Las vías que le quedan a Colombia para enfrentar el cierre fronterizo

Colombia agotó el camino de la OEA y pocas alternativas tiene en Unasur por su ideología y por el liderazgo de Ernesto Samper.

Las vías que le quedan a Colombia para enfrentar el cierre fronterizoCrédito: Schneyder Mendoza / AFP
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(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium).- En las dos últimas semanas, los gobiernos de Venezuela y Colombia han subido el tono por el cierre fronterizo. El colombiano ante la defensa de sus connacionales expulsados de territorio venezolano de forma masiva y sin debido proceso alguno. Los venezolanos, ante la reacción colombiana que ha llevado a Nicolás Maduro a amenazar al Estado colombiano de continuar con acciones similares.

Desde el mismo momento de la crisis, Colombia comenzó una serie de gestiones internacionales para frenar el éxodo de colombianos o, por lo menos, para armonizar el desplazamiento de población en el marco del debido proceso, reseña una nota de El Tiempo.

Tanto el Procurador como el Fiscal General de Colombia han avanzado hipótesis acerca de una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) que con el transcurso de los días se ha venido decantando y desinflando.

Frente a esto, vale la pena explicar las cinco hipótesis que se han puesto en la mesa. En primer término, el Gobierno colombiano trató de llevar el asunto a la Organización de Estados Americanos (OEA). En ese escenario, Colombia ni siquiera pudo hacer aprobar, a través de su Consejo Permanente, una resolución para discutir la grave crisis humanitaria derivada de las deportaciones. El premio de consolación fue la visita del secretario general de esa organización, Luis Almagro, a la frontera. Así como llegó, se fue.

Un segundo camino es la de presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese escenario debe recordarse que Colombia, en el caso de la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, consideró que esas medidas no eran vinculantes por su carácter reglamentario y no convencional.

Un tercer aspecto se dio con la noticia de una denuncia contra las autoridades venezolanas ante la CPI. En ese caso, aunque es posible presentar la queja, debe indicarse que existen dos razones para pensar en un fracaso diplomático.

El primero es jurídico. En concreto, podría pensarse en la comisión de un delito de lesa humanidad consistente en el traslado forzoso de población. Esta conducta debe ser realizada de forma sistemática y general. En este caso, no es sistemática por la inexistencia de una política general de expulsión. Frente a la generalidad se requiere un gran número de víctimas que se hayan encontrado “legítimamente” en territorio venezolano. Evento que tampoco es claro porque solo ese Estado puede certificar esa información.

Por lo explicado, ni las conductas son generales y sistemáticas ni Venezuela ha agotado sus instancias internas. Además, sobra recordar que solo dos personas en 15 años de funcionamiento han sido juzgadas por ese tribunal.

La segunda razón es de conveniencia. Difícilmente se pueden restablecer las relaciones diplomáticas amenazando a un jefe de Estado y a su Estado mayor con buscar un escenario para criminalizarlos.

Un cuarto camino es la utilización del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que permite que los afectados busquen, a través de una queja, una resolución. Este podría ser un camino, no jurídico, sino político en el abordaje de esta problemática.

Por último, queda el escenario para que los afectados inicien acciones contra el Estado venezolano ante el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El resultado se da a través de un informe de carácter político que se produce contra ese Estado luego de un procedimiento contradictorio. Este proceso puede tomarse varios años en su trámite.