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La novela de Isagén

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

Hasta el pasado jueves en la noche los nombres de Hélber Adolfo Castaño, Enrique Alfredo Daza Gamba y Rodrigo Toro Escobar eran mayoritariamente desconocidos para los colombianos. Un día después, muchos habían oído hablar de este trío de ciudadanos, cuyos recursos legales llevaron al Consejo de Estado a decretar medidas cautelares que impiden la celebración de la subasta programada para el martes próximo, en la cual la Nación aspiraba a vender el 57 por ciento de las acciones que tiene en Isagén.

La determinación produjo todo tipo de reacciones encontradas. Es sabido que un sector importante de la opinión se opone al proceso, con lo cual la decisión se entendió como una victoria. Sin embargo, también es bueno recordar que el tribunal no ha emitido su fallo, algo que debería suceder más temprano que tarde si de acabar con la dañina incertidumbre se trata, pues la pronta justicia es un derecho válido y colectivo.

Cuando una sentencia se produzca, esta debe tener todas las bases jurídicas del caso. En medio de la suspicacia que despierta el clima de pugnacidad entre el Ejecutivo y las altas cortes por causa del proyecto de acto legislativo –conocido con el nombre de ‘equilibrio de poderes’– que avanza en el Congreso, lo que menos se necesita es que este asunto se convierta en un rehén de la disputa.

Al contrario, sería bueno que se despejen las incógnitas legales de una operación que, creemos, ha cumplido con todos los requisitos establecidos. Ello tranquilizaría a muchos que han escuchado un debate en el que no han faltado las verdades a medias y más de una colectividad política ha buscado pescar en río revuelto.

Sobre tan espinosa cuestión, vale la pena comenzar diciendo que Isagén es, efectivamente, una de las joyas de la corona entre los bienes estatales. La empresa, con sede en Medellín, se ha caracterizado por su manejo profesional, el mismo que le ha permitido consolidarse patrimonialmente, mostrar utilidades y adelantar ambiciosos proyectos de generación eléctrica. En tal sentido, es entendible que existan personas que se resistan a la idea de que quede plenamente en manos privadas.

No obstante, aquí de lo que se trata no es de vender por vender, sino de cambiar un bien público por otro. Si el dinero que se aspira a recibir tuviera como destino el de utilizarse para gastos de funcionamiento, sería fácil oponerse.

Por el contrario, el propósito es formar un patrimonio autónomo que será administrado por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y servirá para otorgar créditos con el fin de adelantar el programa de infraestructura más ambicioso en la historia del país. Nuestro atraso en este campo no se mide en años, sino en décadas, y es inconveniente seguirle dando largas a un tema que nos cuesta en competitividad y posibilidades de progreso.

Ante esos argumentos, los opuestos a la puja dicen, por ejemplo, que sacrificar los dividendos que ha pagado Isagén sería un error y que eso serviría para conseguir parte de los recursos necesarios para las obras. Se olvidan, claro está, de que la Nación ha recibido algo más de un billón de pesos en la pasada década y media por cuenta de sus acciones. A ese ritmo, solo hasta mediados del siglo tendríamos los más de cinco billones que se obtendrían con la operación suspendida.

Bajo una consideración solo de negocios, le rentará más a la tesorería el dinero en manos de la FDN, pues los créditos se colocarán a una tasa que equivale a la inflación más cinco puntos porcentuales. En las condiciones actuales, ello equivaldría a más del 9 por ciento anual, frente a cerca del 2 por ciento que hoy se obtiene.

Y en cuanto a la supuesta pérdida de soberanía energética o la inseguridad que habría en la ruta de expansión eléctrica, no hay tal. Lo que vale en este caso son las reglas de juego, las que le permiten al país contar con un sistema de generación sólido, edificado tras una difícil curva de aprendizaje. En este participan actores públicos y privados y los proyectos se definen con años de antelación.

Más curiosa todavía es la oposición de algunos sectores. El Centro Democrático ha sido un enconado crítico de la enajenación, olvidando que fue el gobierno de Álvaro Uribe el que la impulsó originalmente en el 2009. De hecho, buena parte del trabajo hecho por esta administración se apoyó en lo que se adelantó en la pasada.

Sin embargo, más allá de las diferencias políticas, el tema de fondo es que el programa de vías no se puede descarrilar. En momentos en que la economía muestra síntomas de desaceleración, los miles de empleos que promete la construcción de carreteras son claves en el corto plazo.

Y en el mediano está la posibilidad de ampliar la frontera productiva, para que el país no pierda su capacidad de transformarse, al romper cuellos de botella centenarios. Esa es una razón más para pedirle al Consejo de Estado que decida bien y rápido. Porque dejar las cosas como están no les conviene sino a las fuerzas que miran el futuro con la nuca.

Categoría: Opinión