La interminable búsqueda de bebés robados en el franquismo

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Crédito: cortesía La República

(Madrid, España. AFP) – Leonor recuerda como si fuera ayer aquel “largo pasillo” de la maternidad española donde vio desaparecer a su hija recién nacida en 1964 en brazos de una comadrona. Un día después, le anunciaban su muerte, una mentira repetida con decenas de miles de bebés robados durante el franquismo.

Cuarenta años después de la muerte del dictador Francisco Franco, el 20 noviembre de 1975, la historia de “los bebés robados del franquismo” parece destinada a la impunidad.

“Fue en un momento y estaba muerta”, relata Leonor Sánchez Arroyo, una mujer menuda de 73 años y rostro arrugado, explicando que a pesar de sus dudas no había osado discutir con las religiosas que dirigían la maternidad, porque “la palabra de una monja es palabra de reyes”.

Con 21 años y bajo nivel cultural, Leonor no entendió lo sucedido. Y tampoco se atrevió a reclamar del cadáver de su hijita.

En los registros de la maternidad O’Donnell que años después pudo consultar figuraban decenas de otros bebés muertos con menos de un mes, víctimas de enfermedades inverosímiles, otitis, peritonitis gemelar…

Casi habían pasado 40 años cuando una historia de bebés robados en la misma clínica madrileña llamó la atención de su segunda hija, Soledad Arroyo, periodista de televisión.

REPRESALIAS DE LA GUERRA CIVIL

Era noviembre de 2010. El escándalo estallaba tras medio siglo de silencio seguido de rumores. Desde entonces, las redes sociales han permitido a las madres darse cuenta que fueron miles las que vivieron esta pesadilla.

“Entonces de pronto se descubre que ese fenómeno empieza con las mujeres represaliadas de la guerra civil (…) por ejemplo en las cárceles donde están todas las mujeres republicanas, se les estaba robando sistemáticamente sus bebés de alguna manera ‘para ir limpiando la raza’ y se les dan esos niños a familias afectas al régimen”, explica Arroyo, que escribió un libro al respecto.

Este fenómeno, cuenta, se extendió después con robos de niños a padres humildes o en situación de fragilidad, a quienes se decía que los pequeños habían muerto al nacer.

“Nunca he encontrado ninguna prueba de que el régimen lo alentara, lo organizara o lo aprobara abiertamente” pero desde “determinados niveles del poder sí que era consentido”, dice la periodista, precisando que todo lo orquestaban religiosas y médicos, dos grupos sociales intocables en aquella época.

POCOS CASOS RESUELTOS

Durante la dictadura, un decreto de 1940 permitía al régimen apoderarse de los recién nacidos si estimaba que su futura “educación moral” estaba en peligro, especialmente cuando sus padres eran opositores al régimen o el pequeño nacía fuera del matrimonio. Los bebés eran después adoptados por familias acomodadas.

Las estimaciones varían. Según Arroyo, los robos pudieron afectar a hasta 300.000 niños. Los de mujeres republicanas habrían sido unos 30.000 bebés, considera por su parte el exjuez español Baltasar Garzón.

Hasta 2011, sólo se habían examinado 1.072 denuncias, un 30% de las cuales fueron archivadas, según el ministerio de Justicia.

De los miles de casos repertoriados por las asociaciones de víctimas, sólo una veintena fueron dilucidados.

Cada primer domingo del mes, las víctimas se reúnen en la emblemática plaza de la Puerta del Sol de Madrid.

CAMPAÑAS Y PROPUESTAS

En junio, las asociaciones lanzaron una campaña para interpelar a los candidados a las elecciones legislativas del 20 de diciembre.

Angel Casado, de la asociación Adelante Bebés Robados, reclama una ley que les permita ser “reconocidos como víctimas, lo que hace el Parlamento europeo pero no el Estado español”.

Piden también la creación de un banco de ADN que permita realizar tests entre los presuntos hijos robados y sus familias biológicas, una idea que retomó el Partido Socialista.

En España, dirigida desde 2011 por el conservador Partido Popular –algunos de cuyos miembros mantienen lazos con el franquismo– ningún caso logró por el momento obtener una condena y no se llevó a cabo ninguna acción oficial.

Por su parte, los documentos de la Iglesia siguen siendo inaccesibles.

Numerosas víctimas denunciaron sus casos ante la justicia argentina, una de las pocas que sigue aplicando el principio de justicia universal.

“No pedimos reparación financiera. Queremos saber lo que ha pasado con estos niños, que sepan cuál es su verdadera identidad”, resume la presidenta de otra asociación, Soledad Luque.

Categoría: Mundo