Juez argentino aseguró que fin de impunidad es “política de Estado” en Supremo

"Todos los jueces de todas las instancias están comprometidos con este plan de lucha contra la impunidad, con esta política pública de la Corte y que tiene respaldo dentro de los tribunales", juez federal.

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Buenos Aires, Argentina. EFE) .- El juez federal argentino Ariel Lijo, aseguró hoy que “terminar con la impunidad” es la “política de Estado” de la Corte Suprema e insistió en que cada juez es “independiente” y no existen “acciones coordinadas” para acelerar las causas contra el kirchnerismo desde el cambio de Gobierno.

Todos los jueces de todas las instancias están comprometidos con este plan de lucha contra la impunidad, con esta política pública de la Corte y que tiene respaldo dentro de los tribunales

Declaró hoy Lijo en Radio Nacional en relación al avance de medidas judiciales en casos relacionados con el Gobierno anterior durante los últimos meses.

A su juicio, esto “no forma parte de ninguna especie de plan” de sectores interesados, ya que “sería institucionalmente gravísimo dejar la libertad de las personas en manos de grupos de presión” y “no hay que caer es en el oportunismo de determinados actores de la vida pública”.

Para Lijo, encargado de la causa que investiga al exvicepresidente argentino Amado Boudou (2011-2015) por una presunta compra ilegal de la imprenta de dinero Ciccone Calcográfica, tampoco se trata de “acciones coordinadas” por parte de los magistrados, sino que cada uno “es independiente y tiene libertad absoluta de criterio para hacer lo que quiera con sus casos”.

En ese sentido, denunció lo “desmoralizante” que es para los empleados judiciales ver cómo su trabajo “es denostado” o que se los acuse de que “nunca hacen nada” e insistió que sus decisiones tienen que estar “motivadas en la prueba y fundadas en el derecho” para emitir un procesamiento que tenga “valor de verdad”, algo que “cuesta” y “lleva mucho tiempo”.

“Es una cuestión que habitualmente nunca va de mano de la demanda pública ni de los tiempos de la opinión pública ni lo que requieren los medios”, aclaró el magistrado.

El juez federal puso como ejemplo el impacto mediático de la causa por presunto lavado de dinero que investigan el fiscal Guillermo Marijuán y el juez Sebastián Casanello, y que involucra al empresario cercano al kirchnerismo Lázaro Báez, detenido ayer al poco de aterrizar en un aeropuerto en la periferia del norte de Buenos Aires.

“Trabajaron durante mucho tiempo y pareciera que es mucho más sencillo descalificar la decisión que darle el valor institucional que tiene”, criticó.

Asimismo, afirmó que esta política de Estado contra la impunidad no arrancó en enero, sino que “viene de hace tiempo” y durante el Gobierno anterior también hubo “muchos funcionarios de línea ,de todas las jerarquías, que fueron procesados durante el ejercicio de la función”.

Además del llamado ‘caso Ciccone’ que investiga a Boudou, Lijo también está a cargo de una causa por presunto lavado de dinero en aportes a la campaña electoral de Cristina Fernández en 2007.

Ayer, Báez fue arrestado tras una orden de Casanello, que investiga una presunta red de lavado de dinero en la que está involucrado el empresario, principal adjudicatario de obras públicas en la sureña provincia argentina de Santa Cruz y estrecho colaborador del fallecido exgobernador de esa provincia y expresidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007).