La bandera de la libertad de información, ¿A media asta?

Vemos en el quehacer del ejercicio periodístico a la información como un derecho susceptible de regulación y a la veracidad, de alguna manera, como principio calificador de ese derecho.

La bandera de la libertad de información, ¿A media asta?En Venezuela se ha registrado un total de "195 agresiones, en las que han resultado víctimas 144 trabajadores de la prensa”. Crédito: Reuters.
Publicada por: el maumaitreb@gmail.com @Mariang_ab

Caracas, Venezuela. El derecho a la información, junto con el resto de las libertades comunicacionales, se encuentra reconocido de forma general y con validez plenaria desde la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces su definición y las formas que ha adoptado la legislación para este derecho han evolucionado de manera notoria en el devenir de la historia.

La información representa un derecho natural. Rafael Ortíz dice en su documento Habeas data, el derecho fundamental y garantía de protección de los derechos de la personalidad (2001), que el derecho a la información no es una dádiva del Estado ni es una concesión de los sistemas democráticos. “Los regímenes democráticos lo son, merced al reconocimiento de un derecho inalienable de los hombres de recibir y emitir información”, sostiene.

Es así como las libertades de información, prensa y opinión constituyen, entonces, definiciones que se derivan del derecho fundamental a la libertad de expresión y de pensamiento, algo casi tan implícito como el libre albedrío.

En Venezuela esas libertades comunicacionales están contempladas en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República (1999), en los que queda establecido el “derecho a expresar libremente” pensamientos, ideas u opiniones de viva voz “sin que pueda establecerse censura”.

Es justamente el tema de la censura y la libertad de información lo que en los últimos años ha ocupado al gremio comunicacional en el país, y es que, según el secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, hasta mayo de 2014 se contabilizaron 155 casos que constituyen violaciones a la libertad de expresión.

Según el documento, en estos casos se registran los siguientes tipos de agresiones:

“86 casos de amenazas y hostigamiento, 46 agresiones físicas, 39 robos y destrucción de material y equipos de trabajo, 23 detenciones y un herido de bala, para un total de 195 agresiones, en las que han resultado víctimas 144 trabajadores de la prensa”.

Vale recordar, entonces, la respuesta que el presidente del país suramericano, Nicolás Maduro, hizo a Christine Amampour cuando durante una entrevista le preguntó si la prensa sería bienvenida para hacer su trabajo en Venezuela.

“Tiene todas las libertades para ir y venir y para transmitir al mundo cada vez más la verdad de lo que pasa Venezuela”, fue la réplica del mandatario.

Sin embargo, la realidad expuesta por las cifras y los estudiosos del tema reflejan otro escenario.

EL CARÁCTER “PASIVO” DE LAS LEYES COMUNICACIONALES

Según un informe de Espacio Público sobre la situación general de la libertad de expresión e información en Venezuela para 2013, “cada vez hay menos pluralismo en la esfera mediática con una mayor concentración gubernamental discursiva y de los contenidos”.

Es posible que esta sea la razón por la que muchos medios y periodistas recurren a la autocensura, yendo en contra de los preceptos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 58 de la Constitución nacional en el que se establece que “toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura”; y contradiciendo el discurso oficial en el que se habla de una “amplia garantía” para la libertad de expresión.

En este sentido, Jesús Urbina, periodista y profesor universitario, planteó en su texto Nuevos rasgos del derecho de la información en Venezuela, que a diferencia de las constituciones de España, Colombia y Paraguay, que componen sus formulaciones sobre el derecho informativo de manera que se reconozca el desempeño periodístico, la carta venezolana “solo propone implícitamente la potencia activa de esta libertad. Y con esta fórmula impide la conexión directa, probada en otros textos constitucionales del derecho a informar con la libertad de prensa o de uso mediático”.

Para Urbina es posible, entonces, sacar cuentas a partir del enunciado literal del artículo 58 de la constitución y deducir un carácter esencialmente pasivo que la libertad de información supone: “Se privilegia el derecho de recibir información frente a la facultad de investigarla o difundirla”.

De esta manera, vemos en el quehacer del ejercicio periodístico a la información como un derecho susceptible de regulación y a la veracidad, de alguna manera, como principio calificador de ese derecho informativo.

Pero ¿qué pasa en los medios con ese principio de veracidad cuando la libertad de prensa se ve comprometida?

VENEZUELA, 20 PUNTOS POR DEBAJO

En el último ranking publicado por la organización sin fines de lucro Reporteros Sin Fronteras, sobre libertad de prensa, Venezuela se ubicó en 2015 21 puntos por debajo de su calificación en 2014, ocupando el puesto 137 de un total de 180 países calificados.

En el documento se argumenta que “La Guardia Nacional Bolivariana dispara a periodistas en las manifestaciones aunque se identifiquen claramente como tales”. En este sentido, de manera genérica afirman, entre otros aspectos, que las regresiones (en el ranking) se deben a motivos como la seguridad nacional vista desde “un pretexto engañoso”.

Sobre este específico, Nela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys Venezuela), expresó en la presentación del Informe regional sobre violencia contra periodistas en América Latina, que son precisamente esas “restricciones de acceso a cobertura sobre hechos de situaciones de violencia” las que vulneran “el derecho de la libertad de expresión”.

Es válido, entonces, hacer en este momento mención a la demanda que presentó el pasado martes (21/04) el presidente del parlamento venezolano contra medios nacionales que se hicieron eco de una denuncia en su contra.
Ante esto, es posible concluir que la información no representa un derecho absoluto per se, sino que admite límites y ponderaciones.

En este sentido, el catedrático español J.A. Castros Fariñas, en su trabajo De la Libertad de Prensa, afirmó que a diferencia de la libertad informativa, la libertad de prensa representa una auténtica “facultad de hacer”, y aunque en la actualidad, casi toda la elaboración jurídica reconoce la condición activa de esa libertad, en la práctica hay otras consideraciones.

CONTEXTO HISTÓRICO

Decía Jesús Urbina que en la historia democrática venezolana, ha sido “moneda corriente la restricción excepcional y temporal de los derechos comunicacionales en momentos de graves crisis de estabilidad política”. Según el periodista, cada vez que esto ocurrió el sacrificio de la libertad informativa fue notorio, “especialmente con la inmediata aparición de los censores oficiales en los medios públicos y privados de difusión”.

De hecho, cuando se discutía el proyecto constitucional en la AN (1999), planteaba Urbina que nadie se opuso ante el fortalecimiento de las garantías de derecho frente a los estados de excepción, una de la más elogiadas modificaciones, y es que, quién podría oponerse si esto significaba la rectificación de un de los derechos fundamentales frente a la política del Estado democrático moderno.

Hoy frente a esa “rectificación” el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, señala a Uruguay, Costa Rica y Chile como los países latinoamericanos en los que se asegura una mayor la libertad de expresión, frente a Venezuela y Ecuador, a quienes cuentan como naciones con la ley “más perfecta para la censura de América Latina”.

Casos de cese de concesión, cierre de programas de radio o televisivos, aparentes “preocupaciones” por el impacto de la difusión en Internet y las redes sociales, entre otros casos, se han traducido en censuras casi expresas de contenidos. Denuncias que en reiteradas ocasiones el Colegio Nacional de Periodistas en sus distintas seccionales ha expresado, sin lograr hacer el peso necesario para su reivindicación.

¿UNA LIBERTAD INFORMATIVA CONDICIONADA POR UN FUTURO INCIERTO?

Estas fueron, en su momento, las palabras del comunicólogo Antonio Pasquali (1992):

sumarium

Antonio Pasquiali

"Mucho de lo que podemos disfrutar en el futuro, nosotros y nuestros descendientes, de libertad global (...), pasará por lo que pongamos u omitamos" en la normativa comunicacional.

Hoy vemos a organismos internacionales hacer eco de situaciones que parecen ser irregulares y que pasan como “naturales”, mientras el gremio periodístico adhiere a su clamor una nueva denuncia, esta vez contra la Fiscal General, a su juicio, por “censurar las redes sociales”, y esto solo sigue sumándose a un dilatado archivo de quejas.

Mientras tanto, las extensas cadenas nacionales siguen formando parte del “monitoreo” casi obligatorio de la “información” en la prensa local.

No en vano IPYS Venezuela puso en línea a través de su portal Web www.ipys.org.ve un estudio que cuantifica y analiza las transmisiones en cadena del Estado venezolano, que, a su juicio, “constituyen una violación a la libertad de expresión” e intimidan a ciudadanos, periodistas o funcionarios públicos que hagan crítica sobre la gestión gubernamental.

Venezuela, un país en cadena, título de esta investigación, presenta un panorama en el que​ ​1.116 medios transmiten simultánea y obligatoriamente, y por mandato del Estado, programación oficial por señal abierta.

Es precisamente bajo esta premisa que el fundamento informativo de la libertad de prensa se hace pasivo y olvida esa “facultad de hacer” de la que nos hablaba Fariña.

Aún cuando el enunciado de la libertad comunicacional ha sido tradición en el constitucionalismo venezolano, según los textos de las 24 cartas políticas republicanas que precedieron a la del 61, los preceptos de la normativa constitucional a favor del derecho informativo están en aparente retroceso.

De este modo, la libertad informativa y de prensa hoy, no solo parecen ser presa de la ética con la que los profesionales de la comunicación asumen el compromiso de su profesión, sino también de sus leyes.