Los intríngulis de la Gmvv, ¿mercantilización o justicia social?

Tras un acalorado debate, los parlamentarios opositores, mayoría en la AN, aprobaron en primera discusión el proyecto que otorga propiedad a beneficiarios de la Gmvv. Inmediatamente Nicolás Maduro rechazó el documento bajo el argumento de no "privatizar" la iniciativa social.

Publicada por: el maumaitreb@gmail.com @Mariang_ab

(Redacción Sumarium) – La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves en primera discusión el proyecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios del programa social Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv), pero ¿qué hay detrás de esta propuesta?

La bancada oficialista del Parlamento apoya la postura del presidente, Nicolás Maduro, quien asegura que la oposición busca “privatizar” la Misión con esta Ley. Según el primer mandatario, el año 2015 cerró con la construcción de la vivienda un millón desde la creación de la red habitacional. “Tendrán que derrocarme para aprobar una ley de privatización de viviendas”.

En este sentido, hizo un llamado al pueblo “a movilizarse contra la Ley Capitalista que pretende privatizar la Vivienda y el Hábitat de la Familia Venezolana”.

Además, aprobó un instrumento para que el Órgano Superior de Vivienda proceda a la creación del Registro Público Inmobiliario Especial de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) para “proteger la familia y la propiedad del pueblo” y pidió “acelerar los procesos de protocolización de los inmuebles”.

Si esa ley de privatización se aprueba, termina la Misión Vivienda.

“Hoy la oligarquía estafadora metió una ley inconstitucional para privatizar la vivienda popular (…) Si esa ley de privatización se aprueba, termina la Misión Vivienda. ¿Creen que lo voy a permitir?”, espetó.

En el otro extremo, el jefe de la bancada opositora y promotor del proyecto, Julio Borges, argumentó durante la plenaria de la AN que la Ley solo pretende democratizar los derechos de propiedad de los venezolanos y garantizar “el título que ha negado el Gobierno”. “Viene un pueblo lleno de propietarios, lleno de dueños y lleno de progreso”.

En respuesta, el diputado oficialista Ricardo Molina, exministro de Vivienda, describió el instrumento como una “ley disfraz” que dificulta el acceso de los más pobres a las casas.

Además, Molina llamó a los opositores a “buscar los miles de documentos de propiedad en los registros públicos” que ya habrían sido entregados.

Pero, causa suspicacia, ¿por qué Maduro y sus seguidores se niegan a aceptar el proyecto? ¿Se trata realmente de “privatización”?

UNA LEY ¿INTELIGENTE?

Recientemente, el periodista Nelson Bocaranda enumeró algunas razones por las que el Gobierno podría sustentar su negativa: la ruptura de la dependencia beneficiario-Estado, y en segunda instancia, el necesario censo para los registros de propiedad.

“La farsa del millón de viviendas tantas veces denunciada por los constructores privados estaría evidenciada”, dijo el periodista.

Si efectivamente esto sucediera, ¿cuál fue el paradero de los fondos asignados para ese fin?

Tras cuestionar la cifra de viviendas construidas y entregadas, Borges prometió una “auditoría completa” sobre el programa social, así quedaría al descubierto una potencial trama de corrupción protagonizada por la posible falacia del millón de viviendas.

De acuerdo con el dirigente de PJ, las cifras de la Gmvv “están llenas de contradicciones”.

“Primero dijeron que habían 800 mil, a la semana dijeron 900 mil, luego dijeron que iban a llegar al millón, de hecho la cantidad de viviendas que dijeron que iban a construir el año pasado no las hicieron”, precisó el diputado de la Unidad Democrática.

Según el último Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de la ONG Transparencia Internacional, la corrupción se mantiene como un problema sistémico en Latinoamérica, con Venezuela como máximo exponente. 

CONTROVERSIA SIN MATICES

De cuerdo con el politólogo Nicmer Evans, tanto el Gobierno como la oposición han asumido conductas “extremas” en torno a la discusión. Plantea que lo fundamental es poder escuchar a los beneficiarios, pues, a su juicio, ninguna de las fracciones ha hecho un trabajo serio y sistemático sobre la caracterización e intención de los beneficiarios.

Para Evans, el debate gira en torno a sectores políticos que están tratando de pelearse de manera desproporcionada el derecho a ganar la venia de una población bastante amplia, “y lamentablemente se cae en la trampa político-electoral sin pensar realmente en el sujeto”.

Agrega que “el Gobierno ha tenido una ausencia de política en relación a la concepción del cobro de la vivienda, incluso utilizándola como un elemento político electoral, bastante desproporcionado en algún momento”. Sin embargo, sesga que la propuesta de la bancada opositora contiene elementos que pondrían en riesgo la política central de Estado de la Gmvv, que es garantizar el acceso a las viviendas a sectores que no podrían tenerlo en el mercado regular.

Según el politólogo y director de Visor 360 Consultores, el documento opositor induce -“aunque no de manera taxativa”- a que inmobiliarias trasnacionales se beneficien del proceso de mercantilización. En este sentido, advierte que la “gran falla” del Gobierno fue otorgar viviendas sin precisar “en qué condiciones”, y bajo “qué disposiciones”, lo que -en algunos casos- ha generado procesos de comercialización sin documentación válida, pues “no está la regla clara”.

“Mercantilización” es precisamente la palabra clave en la discusión, según el analista político Ricardo Ríos, quien explica la situación exponiendo que para el marxismo la mercancía es “el germen del capitalismo” y, en consecuencia, hay que “aplastar” su aparición.

“Al convertir la Gmvv en un instrumento de control estatal, piensa el Gobierno que no generaría mercancía. Esa es una visión marxista ortodoxa”, afirma, para añadir: “Controlar un segmento de la vida impediría la aparición del capitalismo, eso es lo que se llama una visión infantil de los procesos económicos”.

A su parecer, hay una gran contradicción entre lo que ocurre con la Gmvv y lo que se postula de ella. En este sentido, indica que el proceso actual venezolano se caracteriza por debates complejos con ribetes políticos, sociales e ideológicos. Ese precisamente ese el caso de la Gmvv con un fuerte componente ideológico, de control político y social, explica el analista, quien da el visto bueno a la propuesta opositora.

BASAMENTOS

La Gmvv es un plan de construcción de viviendas del Gobierno del expresidente Hugo Chávez que prometió solucionar de manera estructural el déficit habitacional de la población venezolana, particularmente en los sectores sociales más desfavorecidos y vulnerables, tras una temporada de lluvias que dejó a miles de familias damnificadas.

Este proyecto fue creado bajo el esquema de negación del capitalismo. “El capitalismo es un sistema que logra concentrar la riqueza en pocas manos (…), mientras la gran mayoría de la población no tiene agua, viven en la miseria, en ranchos. En el capitalismo, la gran mayoría es condenada a vivir muriendo. El socialismo libera del vivir muriendo al pueblo y lo pone a vivir viviendo“, fueron las palabras textuales de Chávez, citadas por la Misión para argumentar sus objetivos.

En el Marco legal, el ente se rige por la Ley de Emergencia para Terrenos y Viviendas, la Ley de Refugios Dignos, y la Ley del Régimen de Propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

En este sentido, Julio Borges explicó que lo que establecen las legislaciones vigentes, específicamente en el artículo 8 de la Ley de Emergencia de Terrenos y Viviendas, es que las personas a las que se le otorgan las casas no son dueños de la propiedad, sino residentes permanentes a quienes se les limita de esta manera el derecho a ser dueños de su futuro.

Tenemos denuncias en toda Venezuela de familias amenazadas.

“El gobierno lo disfraza con un concepto falso que se llama propiedad familiar, que lo que quiere decir verdaderamente es que el Gobierno es dueño de la casa, que el Gobierno tiene sobre esa familia la posibilidad de sacarlos de sus residencias. Tenemos denuncias en toda Venezuela de familias amenazadas en este sentido”, sostuvo.

En ello coincidió el diputado Ismael León, quien avaló que “los beneficiarios de la Gmvv no tienen título de propiedad, sino un “documento de adjudicación”.

Además, zanjó que es importante hacer un estudio social de las familias que conviven en los edificios, y de las condiciones estructurales y ambientales bajo las que fueron construidos, ya que hubo elementos que se despreciaron “por el bendito proselitismo político”.

LO QUE DICE EL ARTÍCULO 8

  • Deberes. Artículo 8. Los ciudadanos y ciudadanas beneficiarias de esta Ley en cumplimiento del mandato constitucional sobre la vivienda familiar, tienen el deber de:

    1. Respetar y contribuir a preservar el ambiente, el equilibrio ecológico y urbano, la normativa urbanística, la cultura, normas de convivencia, de conservación, de cuido y de preservación del patrimonio histórico.

    2. Darle uso exclusivo de residencia familiar a la vivienda, salvo autorización expresa de la autoridad competente, siempre y cuando la misma sea de interés general de la sociedad.

    3. Abstenerse de realizar actos o desarrollar cualquier actividad u obra que comporte riesgo de perturbación o lesiones de los bienes públicos o de terceros.

    4. Abstenerse de realizar actos de disposición parcial o total de los derechos adjudicados, tales como: venta, donaciones, alquileres, cesiones o constituciones de hipotecas.

    5. Cumplir los requisitos y condiciones establecidas en la Ley para la construcción de edificaciones o refacciones de viviendas, así como, emplear en su mantenimiento las mejoras técnicas permisibles en condiciones adecuadas.

Categoría: Venezuela | Claves: Gmvv