Los tres grandes vicios de la OLP a un año de su implementación

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium).- El Gobierno apostó el 13 de julio de 2015 por la activación de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) para atacar los problemas de inseguridad en las áreas que estaban siendo controladas por bandas criminales.

Con las elecciones parlamentarias en puertas para ese entonces; y tras el fracaso previo de otros muchos planes de seguridad, se acusó a la OLP de medida electoral que poco alcance tendría. Sin embargo, hoy, a un año de su implementación el balance es largo.

¿Positivo o negativo?, de acuerdo al trabajo realizado por el periodista Álvaro Púlido para El Nacional, al menos tres grandes vicios ensombrecen este operativo:

CUERPOS DE SEGURIDAD QUE PARTICIPAN

Las fuerza de seguridad que conforman estos procedimientos están integradas principalmente por el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), para el criminólogo y especialista en seguridad ciudadana, Luis Izquiel, de todos esos cuerpos de seguridad, el único que debería estar participando en la OLP debería ser la PNB.

Izquiel explicó que las fuerzas militares no están preparadas para la seguridad ciudadana sino para la destrucción del enemigo externo que atente contra la soberanía de la nación.

Pese a ello, “en los últimos 17 años, casi todos los ministros de Interior y Justicia han sido militares. Este concepto, de estar preparados para una guerra, no ha servido para disminuir la criminalidad y no hay mayor evidencia que la que estamos viviendo”, dijo Izquiel a El Nacional Web.

Resaltó que la GNB, el Cicpc y el Sebin no son cuerpos de seguridad que deberían participar en los procedimientos de la OLP debido a que sus funciones son otras. La única razón lógica de la participación de estos organismos de seguridad en las operaciones de la OLP es, para Izquiel, una necesidad de respuesta por parte del gobierno debido a que la PNB no cuenta con la preparación adecuada para intervenir en las zonas donde operan las bandas delictivas.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

A medida que los operativos fueron avanzando, las denuncias de abusos a los derechos humanos no se hicieron esperar. La OLP es vista hoy como una “política de exterminio” por activistas de Derechos Humanos. El director del Observatorio del Delito Organizado y Paz Activa, Luis Cedeño, en entrevista a El Nacional Web, afirmó que “este procedimiento falla porque no actúa en concordancia con los crímenes”.

Cedeño considera que la OLP está diseñada para eliminar y no para establecer una política de seguridad nacional.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, durante la presentación del informe anual 2015 dijo que 84 personas fueron asesinadas en Carabobo durante las OLP; 49 en Bolívar, 27 en Cararas y 13 en Miranda.

Sin embargo, en las estadísticas no se incluyeron registros del estado Aragua, entidad donde más operativos se realizaron, ni del Zulia que registró al menos 58 muertos tras las OLP, solo en enero 2016, según informó el general Franklin García Duque, jefe de la Redi-Occidente.

IMPLICACIÓN PARA LA SOCIEDAD

A pesar de las denuncias contra la OLP, la última carta del Gobierno tiene aceptación en gran parte de la sociedad venezolana. El sociólogo Roberto Briceño León argumenta que esto se debe a que la política de “plomo al hampa” aún es aceptada como una respuesta ante la inseguridad.

No obstante, la realidad para el también experto en el área de seguridad ciudadana es que “después de esa inmensa intervención que hacen en las zonas populares para tratar de preservar la seguridad, es evidente que no tiene resultados palpables. Llegan a los lugares donde hacen las requisas y después se retiran, sin ser conscientes del desastre que dejaron atrás”.

Por esta razón, en una entrevista exclusiva con El Nacional Web, consideró a la OLP un “fracaso social” ya que no disminuye la violencia o el delito, sino que lo incrementa: “Siempre una reacción violenta contra la injusticia es aprobada, aunque no sea la manera correcta de tratarla”.

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