“Estamos frente a un golpe de Estado” con la sentencia del TSJ

"Los poderes no son omnímodos y tiene que haber controles", aseguró la jurista venezolana.

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium) – La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol de León, señaló que la sentencia emitida por el máximo tribunal del país “elimina la facultad de la Asamblea para controlar a los demás poderes” y acotó que “es una decisión claramente inejecutable”.

Asimismo, indicó en una entrevista exclusiva al diario El Tiempo de Colombia que si la AN acata esa decisión, “su cumplimiento acarrearía la eliminación en la práctica de las facultades” del Parlamento.

Sostuvo que con esta decisión emitida por el TSJ “estamos viendo la superposición de un poder sobre otro y yo diría de dos poderes sobre otro porque se produce una conjunción del Ejecutivo y el Judicial, a través de la Sala Constitucional, para coartar el ejercicio de la función legislativa”.

Aseguró que en Venezuela “estamos frente a un golpe de Estado, porque no hay independencia ni autonomía de poderes” y expresó que los poderes “no son omnímodos y tiene que haber controles. Sin embargo, la decisión lo circunscribe al Ejecutivo y de una manera muy suave, con condiciones”.

La jurista precisó que “está trancado el juego” institucional en Venezuela y sumó que no cree que la Constitución “tenga un vicio”, por lo que considera que es hora de revisar el artículo 333 de la Carta Magna, la cual expresa que “esta no perderá su vigencia si dejara de observarse, por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto a ella”.

A CONTINUACIÓN LA ENTREVISTA ÍNTEGRA HECHA POR EL MEDIO:

Blanca Rosa Mármol de León fue magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia cuando el presidente Hugo Chávez aún vivía. En el Poder Judicial de entonces, que ya daba muestras de plegamiento al oficialismo, destacaban sus inhibiciones y votos en contra de sentencias de claro corte político, una postura que hoy refuerza denunciando la inconstitucionalidad de las últimas sentencias del máximo tribunal contra la recién electa Asamblea Nacional.

¿Qué implicaciones tiene la sentencia emitida el martes por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia?

Para decirlo en palabras sencillas: significa una acción del Ejecutivo a través del Tribunal Supremo en Sala Constitucional que elimina a la Asamblea su potestad de control de los demás poderes.

¿Eso no va en contra de la Constitución?

En contra y es un exceso de los magistrados de la Sala Constitucional por cuanto lo que se les planteó en primer término fue un “recurso de interpretación”. Y lo digo entre comillas porque siempre consiguen a un interesado que quiere que le explique lo que la Constitución dice como si estuviera escrita en sánscrito, porque siempre hay que estarla interpretando.

Esa “interpretación” se va más allá de lo permitido y se va en una ultra petita a la declaración de inconstitucionalidad de artículos de leyes como el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea y la Ley de Comparecencia de funcionarios, planteando la suspensión momentánea de algunos de sus artículos.

Elimina entonces la facultad de la Asamblea para controlar a los demás poderes, hace indicaciones que debe ser por escrito y coordinado por la Vicepresidencia y es una decisión claramente inejecutable.

Si la Asamblea acata esa decisión su cumplimiento, acarrearía la eliminación en la práctica de las facultades de la Asamblea.

¿Qué significa una sentencia como esta para la democracia venezolana? Esto parece ir más allá del choque de poderes

Así es, estamos viendo la superposición de un poder sobre otro y yo diría de dos poderes sobre otro porque se produce una conjunción del Ejecutivo y el Judicial, a través de la Sala Constitucional, para coartar el ejercicio de la función legislativa. Entonces queda la Asamblea, como representante de los electores, impedida de actuar porque, además de quitarle la facultad contralora si hace alguna ley, será rechazada por la misma Sala.

Entonces estamos frente a un golpe de Estado, porque no hay independencia ni autonomía de poderes.

La sentencia circunscribe la labor contralora de la Asamblea al Poder Ejecutivo, ¿antes podía llamar a otros poderes para las comparecencias?

Claro, porque el país tiene derecho a eso y está establecido así. Los poderes no son omnímodos y tiene que haber controles. Sin embargo, la decisión lo circunscribe al Ejecutivo y de una manera muy suave, con condiciones.

Es decir, se ve que es una reacción a las interpelaciones que intentó hacer la Asamblea a funcionarios públicos que nunca se presentaron para hacerle frente.

También se fueron a cubrir las recientes designaciones de los magistrados a través de ese procedimiento exprés, abiertamente inconstitucional e ilegal, y con el agravante de que participaron en la decisión magistrados que fueron designados en ese proceso que está siendo revisado.

El nombramiento de tres de los siete magistrados de la sala está siendo cuestionado, pues firman esta decisión que los blinda en el cargo…

Mira lo que pasa allí: ellos pretendieron que cuando la sentencia salió, dijeron que no firmaban por “causa justificada” y creyeron que solventaban la situación. Eso no es así, porque lo que correspondía es que ellos se inhibieran porque tenían un interés directo en la situación. En cambio, permanecieron durante la discusión de la sentencia, para después, alegremente, despachar eso con un “no firmo por causa justificada”. Había que reconstituir la sala, tenían que convocarse sus suplentes y que se produjera la decisión. Eso es tan grave que la ley del Tribunal Supremo lo sanciona o lo considera causal de destitución.

¿Está trancado el juego institucional en Venezuela? Parece que todo termina en la Sala Constitucional y sus interpretaciones. ¿No hay otra forma de proteger la voluntad de los electores que escogieron esta Asamblea? ¿Tiene la Constitución un error estructural en ese sentido?

Sí, está trancado el juego. Sí, es verdad que todo termina en la Sala Constitucional y sí es verdad que se ve burlada la voluntad de los electores que el 6 de diciembre votamos por un cambio. Ahora bien, no creo que la Constitución tenga un vicio.

Creo que es hora de revisar el artículo 333 que dice que “esta no perderá su vigencia si dejara de observarse, por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto a ella”.