La polémica del ministro argentino de energía por sus acciones en Shell

Legisladores opositores aseguran que sus decisiones en materia petrolera serán subjetivas

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Buenos Aires, Argentina. AP).- La Oficina Anticorrupción le recomendó al ministro argentino de Energía Juan José Aranguren que se desprenda de las acciones que tiene en la compañía angloholandesa Shell, lo que ha generado una ola de críticas en su contra.

“Teniendo en cuenta lo que dice la ley de ética pública, la OA (Oficina Anticorrupción) después de un profundo estudio… arribó a esta conclusión donde se le recomienda al ministro que se desprenda del patrimonio accionario de la compañía Shell o tome alguna medida patrimonial como constituir un fideicomiso ciego” de administración y disposición, dijo el lunes a Radio Mitre Laura Alonso, titular de esa institución.

Aranguren declaró 16,3 millones de pesos (poco más de 1 millón de dólares) en acciones clase A de Royal Dutch Shell PLC en su declaración patrimonial correspondiente a 2015 difundida en junio. El funcionario fue presidente de la filial local de la petrolera hasta diciembre, cuando asumió el cargo de ministro.

CONFLICTO DE INTERESES

La controversia surgió porque Aranguren tiene a cargo, entre otras responsabilidades, la regulación del mercado petrolero. Legisladores opositores cuestionaron que el funcionario tuviera toda la información del mercado y datos confidenciales de los planes de negocios de petrolera estatal argentina YPF y que pudiera estar beneficiando a la empresa privada de la cual es accionista.

El gobierno defendió en ese entonces a Aranguren alegando que las acciones que posee no son de Shell Argentina sino de Shell Internacional y representan una cantidad “ínfima”. Asimismo indicó que el funcionario no estaba beneficiando a la petrolera extranjera.

“Se le dice enfáticamente… que cada vez que se presente un asunto en el cual esté vinculada Shell, se excuse inmediatamente de intervenir y eleve esa situación al presidente (Mauricio Macri), quien es que tiene que designar al funcionario que tome cartas en el asunto”, recalcó Alonso.

La OA sustentó su recomendación en un artículo del Código de Ética de la Función Pública que sostiene que deben “evitarse acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”.

LA SOLUCIÓN DE LA NORMA RESULTA INEFICIENTE

Además, le hizo saber al ministro que “deberá abstenerse de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las sociedades que integran el Grupo Shell”.

La institución puntualizó asimismo que si bien la ley no prohíbe tener acciones en empresas que operan en el ámbito donde se desempeña un funcionario “las particulares circunstancias del caso hacen que la solución prevista por la norma resulte insuficiente como medio para garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones públicas“.

Esa disposición está en sintonía con lo pronunciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que señala que los conflictos de intereses de los funcionarios públicos que se abordan de manera inadecuada tienen el potencial de debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.