Luis Almagro presentó el informe sobre Venezuela

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium) – El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, fue aplaudido en la sesión de este jueves, tras la aprobación de la orden del día dedicada a Venezuela.

Almagro destacó que Venezuela por ser un país exportador de petróleo, podría y debería ser uno de los países más prósperos e influyentes en la región, pero “más bien es un Estado plagado de corrupción, pobreza y violencia”.

También señaló que por la falla sistemática del tipo de cambio controlado ha ocasionado que la moneda haya perdido el 99% de su valor desde 2013.

Destacó que en Venezuela se enfrenta una escasez de alimentos y medicamentos sin precedente en todo el país. Además de la inseguridad que ubica al país como el segundo más violento del mundo.

Por otro lado, Almagro se refirió a los presos políticos en Venezuela y destacó que está en manos de la OEA dar ayuda humanitaria para el país.

A continuación el informe de Luis Almagro.

Señor Presidente, Embajadores, Representantes, Colegas:

Conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y en mi calidad de Secretario General, solicito al Consejo Permanente que realice “una apreciación colectiva de la situación” en Venezuela y adopte “las decisiones que estime conveniente”.

En este sentido, me permito presentarles las razones por las cuales estimo que existe una grave alteración del orden constitucional en ese pais. Una buena parte de la información que presentaré, ya con anterioridad incluí en mi carta al Presidente del Consejo Permanente el 30 de mayo. Hoy presentaré un informe actualizado, dado el rápido deterioro de la crisis en Venezuela.

La defensa de la democracia es uno de los principales mandatos de la OEA y la base fundamental de las relaciones internacionales en las Américas.

Estos principios están claramente plasmados

En la Carta de la Organización de Estados Americanos,

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

En la resolución de la Asamblea General AG/RES. 1080, “Democracia representativa”,

Y en la Carta Democrática Interamericana que es la verdadera Constitución de las Américas.

Estos no son documentos que nos hayan sido impuestos.

Como Estados Miembros hemos elegido firmarlos, unirnos al consenso sobre los principios que definen quiénes somos, en qué creemos y cómo interactuamos unos con otros.

Las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia no existen solo cuando es conveniente.

Si estamos comprometidos con la protección de los principios y la práctica de la democracia en el continente, debemos estar dispuestos a actuar.

Si existen claras violaciones, nuestra obligación es señalarlas, En particular cuando se enfrenta una situación difícil.

Los temas que vamos a debatir hoy día están claramente delineados en la Carta Democrática Interamericana.

Es conforme a estas normas que consideramos que se ha alterado el orden democrático en Venezuela.

En el artículo 3 de la Carta se enumeran los elementos esenciales de la democracia:

El “respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto[…]; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

En el artículo 4 se delinean los componentes esenciales para el ejercicio de la democracia:

“la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los Gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.

En mi informe del 30 de mayo se exponen claramente los argumentos de que ha ocurrido una alteración del orden constitucional que trastoca el orden democrático en un Estado Miembro.

Hoy, les pido que consideren las vidas, la salud y la seguridad del pueblo venezolano a la luz de estos compromisos.

El Consejo Permanente debería tomar las medidas necesarias para atender a la crisis humanitaria sin precedentes e innecesaria que sufre Venezuela.

El Consejo debería expresarse claramente sobre los prisioneros políticos y los informes persistentes de tortura.

El Consejo debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su llamado a un referendo revocatorio

Es conforme a estos principios que debemos decidir actuar o no.

Como decía Desmond Tutu: “si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

La democracia es el gobierno del pueblo.

Aquellos que han elegido representar al pueblo, lo hacen para encauzar la voz de los ciudadanos en los procesos decisorios del Estado.

El Gobierno lo hace a través de la legitimidad que le ha conferido el pueblo, los ciudadanos.

Es un servicio al público; una vocación de servicio para el bien común.

No es un negocio en donde las personas buscan un beneficio o el poder.

La ética política nos conmina a ser coherentes con nuestras palabras y nuestras acciones.

Es mucha la tensión entre la ética y la política como para ensalzar a los líderes sin abusar del poder que se les confiere.

Cuando los Gobiernos y los políticos no cumplen con estas normas, vemos que los ciudadanos se frustran con sus líderes políticos.

Al perder la confianza en sus representantes electos, los ciudadanos harán que sus voces sean escuchadas.

Lo que hemos atestiguado en Venezuela es la pérdida del propósito moral y ético de la política.

El Gobierno se ha olvidado defender el bien mayor, el bien colectivo.

Venezuela tiene una de las más grandes reservas de petróleo del planeta, así como vastas tierras fértiles y una gran cantidad de recursos minerales.

El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra más bien enfrentando niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo.

El enfrentamiento entre las ramas de Gobierno ha ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura de la gobernabilidad, lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país.

La inflación ha llegado a 720%.

El PIB disminuirá un 8% más en 2016.

La deuda externa ha alcanzado los 130.000 millones de dólares; es decir, el equivalente de casi seis años de exportaciones de petróleo.

Venezuela ocupa el noveno lugar mundial con la peor tasa de desempleo.

El 73% de los hogares y el 76% de los venezolanos vivieron en la pobreza en 2015.

Después de lo que fue el 12º aumento desde que el Gobierno fue electo en 2013, el salario mínimo equivale aproximadamente a 13,75 dólares al mes.

Eso es menos de 50 centavos de dólar por día.

La falla sistemática del tipo de cambio controlado ha ocasionado que la moneda haya perdido el 99% de su valor desde 2013.

Las empresas internacionales han cerrado sus puertas porque nadie puede pagar.

La población enfrenta una escasez de alimentos y medicamentos sin precedente en todo el país.

Esta crisis está alcanzando un punto crucial.

Estos problemas no los causan fuerzas externas.

La situación que enfrenta Venezuela hoy día es el resultado de las acciones que han emprendido y siguen emprendiendo quienes están en el poder.

Venezuela podría y debería ser uno de los países más prósperos e influyentes en la región.

Pero más bien es un Estado plagado de corrupción, pobreza y violencia

La población sufre las consecuencias.

Es mucho más redituable para los negocios vender dólares subsidiados en el mercado negro que reabastecer los anaqueles de las tiendas.

La escasez de alimentos e insumos alcanzó el 82,8% en enero de este año.

Desde 2003, más de 150 productos alimenticios han sido puestos en la lista de precios fijos que ha establecido unilateralmente el Poder Ejecutivo.

En principio, los aumentos en los precios iban a la par de la inflación.

Sin embargo, desde 2007 la brecha entre costos de producción y precios fijos ha crecido exponencialmente y, en consecuencia, muchos negocios han cerrado sus puertas.

A fin de responder a esta escasez creada, el Estado ha intervenido cada vez más en la producción de alimentos, incluyendo a través de la expropiación o nacionalización:

De productores de café,

De ingenios azucareros,

De productores de arroz y pasta,

De Agriozlena, la principal compañía distribuidora de semillas,

De Lácteos Los Andes, el principal productor de lácteos,

De más de 10,000 hectáreas de ranchos ganaderos y lecheros

De por lo menos 5 productores de harina de maíz,

De dos fabricantes de aceites y

De la empresa Polar, la principal cadena de supermercados de Venezuela.

Esta escasez provocada por el Gobierno también ha dado lugar a una economía de mercado informal o “negro” de productos regulados.

Las comunidades más pobres fuera de la capital son las más afectadas.

El 87% de los venezolanos declaran que no tiene el suficiente dinero para comprar los alimentos que necesitan.

Se requerirían 16 salarios mínimos para alimentar debidamente a una familia.

Un cuarto de la población vive con menos de dos comidas al día.

La desnutrición afecta a los más vulnerables. Y las tasas de mortalidad infantil están aumentando a la par que los problemas de crecimiento entre los niños.

La falta de agua y electricidad se ha tornado común.

La única presa hidroeléctrica del país ha alcanzado niveles críticos, pues el agua apenas llega a cinco pies arriba del nivel en el que las turbinas simple y sencillamente dejaría de funcionar.

Ante esta falta de energía, las oficinas de Gobierno e instituciones públicas solo abren tres días a la semana.

La falta de insumos básicos y sustancias químicas, como el cloro para tratamiento de agua, ha dado lugar a un aumento de las enfermedades transmitidas por el agua.

El sistema de salud en Venezuela enfrenta serios problemas al no haber equipo, ni doctores, ni medicinas.

Los servicios médicos se encuentran debilitados por el deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento y actualización de los recursos y equipo técnico, lo que agrava todavía más la escasez de medicinas e insumos.

Los pacientes que requieren tratamiento deben aportar todo: desde papel higiénico, jeringas, medicinas y hasta frazadas.

Y cuando se les acaban estos insumos se interrumpe su tratamiento.

La inestabilidad ha dado lugar a la emigración en masa de profesionales de la salud. Incluso ha cerrado la mayoría de los hospitales cuyo personal era de origen cubano.

En enero de 2016, la Cámara de la Industria Farmacéutica reconoció una deuda de 6.000 millones de dólares con proveedores internacionales.

Las farmacias solo pueden surtir 7 de cada 100 medicamentos solicitados.

El 27 de enero de 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró una emergencia nacional en el sistema de salud.

El 5 de abril de 2016, la Asamblea Nacional promulgó una ley especial para “atender la crisis humanitaria en salud”.

Con esta legislación se permitiría al Gobierno venezolano buscar asistencia internacional para responder a la crisis de salud. El 9 de junio la Corte Suprema la declaró inconstitucional.

La situación ha pasado de ser desesperada.

La violencia ha estado aumentando en las últimas semanas a medida que la escasez se hace intolerable.

Se han reportado más de 250 casos de saqueo este año en todo el país.

Los transportes de alimentos o bebidas fueron el blanco en el 81% de los casos de saqueo en sus rutas de distribución.

El 19% restante ocurrió en centros comerciales y almacenes.

Los embarques de alimentos ahora van acompañados de guardias armados, leales al Ejecutivo, protegiendo así las limitadas raciones de ciudadanos hambrientos.

El martes pasado, mientras nos encontrábamos reunidos en la Asamblea General en República Dominicana, en Cumana, más de 100 tiendas fueron saqueadas y destruidas, y se reportaron por lo menos 3 muertes.

En el estado de Trujillo, las manifestaciones ocurren todos los días pues la gente protesta por la falta de servicios básicos del Gobierno.

Esto incluye la trágica muerte de una niña de cuatro años en un tiroteo afuera de un mercado en Guatire; son estos daños irreparables del aumento de la violencia.

La falta completa de confianza en el aparato de seguridad estatal sirve de incentivo para que las comunidades tomen la justicia en sus manos.

La fiscalía ha abierto investigaciones en torno a 74 asesinatos presuntamente cometidos por tales grupos en los primeros cuatro meses de este año.

Los índices de violencia y delincuencia han alcanzado niveles históricos.

Las estadísticas oficiales del Gobierno, que no son publicadas con regularidad, indican que en 2015 ocurrieron 58,1 homicidios por cada 100,000 personas.

La sociedad civil cuenta 90 homicidios por cada 100,000 personas.

En 2015, el número de muertes violentas fue superior en Venezuela que el registrado en Afganistán.

El 66,7% de la población se siente muy insegura o en cierta forma insegura.

La escala de la victimización también ha aumentado drásticamente. En 2013, 54,2% de la población decía que ni ellos ni ningún familiar habían sido víctimas de un delito. En 2015, esa cifra bajó a 10,6%.

La penalización del Estado también es motivo de preocupación creciente.

Tres de cada cuatro venezolanos dijeron en una encuesta nacional que no creían que la policía podía protegerlos.

La policía, la Guardia Nacional, los jueces, los fiscales y el personal carcelario están involucrados de manera tácita o expresa en la delincuencia organizada, incluso en secuestros, asesinatos, robos o narcotráfico.

La fuerza paramilitar establecida por el Gobierno para reprimir la delincuencia organizada, ha sido acusada de ejecuciones sumarias.

No hay datos oficiales sobre las personas que mueren a manos de las fuerzas de seguridad.

En los últimos cuatro años murieron 1320 integrantes de fuerzas policiales y militares; de ellos, 75% no estaban de servicio en el momento de su muerte.

Este año ya se han notificado más de 109 muertes de integrantes de fuerzas policiales y de seguridad desde el 1 de enero.

Venezuela está en un estado perpetuo de lucha civil.

El colapso de una gestión de gobierno responsable y efectiva se ve exacerbado por la corrupción endémica que plaga al Gobierno.

Un estudio reciente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional suscitó preocupación en torno a gastos del Gobierno, que ascienden a 69.000 millones de dólares por presunta corrupción.

Dos ex integrantes del gabinete del difunto presidente Hugo Chávez han presentado quejas por la desaparición de ingresos derivados del petróleo del orden de los 300.000 millones de dólares.

Transparencia International clasifica a Venezuela en el lugar 158 entre 168 países evaluados en lo que se refiere a la corrupción. Esta es la posición más baja en el continente americano.

Los países que están por debajo, es decir, Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán e Iraq, son regímenes ilegítimos o países devastados por guerras prolongadas.

El Gobierno ha perdido la confianza del público, con 75% de los venezolanos consideran que hay corrupción generalizada.

Los derechos civiles y políticos son una clase de derechos que protegen las libertades individuales.

Garantizan la participación de las personas en los procesos de adopción de decisiones que las afectan, sin discriminación y sin represión.

El gobierno venezolano ha creado un esquema de persecución política en contra de quienes expresan opiniones contrarias.

Hay prensa libre cuando la prensa realiza una sana cobertura de las noticias políticas, se garantiza la seguridad de los periodistas y la prensa está protegida de presiones jurídicas o económicas indebidas.

En Venezuela, los medios de comunicación son sujetos regularmente a procedimientos penales y administrativos, a la prohibición de viajar, a censura indirecta y al acoso.

Los persiguen por publicar noticias o artículos con una óptica crítica del Gobierno.

Disposiciones poco precisas relacionadas con la “incitación al odio”, la “intolerancia” o la “incitación a la violencia” que se han usado de manera discrecional para iniciar procedimientos administrativos contra medios de comunicación que cuestionan o impugnan la propaganda del Gobierno, crean un ambiente de autocensura.

Las licencias de difusión están controladas por medio de un proceso opaco y discrecional, y con frecuencia se las suspende o no se las renueva.

La empresa estatal Corporación Maneiro controla el acceso al papel periódico.

Se acusa a empresarios supuestamente vinculados al Gobierno de comprar medios de comunicación, dándole a la cobertura periodística un tono favorable al Gobierno.

A las personas que han acudido a declarar ante esta institución que representamos sobre los retos que enfrentan en Venezuela, su Gobierno las llama “traidores de la patria”.

Una persona que no está de acuerdo con las medidas tomadas por un Gobierno elegido democráticamente no es un traidor.

La política es una discusión de ideas en busca del bien común.

Cuando el hombre que te acusa de ser traidor a la patria también controla las fuerzas armadas, los órganos de inteligencia, la policía nacional y el poder judicial, se trata de un acto abierto de intimidación.

La falta de un auténtico diálogo político ha llevado a los ciudadanos a salir a la calle a protestar para hacerse oír.

La penalización de protestas para acallar las críticas es la acción de un Estado autoritario.

Las tendencias en Venezuela han sido perturbadoras, a la vez que se está usando a los tribunales y a los juicios penales en medida creciente como arma de persecución política.

En Venezuela, las protestas públicas suelen ser reprimidas con fuerza excesiva.

El enero de 2015, autoriza explícitamente el uso de armas de fuego para controlar encuentros públicos y protestas pacíficas.

Esto contradice directamente la propia Constitución de Venezuela.

En 2013, cuando el Presidente Nicolás Maduro asumió el cargo, según el Foro Penal Venezolano había 11 presos políticos.

Entre enero de 2014 y el 31 de mayo de 2016 se denunciaron al Foro 4253 detenciones, arrestos o encarcelamientos.

Todos ellos vinculados a diversas protestas y críticas contra el Gobierno de Venezuela.

Actualmente hay 1986 personas a quienes se les aplican medidas restrictivas.

Otras 94 están en la cárcel.

Son Leopoldo López y Antonio Ledezma, entre otros.

También son las personas utilizadas para hacer propaganda, los chivos expiatorios de los fracasos de la política del Gobierno.

Ese es el caso de Manny, un hombre de 54 años, con dos hijos. También era Director General de la cadena de supermercados Día Día.

El 2 de febrero de 2015, Manny fue arrestado, sin orden de arresto, afuera del Palacio de Miraflores, cuando salía de una reunión con el Vicepresidente de Seguridad Alimentaria.

Al cabo de 51 días de detención en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en El Helicoide, Manny fue acusado de delitos tales como acaparamiento, agravación de la escasez de alimentos e intentos de desestabilizar la economía.

El día de su arresto, las fuerzas de seguridad del Gobierno ocuparon los supermercados Día Día.

En noviembre de 2015, Manny fue liberado del centro de detención y se le siguen aplicando medidas restrictivas.

Este domingo pasado, Francisco Marquez Lara y Gabriel San Miguel fueron detenidos arbitrariamente por la Guardia Nacional mientras viajaban al Estado de Portuguesa para apoyar el proceso de referendo revocatorio.

Han sido interogados extensivamente por la policia y por el servicio de inteligencia, sin la presencia de sus abogados.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha encontrado más de 300 casos de detención arbitraria en Venezuela.

Desde 2014 se han denunciado al Foro Penal Venezolano 145 casos de castigo cruel e inhumano, incluida la tortura.

Gerardo es uno de los 120 estudiantes que fueron arrestados por la Guardia Nacional Bolivariana, sin orden de arresto, el 8 de mayo de 2014, en Chacao, Caracas. Formaba parte de un grupo de estudiantes que hicieron un campamento como medio de protesta pacífica junto a la sede del PNUD en Chacao.

El 21 de agosto 2014, varios oficiales sacaron a Gerardo de su celda. Lo esposaron a un caño, colgando del techo, donde lo dejaron más de 12 horas, con las muñecas envueltas con periódicos y cinta adhesiva para reducir al mínimo las marcas.

Fue golpeado violentamente, sufirendo serias lesiones en las piernas y en la espalda.

Lo acusaron de delitos menores de narcotráfico pero nunca se presentaron pruebas de su delito.

Gerardo fue detenido durante 17 meses, permaneciendo bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

En agosto de 2015, Joselyn, de 23 años, fue arrestada en el estado Falcón y permaneció detenida en una cárcel de máxima seguridad en Corco, donde compartía una celda con otros nueve presos.

Debido a la temperatura agobiante, los presos solían dormir desnudos, y de comer les daban solamente alimentos podridos.

Durante su permanencia en la cárcel, Joselyn sufrió violaciones sexuales y graves golpizas, tanto en el momento de su arresto como durante su detención.

Un mes más tarde le avisaron a la familia de Joselyn que la estaban poniendo en libertad a fin de que recibiera atención médica adecuada para sus graves lesiones.

Daniel tiene 18 años. El 18 de mayo, fue arrestado por el SEBIN, alegándose que había participado en protestas a favor del referéndum.

Durante el período en que estuvo encarcelado, a Daniel le propinaron duras golpizas y le aplicaron la picana eléctrica.

Otras seis personas que fueron arrestadas junto con Daniel declararon que se les aplicó un trato similar, con golpizas, amenazas de violación y picana eléctrica.

Daniel sigue incomunicado en El Helicoide, sede del SEBIN.

Debemos recordar que, cuando hablamos de presos políticos, no son simplemente cifras y estadísticas.

Son personas…

Tienen un rostro, un nombre y una historia…

Son madres, padres, hermanas, hermanos, hijos, hijas y cónyuges…

Son ciudadanos a quienes les importa el futuro de su país…

Tener presos políticos es claramente un acto de un régimen autoritario…

No puede haber diálogo cuando un gobierno detiene y encarcela arbitrariamente a quienes se expresan en su contra.

Eso no es democracia.

Estos relatos son solo unos pocos de los miles de relatos de ciudadanos venezolanos que han sido detenidos arbitrariamente debido a sus ideas.

No sus actos, sino sus ideas.

No basta con que no haya alimentos.

No basta con que no haya hospitales ni medicamentos.

No basta con que el nivel de delitos violentos se encuentre entre los más altos del mundo.

Cuando los ciudadanos se organizan para expresar su preocupación, los reprimen implacablemente.

El pueblo venezolano se enfrenta a un Gobierno que ya no le rinde cuentas.

Un Gobierno que ya no protege los derechos de los ciudadanos.

Un Gobierno que ya no es democrático.

La función misma del Gobierno se ha incumplido.

La separación de poderes es uno de los elementos más fundamentales de una democracia.

Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tienen cada uno su propio conjunto de responsabilidades y atribuciones, para prevenir la concentración del poder y disponer de mecanismos de control y equilibrio.

En Venezuela hemos sido testigos de un esfuerzo constante por parte de los poderes ejecutivo y judicial para impedir e incluso invalidar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional.

El ejecutivo repetidamente ha empleado intervenciones inconstitucionales en contra de la legislatura, con la connivencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Las evidencias son claras.

Después de los comicios del 6 de diciembre y antes de la instalación del período de sesiones de la nueva legislatura, 13 de los 32 magistrados y 21 suplentes del Tribunal Supremo prestaron juramento mediante nombramientos partidistas.

Como resultado, una cadena de decisiones posteriores del Tribunal Supremo ha adoptado un modelo de bloquear cada una de las leyes promulgadas por la Asamblea Nacional.

Estas resoluciones han incluido una serie de decisiones para impedir que tres diputados ocupen sus escaños y así reducir la mayoría calificada de la oposición a una mayoría simple.

Invalidando la legislatura, el Tribunal Supremo aprobó dos decretos ejecutivos que declararon un estado de emergencia y un estado de emergencia económica, lo que concentró el poder en manos del ejecutivo y estableció límites arbitrarios a la autoridad de la legislatura sobre los contratos públicos, los altos funcionarios y el presupuesto.

Estos decretos ejecutivos también se han prorrogado dos veces.

El Tribunal Supremo ha determinado, además:

Limitar las funciones de auditoría de la legislatura, con lo cual se elimina la rendición de cuentas externa del Gobierno.

Eliminar la facultad de la legislatura para revocar los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo.

Impedir que cualquier enmienda constitucional sea aplicable al actual Presidente.

Declarar inconstitucionales y por ende inválidas las leyes para reformar el Banco Central, el Tribunal Supremo, enmendar el Reglamento Interior y de Debates del Congreso y la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad.

Bloquear la liberación de presos políticos detenidos por el Gobierno y

Prohibir las protestas no autorizadas en los alrededores del Consejo Nacional Electoral y ordenar que la Guardia Nacional y la Policía Nacional repriman “las protestas violentas”.

Por último, el Tribunal Supremo expidió un fallo oficial el 14 de junio para restringir las facultades de la Asamblea Nacional, pues afirma que se está extralimitando al pretender usurpar funciones del Ejecutivo.

El activismo del Tribunal Supremo se ha disparado con el número de fallos en el período de febrero a marzo de 2016, al pasar de dos a 252.

Entre el 5 de enero y el 24 de mayo se registraron nueve apelaciones. Todas las decisiones se han dispuesto a favor del poder ejecutivo.

Estos ejemplos demuestran claramente la falta de independencia del poder judicial.

El sistema tripartito de la democracia ha fracasado y el poder judicial ha sido cooptado por el ejecutivo.

Más del 60% de los jueces de los tribunales de primera instancia pueden ser destituidos de sus cargos, sin el debido proceso, si una comisión del Tribunal Supremo así lo decide.

La provisionalidad y la temporalidad de jueces y fiscales debilita aún más la independencia judicial y las posibilidades de imparcialidad.

A su vez, la falta misma de credibilidad en el poder judicial desalienta a los candidatos calificados de intentar obtener puestos en la judicatura.

La falta de independencia del poder judicial socava el acceso de los ciudadanos a la justicia.

En una encuesta reciente, solamente el 31% de las personas que respondieron aseveraron tener confianza en su sistema nacional de justicia.

La legitimidad de un Gobierno requiere la confianza de su ciudadanía.

En 1999, el entonces Presidente Hugo Chávez consagró la figura del referendo revocatorio en la Constitución de Venezuela como un vehículo para asegurar la “democracia participativa y protagonista”.

Este proceso está previsto en la Constitución.

En Venezuela, todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.

El artículo 72 señala que se puede convocar a un referendo revocatorio “transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria”.

Si el referendo da como resultado la revocación del Presidente durante los primeros cuatro años, entonces “se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes”.

Si el plebiscito se lleva a cabo después de los primeros cuatro años, el Vicepresidente Ejecutivo asumirá la presidencia durante el período restante.

Debido a la falta de claridad en el proceso, incluso es imposible confirmar estas fechas.

Para activar el proceso revocatorio se requieren las firmas del 1% de electores que soliciten un referendo. Luego esa activación tiene que ser apoyada por al menos el 20% del público elector.

Si la Junta Nacional Electoral puede verificar los resultados, el Consejo Nacional Electoral convoca el referendo presidencial.

Para revocar el mandato presidencial la tasa de participación electoral debe ser superior al 25% y el número votos válidos debe ser igual o mayor al número de votos con los cuales se eligió al Presidente.

Nadie está por encima de la Constitución.

En agosto de 2004, cuando el Presidente Hugo Chávez enfrentó un referendo revocatorio el 59,1% del público votó en contra de su destitución.

Es responsabilidad del Presidente y del Consejo Nacional Electoral implementar este proceso, de conformidad con sus deberes legislativos y constitucionales.

Seguir un procedimiento previsto en la Constitución no es un golpe de Estado;

Por el contrario, negar, postergar u obstruir este proceso por cualquier vía es un abuso de poder y un trastorno patente del orden democrático.

El Consejo Electoral no ha proporcionado las garantías necesarias para la celebración del referendo revocatorio.

Se han expresado numerosas quejas sobre intentos deliberados de demorar activamente el proceso, entre ellas:

demoras en la entrega de las planillas requeridas para reunir el 1% de firmas;

retrasos en la verificación y validación del 1% de firmas;

creación de cuatro requisitos nuevos de digitalización, verificación, transcripción y auditoría, y

amenazas de difundir públicamente los nombres de quienes firmen en favor del referendo.

La coalición de la oposición ha presentado más de diez veces la cantidad de firmas que se requieren para iniciar el primer paso en el proceso.

Tras varios meses de retraso, el proceso de validación se inició apenas esta semana.

A través de un proceso opaco, el Consejo repetidamente ha incumplido sus propios plazos y ha actuado en violación de sus propias reglas.

Adicionalmente, cuatro de los cinco miembros del Consejo Electoral están vinculados con el partido en el poder, el PSUV.

Estos vínculos ponen en entredicho la capacidad de la mayoría de los miembros para decidir de manera independiente e imparcial.

Bajo estas circunstancias excepcionales, es imperativo que el proceso sea implementado de manera oportuna y transparente por una institución neutral que mantenga la confianza pública.

Los grupos que abogan por un referendo revocatorio han cumplido hasta ahora sus responsabilidades en este proceso.

El Gobierno y el Consejo Electoral no lo han hecho. La celebración del referendo revocatorio en 2016 es la única manera constitucional de resolver la crisis política en Venezuela.

Como miembros del sistema interamericano, todos queremos lo mismo:

Una solución pacífica a la crisis en Venezuela.

La vuelta al orden democrático.

El fin de la crisis humanitaria.

Estabilidad, alimentación, salud y seguridad adecuados.

El objetivo hoy es no castigar ni sancionar a Venezuela.

Estamos aquí para apoyar a un Estado miembro y ayudarlo a volver al camino de la democracia – en ese sentido apoyo la idea de que se constituya un grupo de países amigos de la OEA.

Así pues, hoy les solicito a ustedes, miembros del Consejo Permanente, que consideren las recomendaciones que les he planteado:

Que se lleve a cabo antes del final de 2016 el referendo revocatorio previsto en la Constitución.

Que se libere de inmediato a todos los presos políticos.

Que los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno venezolano hagan a un lado sus diferencias y empiecen a trabajar juntos de inmediato para responder a la crisis humanitaria.

Que todos los poderes del Gobierno trabajen juntos para recuperar la estabilidad y la seguridad en el país.

Que el poder ejecutivo cese de inmediato sus esfuerzos por desconocer a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y que se implementen y apliquen todas las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional.

Que se nombre a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso transparente acordado conjuntamente por los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno.

Que se establezca un ente independiente para combatir la corrupción, compuesto por expertos internacionales, facultado para hacer frente a la situación financiera en Venezuela.

Y, por último, afrecemos apoyo técnico a la Comisión de la Verdad y solititamos que se asegure la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Sí, la democracia requiere diálogo.

Pero para que este diálogo sea eficaz, debe ir acompañado de acciones.

La democracia no tiene nacionalidad

La democracia es más que una elección; es más que contar votos en las urnas.

Es libertad.

Libertad de expresión, de asociación, de reunión.

Una ciudadanía empoderada.

Una judicatura independiente.

Una estructura de seguridad que tenga la confianza del pueblo y que le rinda cuentas.

Es el ejercicio legítimo del poder dentro del Estado de derecho.

Los Gobiernos democráticos tienen una responsabilidad hacia sus ciudadanos.

La responsabilidad de proveer seguridad, dar acceso a las necesidades básicas, proteger los derechos humanos.

Y rendir cuentas.

Asi que les pido considerar las vidas, la salud y la seguridad del pueblo venezolano.

El Consejo Permanente debería adoptar las medidas necesarias para abordar la crisis humanitaria inédita e innecesaria en Venezuela.

Debería expresarse respecto a los presos políticos y los persistentes informes de tortura.

Debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su solicitud de un referendo revocatorio.

El Consejo Permanente debe mantenerse del lado correcto de la historia y defender a un pueblo que necesita voz.

Solo volviendo a un ejercicio legítimo y responsable del poder, podrá Venezuela volver a la senda de la paz y de la prosperidad.




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