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Es inaceptable utilizar los datos fiscales de los políticos como arma arrojadiza

Los 369.000 euros cobrados por Aguirre de la empresa privada Seeliger & Conde como cazatalentos vuelven a poner el foco en las puertas giratorias entre la política y la empresa privada.

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Editorial El Mundo).- La filtración de algunos datos fiscales de Esperanza Aguirre a tres días de las elecciones ha vuelto a poner entre las cuerdas a la Agencia Tributaria, que ayer se apresuró a abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido. Hace bien la candidata a la alcaldía de Madrid al pedir a la Fiscalía General del Estado que investigue quién ha filtrado los datos de su declaración de la renta y no arremeter contra InfoLibre, el medio de comunicación que en su ejercicio del derecho a informar ha decidido publicar la información.

También hizo bien el Ministerio de Hacienda al apresurarse a anunciar la apertura de una investigación para aclarar lo ocurrido. En un país serio, que quiere ofrecer seguridad jurídica a los ciudadanos e inversores, es inaceptable el uso de este tipo de datos confidenciales como arma arrojadiza política. Otra cosa es que en este momento de imprescindible regeneración democrática sea oportuno abrir el debate sobre la conveniencia de que los candidatos a cargos públicos estén obligados a someterse a una mayor transparencia haciendo públicas sus declaraciones de la renta.

La filtración de los datos fiscales de Aguirre nos deja muchas incógnitas que deberán ser aclaradas. A diferencia de los casos de Monedero o Rodrigo Rato, en los que se filtraron unos datos de personas que estaban siendo investigadas (con lo que sus datos fiscales habían sido consultados por varias fuentes), en esta ocasión, la información facilitada a la prensa es de una contribuyente sobre la que no se está efectuando ninguna pesquisa.

Sólo sus adversarios políticos llevaban días reclamando a Aguirre que hiciera pública su declaración de la renta. La investigación abierta por Hacienda deberá aclarar qué ha ocurrido. Si esa información ha salido de la Agencia Tributaria, la investigación podrá comprobar quién ha accedido a esos datos informáticos y cuándo lo ha hecho, ya que esa información queda registrada para garantizar la confidencialidad de unos documentos tan sensibles.

Los 369.000 euros cobrados por Aguirre de la empresa privada Seeliger & Conde como cazatalentos vuelven a poner el foco en las puertas giratorias entre la política y la empresa privada. Pero dejando para otra ocasión ese debate, es buen momento para recordar a todos aquellos candidatos que están pidiendo transparencia fiscal que el Congreso está tramitando la Ley General Tributaria. Así, aquellos partidos políticos que sean partidarios de hacer públicas las declaraciones de la renta de los aspirantes a cargos electos, como ocurre enEstados Unidos, pueden pedirlo en el trámite parlamentario.

Categoría: Opinión | Claves: Editorial El Mundo