Juez y alguacil de Ocumare cobraban USD 2.000 por liberar a un preso

Según la investigación preliminar, el juez le habría solicitado la citada cantidad de divisas a un privado de libertad, a cambio de no continuar con el proceso penal y otorgarle la libertad.

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium) – El Ministerio Público logró la privativa de libertad para el juez 3° de Control del estado Miranda con sede en Ocumare del Tuy, José Luis Chaparro, y al alguacil de esa circunscripción judicial Pedro Molina, por presuntamente haberle solicitado 2 mil dólares a un privado de libertad a cambio de librarle la boleta de excarcelación.

Tal situación fue denunciada ante la Dirección contra la Corrupción del Ministerio Público el pasado 1° de abril.

En la audiencia de presentación, el fiscal 50° nacional, Marcos Palacios, imputó a los funcionarios por los delitos de corrupción y concusión.

Una vez evaluados los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, el Tribunal 28° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) dictó la medida privativa de libertad contra el juez y el alguacil, quienes permanecerán recluidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), situada en Miranda.

Según la investigación preliminar, el juez le habría solicitado la citada cantidad de divisas a un privado de libertad, a cambio de no continuar con el proceso penal y otorgarle la libertad.

En vista de la situación, un familiar del hombre presentó la denuncia ante la citada dirección del Ministerio Público.

Tras diligencias de investigación coordinadas por el fiscal del caso y efectuadas por funcionarios de la Dgcim, Chaparro y Molina fueron aprehendidos este jueves 07 de abril en la referida instancia judicial durante una entrega vigilada de dinero, acordada por el Tribunal 28° de Control del AMC.

Por otro lado, la Fiscalía 25ª nacional desde septiembre de 2015, lleva una investigación contra Chaparro por presuntamente haberse valido de su cargo para efectuar la venta de un carro ilegal.

Por tal motivo, el fiscal de la referida dependencia, Pedro Buitriago, imputó al juez por los delitos tráfico de influencias y agavillamiento, ante la misma instancia judicial.