Fiscal pide prisión preventiva para excargos kirchneristas

"Hay riesgos específicos que pueden obstaculizar la aplicación de una sanción" por "gravísimos hechos de corrupción".

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Buenos Aires, Argentina. EFE) .- El fiscal federal argentino Federico Delgado pidió hoy que se procese con prisión preventiva a los exsecretarios de Transporte kirchneristas Ricardo Jaime (2003-2009) y Juan Pablo Schiavi (2009-2012) en la causa por la compra irregular de trenes a España y Portugal, confirmaron fuentes judiciales.

Delgado solicitó mediante un dictamen que se procese a Jaime, detenido desde la semana pasada, y a Schiavi, así como a Manuel Vázquez, exasesor de Jaime, al considerar que “hay riesgos específicos que pueden obstaculizar la aplicación de una sanción” por “gravísimos hechos de corrupción”.

Jaime y Vázquez llevan detenidos desde principios de mes por orden del juez Julián Ercolini que está al mando de la investigación, pero el fiscal federal entendió que existen los elementos necesarios para agravar su situación procesal, según el escrito emitido por la Fiscalía número 6 en lo Criminal y Correccional Federal.

Asimismo, el fiscal pidió prisión preventiva para Schiavi, quien registra una condena previa de ocho años de prisión por su responsabilidad en el choque ferroviario ocurrido en 2012 conocido como “tragedia de Once”, que causó 51 muertos y más de 700 heridos.

Schiavi se desempeñaba como secretario de Transporte del Gobierno de Cristina Fernández al momento del choque y aunque, según Delgado, la condena “no está firme”, cuenta con “la presunción de legitimidad de los actos de gobierno”.

Esto, unido a la posibilidad de que se lo condene en la otra causa de compra de trenes por “delitos graves” como “cohecho” y “peculado” conforman “un cuadro objetivo que justifica la prisión preventiva para asegurar su comparecencia al eventual juicio oral”.

Para el fiscal, la causa contempla “gravísimos hechos de corrupción trasnacional” que el Estado argentino está “obligado a investigar” en virtud de los “compromisos asumidos” en numerosos tratados internacionales.

“La traducción material de esos compromisos implica no sólo descubrir el velo que envuelve a los hechos de corrupción, sino también aplicar las sanciones correspondientes sobre sus autores. Y en el caso del derecho penal, esas sanciones se traducen en penas privativas de la libertad”, sentenció Delgado.

Jaime está acusado de causar presuntamente un perjuicio al Estado argentino por los millones de euros pagados en una compra en 2005 de trenes a la empresa portuguesa “Caminhos de Ferro Portugueses” (actualmente “Comboios de Portugal”), y a las españolas Renfe y Feve (actualmente integrada en la primera).

En el centro de la denuncia está una empresa argentina contratada por la Secretaría de Transporte, que presuntamente se llevó una importante suma de dinero como comisión por dar asistencia técnica al Estado en la compra de esos trenes, que finalmente no fueron utilizados ni como repuestos, según documentación judicial del caso.

Mediante el dictamen, Delgado denunció que se puso en marcha un pacto para “sustraer caudales públicos”, con la “excusa de hacer algo con el sistema ferroviario”, hipótesis que “unos años después se corroboró con la masacre de Once”.