Gobiernos socialistas convierten el poder judicial en “instrumento de represión”

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

Crédito: carlossanchezberzain.com

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium) – El director del Interamerican Institute for Democracy y abogado experto en Derecho Constitucional, Carlos Sánchez Berzaín, señaló este martes que los gobiernos del socialismo del siglo XXI han convertido el poder judicial en “su instrumento de represión política para el control de las sociedades que oprimen”.

“Las determinaciones de esta justicia dictatorial no pueden tener ningún efecto en los países con democracia porque se trata de “sentencias infames”, nulas de pleno derecho”, indicó en un artículo de opinión publicado en su página web.

Asimismo, el politólogo calificó de “infame” el mecanismo de “persecución y represión que los gobiernos no democráticos de las Américas han institucionalizado como parte de su ‘institucionalidad política’ para controlar, intimidar, atemorizar, neutralizar, privar de libertad, confiscar y usurpar bienes, exiliar, asesinar la reputación, destrozar familias y en suma anular civil y políticamente a opositores políticos, líderes cívicos, empresarios, periodistas”, etc.

Sánchez fue ministro de Estado de la República de Bolivia cinco veces, ministro de la Presidencia de la República en dos ocasiones (1993-94 y 2002-03), ministro de Gobierno dos veces (1994-96 y 1997) y ministro de Defensa Nacional (2003) en los gobiernos constitucionales del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

A CONTINUACIÓN EL ARTÍCULO COMPLETO

Los gobiernos del socialismo del siglo XXI han convertido el poder judicial en su instrumento de represión política para el control de las sociedades que oprimen. La persecución política en Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua se ejerce por medio de acusaciones oficiales contra opositores y ciudadanos en general, a los que han marcado como objetivos, procesándolos por hechos falsos o por delitos que han sido cometidos por el propio acusador.

Los fiscales y jueces proceden con la farsa de formalizar decisiones previamente indicadas -incluso públicamente- por el dictador. Las determinaciones de esta justicia dictatorial no pueden tener ningún efecto en los países con democracia porque se trata de “sentencias infames”, nulas de pleno derecho.

En un anterior trabajo he planteado como definición de “ley infame”, “la norma que elaborada y establecida, siguiendo el procedimiento formal para su creación, viola en su objeto y contenido los derechos humanos o las libertades fundamentales”. Se trata de normas que no deberían existir, porque ninguna disposición “legal” puede atentar contra los derechos humanos. La ley en su básica concepción jurídica es el “precepto dictado por la autoridad competente, en el que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados”. Una ley que viola un derecho fundamental no tiene nada que ver con la justicia, es una prueba de violación de los derechos humanos y de la inexistencia del estado de derecho, por lo que no debe tener efecto alguno y sus autores merecen proceso y sanción.

Si recordamos que infame es lo “muy malo y vil”, lo que “carece de honra, crédito y estimación”, encontraremos que precisamente de eso se trata el mecanismo de persecución y represión que los gobiernos no democráticos de las Américas han institucionalizado como parte de su “institucionalidad política” para controlar, intimidar, atemorizar, neutralizar, privar de libertad, confiscar y usurpar bienes, exiliar, asesinar la reputación, destrozar familias y en suma anular civil y políticamente a opositores políticos, líderes cívicos, empresarios, periodistas, indígenas, mujeres y hombres que consideren amenaza a su ejercicio dictatorial y su permanencia indefinida en el poder.

Cuando es necesario usan lo mismo contra miembros del régimen con el fin de forzar lealtades, presentar un chivo expiatorio para encubrir los delitos del caudillo, castigar, purgar o deshacerse de personajes que ya no son útiles, que saben mucho o que representen amenaza interna.

Nada de esto es nuevo en la historia de la barbarie humana pre y anti democrática. Fueron leyes infames las leyes racistas y de exterminio en el régimen nazi; fueron justicias dictatoriales las de la inquisición, del fascismo italiano, del nazismo alemán, del estalinismo soviético…..; fueron sentencias infames de “jueces competentes” que mandaron a la muerte a miles de inocentes en las dictaduras de Mao Tse Tung, Hitler, Stalin, Castro.

Lo que ha venido pasando y sucede ahora mismo en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua -los países del socialismo del siglo XXI- es que con el control total del poder legislativo han aprobado centenas de leyes infames; que con los jueces que cada dictador nombra, condiciona y somete, han construido y mandan sobre una justicia dictatorial; y que esos jueces, sus jueces, han emitido y preparan miles de sentencias infames sobre las que no existe mecanismo alguno de defensa.

Una “sentencia infame es aquella en cuyo trámite, texto o determinaciones se han violado lo derechos humanos” (presunción de inocencia, debido proceso legal, irretroactividad, garantías judiciales, igualdad de las partes, juez natural, etc.). Lo extraordinario de las sentencias infames del socialismo del siglo XXI es que pretenden que se les reconozca vigencia universal; los gobiernos que las producen reclaman su ejecución en países con democracia y usan esos fallos, e incluso las simples acusaciones o demandas, para perseguir a sus víctimas mas allá de las fronteras, reclamando la aplicación de convenios internacionales.

La justicia dictatorial y sus sentencias infames permiten que los dictadores se disfracen encubriendo sus crímenes como decisiones de la justicia: Raúl Castro en la visita del presidente Obama dijo que en Cuba no hay presos políticos, “dame la lista de los presos políticos y antes de la noche estarán sueltos…”, porque los tiene como condenados por su justicia.

Chávez y Maduro con miles de exilados por la persecución judicial y decenas de presos políticos, tienen como estandarte la sentencia contra Leopoldo López, sosteniendo que “no hay presos políticos sino políticos presos por delitos comunes”.

Rafael Correa, en Ecuador, tiene sentencias con montos millonarios a su favor, ha forzado al exilio a políticos, periodistas y empresarios, además de los presos políticos que contabiliza como reos comunes; Evo Morales se presenta como acusador por los crímenes que cometió en octubre de 2003, amparado en una amnistía firmada por Carlos Mesa para él y sus cómplices, y ha hecho sentenciar con cárcel a los miembros el Alto Mando Militar de la Democracia, hoy presos políticos, y ahora ha mandado a preparar una sentencia de 30 años de cárcel contra el gobernador de Pando, que es su preso político desde hace años; Daniel Ortega en Nicaragua que con su justicia ha cambiado el mapa económico y político del país a su favor, se ha perpetuado indefinidamente en el poder, encubre sus crímenes, reprime y silencia al que quiere.

Todo lo anterior y más, sin olvidar que el sistema descrito y denunciado, es hoy el medio perfecto de “encubrimiento e impunidad” de los crímenes y corrupción, narcotráfico incluido, de los gobernantes del socialismo del siglo XXI, que siguen simulando democracia con su justicia dictatorial y las sentencias infames.

Categoría: Venezuela | Claves: Carlos Sánchez Berzaín