privación de la propiedad o de control sobre la administración por parte de cualquier órgano o ente de la Administración Pública Nacional, Estadal o Municipal, sujetos de esta Ley.

3. Representantes de los consumidores y usuarios.

4. Representantes de las universidades

5. Representantes de la Contraloría Nacional de la República.

6. Los ministros con competencia en las materias correspondientes a los ámbitos de gestión de empresas, tierras, bienes, plantas de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva, que haya sido adquiridas por el Estado o que en el pasado han sido objeto de alguna medida coactiva de privación de la propiedad o de control sobre la administración por parte de cualquier órgano o ente de la Administración Pública Nacional, Estadal o Municipal, sujetos de esta Ley.

De las verificaciones.

Artículo 17. La Comisión Especial para la activación y fortalecimiento de la producción nacional llevará a cabo una investigación en las empresas, tierras de producción agrícola, bienes, infraestructuras, activos industriales, plantas de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva, que haya sido adquiridas por el Estado o que en el pasado han
sido objeto de alguna medida coactiva de privación de la propiedad o de control sobre la administración por parte de cualquier órgano o ente de la Administración Pública Nacional, Estadal o Municipal, con el propósito de verificar, entre otros aspectos, los siguientes:

1. Fecha en la cual se produjo la adquisición por parte del Estado o se adoptó la medida coactiva de privación de la propiedad o de control sobre la administración de la cual hayan sido objeto, con identificación de la medida específica que haya sido adoptada y del fundamento de la misma;

2. Identificación del ente u órgano del Poder Público, incluyendo empresas estatales o mixtas, a los cuales se haya atribuido su gestión, luego de la adopción de la medida de que se trate;

3. Determinación y certificación de la capacidad productiva con que cuentan, estados financieros y del nivel de operatividad que presentan al momento de la verificación;

4. Determinación y certificación del nivel de producción y estados financieros con el cual contaba antes de la adopción de la medida coactiva de privación de la propiedad, o de control sobre la administración;

5. Verificación y auditoria de las compras nacionales e internacionales de sus materias primas, insumos, maquinarias, repuestos y servicios desde que fueron adquiridas por el Estado o u objeto de alguna medida coactiva de privación de la propiedad o de control sobre la administración por parte de cualquier órgano o ente de la Administración Pública Nacional, Estadal o Municipal;

6. Identificación de los principales problemas que enfrenta en su proceso productivo;

La comisión hará constar los resultados de su investigación en un Informe, el cual será discutido y aprobado en la Plenaria de la Asamblea Nacional

Artículo 18.­ En caso que la Comisión determine que alguna empresa, tierras de producción agrícola, bienes, infraestructuras, activos industriales, planta de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva de los que hayan sido evaluados conforme al artículo 17 de esta Ley, haya incrementado o mantenido sus niveles de producción respecto de aquellos con los cuales contaba en los doce (12) meses previos al momento en el cual se adoptó la medida de que se trate, el Informe correspondiente ordenará que la gestión de las mismas se mantenga en manos del órgano o ente del Poder Público al cual le haya sido atribuida, así como que se mantenga un monitoreo constante del desempeño y niveles de producción de acuerdo con lo establecido en el artículo de esta ley.

Artículo 19.­ En caso que la Comisión determine que alguna empresa, tierras de producción agrícola,bienes, infraestructuras, activos industriales, planta de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva de los que hayan sido evaluados conforme al artículo 17 de esta Ley, se encuentre total o parcialmente inactiva o haya decrecido sus niveles de producción respecto de aquellos con los cuales contaba en los doce (12) meses previos al momento en el cual se adoptó la medida de que se trate, ordenará al Ejecutivo Nacional en el Informe correspondiente la adopción de la siguiente medida para la pronta reactivación de la producción nacional, el otorgamiento a un tercero del derecho a gestionar la empresa, tierra de producción agrícola, bienes, infraestructuras, activos industriales, planta de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva de que se trate, aplicando un procedimiento de selección público, expedito y competitivo que garantice rapidez en la reactivación productiva y la verificación de que el interesado cuenta con la capacidad financiera y experiencia necesarias para alcanzar esos fines.

Al término del lapso por el cual se le otorgue ese derecho de gestión, se le dará la posibilidad al interesado de adquirir la titularidad del derecho de propiedad de la empresa, tierra de producción agrícola, bienes, infraestructuras, activos industriales, planta de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva de que se trate, una vez se haya resuelto jurídicamente lo atinente a la privación coactiva de la propiedad de la cual haya sido objeto la persona natural o jurídica que la ostentaba antes de su asunción por parte del Estado.

Parágrafo Primero: La adopción de cualesquiera de la medida indicada en el presente artículo, vendrá acompañada de la imposición expresa, en el instrumento en el cual se adopte o en cualquier otro instrumento vinculante para el interesado, de la obligación de alcanzar determinados niveles de producción en un período específico, así como del sometimiento de su gestión y desempeño a un proceso constante de evaluación y seguimiento que permita determinar la consecución efectiva de los objetivos establecidos.

Parágrafo Segundo: Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la medida prevista en este artículo, las empresas, bienes, activos productivos e infraestructuras destinadas a prestar servicios o al desarrollo de actividades en el sector eléctrico, en el sector telecomunicaciones, financiero y en el sector de suministro del servicio domiciliario de agua potable, así como en cualquier otro sector de actividad que haya sido reservado formalmente y mediante la Ley Orgánica respectiva a la República, en los términos establecidos en el artículo 302 de la Constitución.

De las potestades de control del Ejecutivo Nacional.

Artículo 20. Sin perjuicio de lo previsto en esta Ley, el Ejecutivo Nacional a través de sus órganos competentes aplicará las facultades de fiscalización previstas en la normativa vigente respecto a la actividad productiva nacional.

CAPÍTULO IV

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTA LEY

De los Planes de Desarrollo Tecnológico.
Artículo 21. Luego de la entrada en vigencia la presente Ley, los sujetos vinculados a los procesos productivos de bienes y servicios, deberán presentar, en un plazo no mayor a cuatro (4) meses, ante la Comisión Especial para la activación y fortalecimiento de la producción nacional de la Asamblea Nacional un Plan de Desarrollo Tecnológico en alianza con Instituciones de Educación Superior, Institutos de Investigación y otras organizaciones académicas.

Artículo 22. Los Planes de Desarrollo Tecnológico referidos en el artículo anterior, tendrán por objeto innovar los procesos productivos nacionales a través de nueva tecnología que permita la generación de mayores volúmenes de bienes y servicios, al mismo tiempo que se reduzca los costos de los procesos asociados a estos.

De los Planes de Capacitación para Trabajadores.

Artículo 23. Luego de la entrada en vigencia la presente Ley, los sujetos vinculados a los procesos productivos de bienes y servicios, deberán presentar, en un plazo no mayor a cuatro (4) meses, ante la Comisión Especial para la activación y fortalecimiento de la producción nacional de la Asamblea Nacional un Plan de Capacitación para Trabajadores en
alianza con Instituciones de Educación Superior, Institutos Universitarios, el INCES y cualquier otro instituto de capacitación técnica a nivel nacional

Artículo 24. Los Planes de Capacitación para Trabajadores referidos en el artículo anterior, tendrán por objeto instruir a los trabajadores en materias específicas que permitan optimizar los procesos de productivos asociados a los beneficiarios, a través de programas educativos.

CAPÍTULO V

DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRANSPARENCIA

Información sobre la actividad de los órganos o entes del Poder Público.
Artículo 25. Los órganos o entes del Poder Público publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, relevante para la actividad económica pública y privada.

Publicación en las páginas web.
Artículo 26. La información sujeta a las obligaciones de transparencia previstas en el este capítulo, será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web de los sujetos obligados, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables.

Información institucional, organizativa y de planificación.

Artículo 27. Los sujetos obligados al Régimen de Transparencia, deberán publicar la información institucional, organizativa y de planificación que se especifica a continuación:

1. Información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa
que le sea aplicable, así como su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos, su perfil y trayectoria profesional.

2. Toda la información correspondiente a los trámites, procedimientos y solicitudes que pueden realizarse ante ese órgano o ente, la identificación y explicación detallada de los procedimientos que han de seguirse a tales fines, así como los distintos formatos o formularios que deben emplearse para ello.

3. Identificación de los mecanismos y formalidades que deben cumplirse para la presentación de solicitudes denuncias, quejas y reclamos por parte del público en general, con relación a las acciones u omisiones del sujeto obligado.

4. Información detallada acerca de los mecanismos o procedimientos a través de los cuales el público en general pueda participar en la formulación de propuestas, soluciones y políticas concretas dentro del ámbito de competencia del sujeto obligado.

5. Informe mensual de todas las solicitudes, denuncias, planteamientos presentados por las personas, con expresa indicación de los tiempos de respuesta por parte del sujeto obligado.

6. Los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. El grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración.

7. Todas las leyes, reglamentos y normas generales de contenido normativo, instrucciones, manuales, lineamientos que resulten aplicables para el ejercicio de las funciones y competencias que legalmente le han sido atribuidas.

Información de relevancia jurídica Artículo 28. Los órganos y entidades obligados al Régimen de Transparencia, dentro del ámbito de su competencia deberán publicar la siguiente información:

1. Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a Consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos.

2. Los proyectos de Ley, de Reglamentos y, en general, de los actos administrativos generales de contenido normativo que contengan alguna regulación sectorial en las materias afines con su ámbito de las funciones y competencia que le han sido asignadas. Esa publicación deberá realizarse con anterioridad al inicio del proceso de consulta pública previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

3. Los documentos, informes, observaciones, comentarios y propuestas
realizadas por los ciudadanos durante el proceso de consulta pública de los actos de contenido normativo regulado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

4. Los documentos que, conforme a la legislación vigente, deban ser sometidos anun período de información pública durante su tramitación.

Información económica, presupuestaria y estadística.

Artículo 29. Con el propósito de garantizar la vigencia de los principios transparencia y contraloría social sobre la gestión de los obligados al Régimen de Transparencia, éstos deberán hacer pública la información de sus actuaciones con repercusión económica y presupuesta que se indica a continuación:

1. Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de procedimiento de selección de contratista y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de rescisión de los contratos, y todas aquellas relacionados con la validez de los mismos. Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

2. Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

3. Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoria de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan.

4. Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley. Igualmente, se hará pública las declaraciones juradas de patrimonio presentadas al inicio y al finalizar la gestión de los altos cargos y máximos responsables de los sujetos obligados. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.

5. La información estadística necesaria para valorar el grado decumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de competencia de lossujetos obligados, en los casos en que resulte aplicable.

6. Los sujetos obligados la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.

Información particular de las sociedades mercantiles públicas Artículo 30. Las sociedades mercantiles públicas, las unidades productivas afectadas por el Estado, así como las que sean objeto del régimen de concesión al que se refiere esta Ley, deberán hacer pública mensualmente la información relacionada con los niveles de producción, metas propuestas y alcanzadas, estado financiero y, definitiva, toda la información necesaria para conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en el desarrollo de su actividad a lo largo de ese periodo.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS

Orden Público Artículo 31. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, y se aplicarán con preferencia a cualquier otra del mismo rango.

Artículo 32. Con el propósito de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legitima necesarias para incrementar la inversión y la producción en el marco del Estado de Derecho, se establece que la expropiación procederá únicamente como medida extraordinaria según lo establecido en el artículo 115 de la Constitución y de conformidad a los supuestos previstos en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, en estricto cumplimiento al procedimiento previsto en la misma. Se derogan las normas previstas en la legislación vigente que establezcan la ocupación temporal indefinida y la expropiación como sanción, así como cualquier otra disposición que distorsione el uso de la potestad expropiatoria.

Derogatoria.

Artículo 33. Se derogan todas las Normas que colidan con lo dispuesto en la presente Ley.

Vigencia. Publicación en Gaceta Oficial.
Artículo 34. La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.