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La ley, el límite al poder que se cree impune

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Editorial El Clarín) – El Gobierne teme que la ley y la Justicia controlen sus actos. Esta es la verdad de la guerra contra Fayt. Por eso han creado una Comisión Investigadora ilegal y han consagrado a Boudou como moralmente hábil para ejercer la vicepresidencia de la Nación.

El Gobierno pretende desconocer que los delitos de corrupción son imprescriptibles. Los actos dolosos contra el Estado que conllevan enriquecimiento son delitos contra el orden democrático e imprescriptibles (art. 36 de la Constitución) y el lavado de activos es un crimen transnacional por la Convención de Palermo sobre el crimen organizado. Un poder que concibe a la ley por debajo de sí mismo y como una simple y molesta formalidad tiene razones para preocuparse cuando el presidente de la Corte le dice que lo va a controlar.

Cuando la impunidad de los delitos del poder se da en un gobierno surgido del voto popular ella es mucho más grave. El voto popular nunca puede legitimar un poder absoluto. En el caso Bussi, el Parlamento ha sido categórico: el voto popular cede cuando hay violaciones a derechos humanos o delitos contra el orden democrático.

Todo vale para Gobierno en tren de lograr una Corte amiga que, después de diciembre, le garantice impunidad. ¡Qué lejos estamos de la valiente decisión de Néstor Kirchner de transformar la Corte de los milagros menemista en una Corte prestigiada! Y la paradoja es que doce años después se pretende volver a tener una Corte de los milagros que garantice impunidad. Ese es el único objetivo. Que salga Fayt y entre Roberto Carlés.

¿Cuál es el verdadero compromiso de los argentinos con la democracia? Esto es lo que hoy está en juego en Argentina. Alexis de Tocqueville enseñó que la democracia no es solo un sistema de elección de gobernantes por gobernados sino que es un “sistema de valores “ que consiste en respetar al que piensa diferente. Esto no lo tenemos muy en claro. Seguimos respetando más al poder que a la honestidad y asociando honestidad con debilidad. Poner límites al poder no parece ser una preocupación central. Y se debe entender que la ley son límites. Y que sin límites ganan siempre los poderosos y pierden siempre los pobres.

No se trata de defender a una persona sino a un sistema de valores. En estos últimos meses el Gobierno avanzará en su guerra para buscar impunidad. Y la Corte tiene la obligación constitucional de poner límites. Para ello tiene la facultad de dictar acordadas que tienen un enorme peso político.

Ni Justicia endogámica ni Justicia militante: necesitamos jueces honestos a quienes no les impresione el poder político ni el poder económico. Y derechos humanos que no sean usados como poder de fuego partidario sino como instrumento eficaz de lucha contra los delitos y abusos del poder. La lucha por los derechos humanos comienza combatiendo la impunidad.

Juan Carlos Vega es ex diputado nacional y ex presidente de la Comisión de Legislación Penal. Querellante en la causa de La Perla

Categoría: Opinión | Claves: Editorial El Clarín