El viacrucis de Manuel Rosales por un “juicio político”

El posible retorno del dirigente, quien anunciará el próximo jueves si abandona el exilio para regresar a las calles de Venezuela, ha abierto el debate sobre el procedimiento judicial que deberá enfrentar Rosales a su vuelta.

El viacrucis de Manuel Rosales por un “juicio político”Crédito: AP Images.
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(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium) – De acuerdo con Magaly Vásquez, abogada del exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, el caso del dirigente “es muy fácil de rebatir”, porque desde el punto de vista jurídico “tiene muchas inconsistencias”. Así lo explicó la jurista al diario La Verdad, y precisó que el procedimiento que hay en contra de su defendido hay que llamarlo por su nombre: un juicio político.

El posible retorno del dirigente, quien anunciará el próximo jueves si abandona el exilio para regresar a las calles de Venezuela, ha abierto el debate sobre el procedimiento judicial que deberá enfrentar Rosales a su vuelta.

Sobre su caso, Vásquez considera que las declaraciones de José Luis Pirela y Eladio Aponte Aponte, quienes aceptaron que el caso de Rosales fue un montaje del Gobierno nacional, son un argumento suficiente para que la orden de aprehensión no se ejecute.

EL INICIO

Reseña el diario zuliano, el 13 de septiembre de 2004, la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público (MP) solicitó una investigación contra Manuel Rosales tras recibir una denuncia que llevó a cabo el entonces dirigente chavista José Luis Pirela.

El 18 de enero de 2006 la Fiscalía decretó el archivo fiscal, por considerar que “no había sido posible determinar ilícitos penales, que comprometan la responsabilidad de Rosales y por consiguiente instaurar una Acusación Penal” en su contra.

El 20 de agosto de 2007, el MP dictó orden de reabrir el caso en contra del dirigente zuliano.

El 12 de octubre de 2008, Hugo Chávez, expresidente, lo acusó públicamente de desviar los recursos públicos para otros fines: “Voy a meter preso a Manuel Rosales, lo voy a desaparecer del mapa político venezolano, a ese desgraciado lo meto preso”.

El 31 de octubre de 2008 la vicefiscal de la Fiscalía General de la República remitió el expediente de verificación de la declaración jurada de patrimonio de Rosales, hecho por la Contraloría General de la República, a la Fiscalía Undécima del MP.

Esta era la misma investigación iniciada en el año 2004, donde se había probado que no había indicios ni irregularidades en las actuaciones fiscales. Para esa misma fecha, Hugo Chávez anunció la “Misión Rosales va preso”.

LAS ACUSACIONES

De acuerdo con La Verdad, el 11 de diciembre de 2008, el MP procedió a la imputación por enriquecimiento ilícito. El mismo MP lo acusó por ese delito el 19 de marzo de 2009 ante el Tribunal 6º de Control del Zulia. Al día siguiente solicitó al Tribunal Supremo que, para evitar que se alterara este proceso judicial en el Zulia, donde el dirigente tenía un piso político importante, se radicara la causa, solicitud aceptada tres días después, radicándose en el Tribunal 19º de Control del área metropolitana de Caracas.

La audiencia preliminar fue fijada para el 20 de abril. En ella debía determinarse si se aceptaba la denuncia interpuesta, así como la decisión en cuanto a las medidas de privativa de libertad y prohibición de salida del país, ambas solicitadas también por la fiscal.

Esa audiencia nunca se llevó a cabo porque Manuel Rosales se fue al exilio y el 27 de abril de 2009 el Gobierno de Perú le otorgó asilo territorial.

El 25 de mayo de 2010, fue publicado en Gaceta Oficial la resolución emanada del Contralor General de la república, mediante la cual se sancionaba a Rosales con la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 12 meses, con fundamento al incumplimiento de la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio correspondiente al cese de sus funciones como gobernador del Zulia en diciembre de 2008, ingreso al ejercicio de sus funciones como alcalde de Maracaibo en diciembre de 2008 y cese de sus funciones como ejecutivo municipal en mayo de 2009.

Luego, frente a la convocatoria a elecciones parlamentarias anunciadas por el CNE para diciembre de 2015 y ante el anuncio de la posible postulación de Rosales para encabezar la lista por el estado Zulia, se difundió una nueva inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un lapso de siete años y seis meses.

OTRAS ACCIONES

El Gobierno venezolano solicitó a la Interpol la captura de Rosales. El 30 de abril de 2010 la comisión que tomó el caso concluyó que “en vista de todos los datos del expediente, existían dudas respecto a el tratamiento de la información sobre Rosales en conforme a las normas de la organización.

El 20 de agosto de 2012, la Comisión informó que Interpol retiró de su sitio web el extracto de la notificación roja publicada sobre Manuel Rosales, pues determinaron que las actuaciones contra el dirigente opositor tenían un carácter predominantemente político, y por consecuencia no entraban en el ámbito de aplicación del artículo 3 de la Constitución de Interpol.

Posteriormente, el exmagistrado Eladio Aponte Aponte hizo en 2012 una declaración jurada donde confesó que se prestó para montar una maniobra a fin de enjuiciar injustamente a Rosales.

Adicionalmente, José Luis Pirela, quien solicitó una investigación contra Rosales, confesó ante diversas instancias las presiones que recibió del exmagistrado Aponte Aponte para fraguar el fraudulento proceso penal. “Todo fue un plan orquestado para liquidar políticamente a Manuel Rosales a través del linchamiento judicial”, sentenció.

Categoría: Venezuela | Claves: Manuel Rosales