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La decisión correcta

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

Fue más bien rápida la decisión que tomó el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) para suspender el uso del glifosato en la destrucción de los cultivos ilegales en los campos colombianos, luego de que la Organización Mundial de la Salud lo catalogara como “posiblemente cancerígeno”.

Después de muchas discusiones, más ideológicas que científicas, el CNE se fue por el camino correcto y pidió que esa práctica cesara.

Suspender una política de tal envergadura no puede hacerse de un día para otro: es entendible que esto último se haga para octubre, tal y como lo anunció el ministro de Justicia, Yesid Reyes. Sabemos que, al menos en el terreno político, esta no es una decisión fácil de tomar. Por el contrario, como política buena de un gobierno cualquiera, corre el riesgo de ser impopular, de enredarse en debates acalorados y simplistas. Aplausos pues al Gobierno por esa firmeza valiente.

Era, sin embargo, la decisión correcta, sobre todo si tenemos en cuenta la prelación lógica (ética también) de que la salud humana está por encima del orden público. Pero si esta consideración filosófica no bastare, podríamos remitirnos a la cartilla Comité de expertos en herbicidas.

Implicaciones del uso de herbicidas en la erradicación de cultivos ilícitos, publicada en 1986 por un grupo de expertos que, liderados por el doctor Edgar Podlesky (microbiólogo ambiental de la Universidad de California), y a petición del gobierno de turno –que quería un estudio antes de rociar por los aires los herbicidas paraquat, 2,4-D o glifosato–, consideró que “desde el punto de vista de la salud humana y el impacto en el medio ambiente, el método químico debe ser el último en considerarse”.

Más fácil: ante la falta de información, el impacto sobre la vegetación, la cartografía de las áreas y la toxicidad en personas, hacerlo sería equiparable a “experimentar con humanos”. Treinta años han pasado desde entonces, con campos fumigados año tras año con lloviznas de veneno químico.

Hoy día, pese a que la ciencia avanza en la investigación de las cosas, no hay una información concluyente sobre el daño que puede causar a la salud humana, y en eso se anclan quienes piden (sobre todo inspirados por la guerra contra el narcotráfico) continuar con su uso.

Se empecinan, decimos, porque nuestro ordenamiento jurídico a nivel constitucional manda que este tipo de actividades, por aplicación del elemental “principio de precaución”, se suspenda cuando exista un riesgo, cuando el daño potencial de ese riesgo sea grave y cuando haya evidencia científica sobre la probabilidad (no la certeza, ojo) de que esa actividad es la que causa el daño. Todos estos requisitos, como vemos, se cumplen a cabalidad.

Párrafo aparte merece, por supuesto, el paso siguiente: el reemplazo de la política de aspersiones para que esta decisión acertada no represente un incentivo al negocio criminal de las mafias del narcotráfico.

La Comisión Asesora para la Política de Drogas ha hablado de detección de laboratorios de cocaína, incautación de cocaína enrutada hacia al exterior, control de precursores químicos para golpear las finanzas de organizaciones criminales, entre otras cosas. Algunos más intrépidos, y optimistas, ven una oportunidad para plantear en serio el debate internacional sobre la legalización de las drogas. El tiempo corre para pensar en soluciones novedosas y efectivas. El hueco, después de esta buena noticia, no puede quedar vacío.

Categoría: Opinión