Lula se queja de la “gravísima” situación de Brasil en carta a Maduro

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium).- El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva envió una carta al presidente Nicolás Maduro, en donde detalla “la gravísima situación” que Brasil vive actualmente.

Aseguró que la oposición brasilera “no titubeó” en desencadenar un proceso de impeachment inconstitucional “y completamente arbitrario” contra la Presidenta Dilma Rousseff.

“Nada en su acción gubernamental puede justificar, ni tan siquiera remotamente, un proceso de anulación del mandato que el pueblo brasileño libremente le concedió”, expresó.

Escribió que las mismas fuerzas que intentan “arbitrariamente derribar” a la Mandataria de esa nación también “quieren criminalizar” los movimientos sociales y “principalmente uno de los mayores partidos de izquiera democrática” de América Latina, el PT.

A CONTINUACIÓN EL TEXTO ÍNTEGRO

Luiz Inácio Lula da Silva

Ex-Presidente da República Federativa do Brasil

Ao Excmo. Señor Nicolás Maduro

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

São Paulo, 26 de agosto de 2016.

Estimado amigo Nicolás Maduro,

Me dirijo a Ud. para informarle sobre la gravísima situación política e institucional que vive Brasil, país que tuve el honor de presidir de 2003 a 2010.

Me tomo la libertad de escribirle en nombre del respeto y la amistad existente entre nosotros y por los cuales tanto le agradezco.

Me enorgullezco de haber conseguido, a pesar de la complejidad inherente a las grandes democracias y de los problemas crónicos de Brasil, unir a mi país alrededor de un proyecto de desarrollo económico con inclusión social que nos hizo dar un verdadero salto histórico en lo que se refiere a crecimiento productivo, generación de empleos, distribución de renta, combate a la pobreza y ampliación de las oportunidades de educación.

Por medios pacíficos y democráticos fuimos capaces de sacar al Brasil del mapa del hambre en el mundo elaborado por la ONU, liberamos de la miseria a más de 35 millones de personas que vivían en condiciones inhumanas y elevamos la renta y el consumo de otros 40 millones de ellas, en el mayor proceso de movilidad social de nuestra historia.

En 2010, como se sabe, fui sucedido por la Presidenta Dilma Rousseff, también del Partido de los Trabajadores, que había dedicado su vida a la lucha contra la dictadura militar, en favor de la democracia y de los derechos de la población pobre de nuestro país.

A pesar de enfrentar un escenario económico internacional adverso, la Presidenta Dilma consiguió mantener al país en el rumbo del desarrollo y consolidar los programas sociales emancipadores, prosiguiendo en la reducción de las enormes desigualdades materiales y culturales todavía existentes en la sociedad brasileña.

En 2014, la Presidenta Dilma fue reelegida con 54 millones de votos, derrotando a una poderosa coalición de partidos, empresas y medios de comunicación que predicaba el retroceso histórico del país con la reducción de importantes programas de inclusión social, la supresión de derechos básicos de las clases populares y la enajenación del patrimonio público construido con el sacrificio de innumerables generaciones de brasileños.

La coalición adversaria, vencida en las urnas en 2002, 2006, 2010 y 2014, no se conformó con la derrota y desde la proclamación del resultado buscó impugnarlo por todos los medios legales, sin obtener éxito.

Pero, una vez agotados los recursos legales, en lugar de acatar la decisión soberana del electorado, volviendo a su legítimo trabajo de oposición y preparándose para disputar la próxima elección presidencial, como siempre lo había hecho el PT en las elecciones que perdió, los partidos derrotados y los grandes grupos de medios se rebelaron contra las propias reglas del régimen democrático, comenzando a sabotear al gobierno y a conspirar para apoderarse del poder por medios ilegítimos.

Durante todo el año 2015, torpedearon de manera sistemática los esfuerzos del gobierno para redefinir la política económica en el sentido de resistir al creciente impacto de la crisis internacional y recuperar el crecimiento sostenible. Crearon un clima artificial de callejón sin salida política e institucional, con efectos profundamente dañosos sobre la vida del país, contaminando el ambiente de negocios, dejando inseguros a productores y consumidores, constriñendo las decisiones de inversión. En su afán de inviabilizar el gobierno, apostaron contra el país, llegando incluso a aprobar en el parlamento un conjunto de medidas derrochadoras e irresponsables destinadas a comprometer la estabilidad fiscal.

Finalmente, no titubearon en desencadenar un proceso de impeachment inconstitucional y completamente arbitrario contra la Presidenta de la República.

Dilma Rousseff es una mujer íntegra, cuya honradez personal y pública es reconocida incluso por sus adversarios más reñidos. Nunca fue, ni está siendo, acusada de ningún acto de corrupción. Nada en su acción gubernamental puede justificar, ni tan siquiera remotamente, un proceso de anulación del mandato que el pueblo brasileño libremente le concedió.

La constitución brasileña es categórica en ese sentido: sin la existencia de crimen de responsabilidad no puede haber impeachment. Y no hay ningún acto de la Presidenta Dilma, absolutamente ninguno, que pueda caracterizarse como crimen de responsabilidad.

Los procedimientos contables utilizados como pretexto para la destitución de la Presidenta son idénticos a los adoptados por todos los gobiernos anteriores y por el propio vicepresidente Michel Temer en las ocasiones en que él sustituyó a la Presidenta por motivos de viaje. Nunca constituyeron motivo de penalización de los gobernantes ni mucho menos una justificativa para derribarlos. Se trata, por lo tanto, de un proceso estrictamente político, que viola abiertamente la Constitución y las reglas del sistema presidencialista, en el cual es el pueblo quien elige directamente al Jefe del Estado y de Gobierno cada cuatro años.

Las fuerzas conservadoras quieren obtener por medios turbios aquello que no consiguieron democráticamente: impedir la continuidad y el avance del proyecto de desarrollo e inclusión social liderado por el PT, imponiendo al país el programa político y económico derrotado en las urnas. Quieren a todo costo comandar el Estado para apoderarse del patrimonio nacional, como ya empieza a suceder con las reservas petrolíferas en aguas profundas, así como desarmar la red de protección a los trabajadores y a los pobres que fue ampliada y consolidada en los últimos trece años.

Las mismas fuerzas que intentan arbitrariamente derribar a la Presidenta Dilma e implantar su agenda antipopular, también quieren criminalizar los movimientos sociales y, principalmente, uno de los mayores partidos de izquierda democrática de América Latina, el PT. Y no se trata de una mera retórica autoritaria: el PSDB, principal partido de oposición, ya presentó formalmente una propuesta de cancelación del registro del PT, con el objetivo de prohibir su existencia. Temen que en 2018, en elecciones libres, el pueblo brasileño pueda elegirme Presidente de la República, para rescatar el proyecto democrático y popular.

La lucha contra la corrupción, que es un azote secular en Brasil y en tantos otros países y que debe ser combatida de forma permanente por todos los gobiernos, fue distorsionada y transformada en una implacable persecución política y de los medios de comunicación contra el PT. Las denuncias contra líderes de partidos conservadores son sistemáticamente silenciadas y archivadas, mientras que acusaciones semejantes a cualquier personalidad del PT pasan a ser de inmediato, al margen del debido proceso legal, una condenación irrevocable en la mayor parte de los medios de comunicación.

La verdad es que el combate a la corrupción en Brasil pasó a ser mucho más vigoroso y eficaz a partir de los gobiernos del PT, con el respeto que antes no existía a la plena autonomía del Ministerio Público y de la Policía Federal en el ejercicio de sus atribuciones, la ampliación del presupuesto, de la plantilla de funcionarios y la modernización tecnológica de esas instituciones, la nueva ley de acceso a la información y la divulgación de las cuentas públicas en internet, los acuerdos de cooperación internacional en el enfrentamiento a la corrupción y el establecimiento de penalidades mucho más rigurosas para los corruptos y miembros de organizaciones criminales.

Todos nosotros, los demócratas interesados en el perfeccionamiento institucional del país, apoyamos el combate a la corrupción. Las personas que comprobadamente hayan cometido crímenes deben pagar por ellos dentro de la ley. Pero los jueces, fiscales y policías también están obligados a cumplir la ley y no pueden abusar de su poder contra los derechos de los ciudadanos. Las personas no pueden ser públicamente condenadas (y tener su reputación destruida) antes de la conclusión del debido proceso legal y menos aún por medio de la fuga deliberada de informaciones practicada por las propias autoridades con fines políticos. Una justicia discriminatoria y partidarizada será fatalmente una justicia injusta.

Personalmente, no temo ninguna investigación. Desde que comencé mi trayectoria política y, particularmente en los dos últimos años, tuve toda mi vida pública y familiar invadida: viajes, llamadas telefónicas, sigilo fiscal y bancario; fui objeto de todo tipo de insinuaciones, mentiras y ataques publicados como verdad absoluta por los grandes medios, sin que se haya encontrado ninguna desviación en mi conducta ni prueba de envolvimiento en ningún acto irregular. Si la justicia es imparcial, las acusaciones contra mí nunca prosperarán.

Lo que no puedo aceptar son los actos de flagrante ilegalidad y parcialidad practicados contra mí y mis familiares por autoridades policiales y judiciales. Son inadmisibles las divulgaciones en la televisión de conversaciones telefónicas sin ningún contenido político, la coacción de presos para que hagan denuncias mentirosas contra mí a cambio de su libertad, o la conducción forzada, completamente ilegal, ocurrida el pasado mes de marzo, para dar declaraciones sobre las cuales yo ni tan siquiera había sido notificado.

Por eso, mis abogados interpusieron una representación en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, relatando los abusos cometidos por algunas autoridades judiciales que quieren, a cualquier costo, eliminarme de la vida política del país.

Mi trayectoria de más de 40 años de militancia democrática, que comenzó en la resistencia sindical durante los años sombríos de la dictadura, continuó en el esfuerzo cotidiano de organizar a la sociedad brasileña desde la base y hacer que tomara conciencia, hasta ser elegido como el primer Presidente de la República de origen obrero, es mi mayor patrimonio y nadie me hará renunciar a él.

Los vínculos de fraternidad que construí con los brasileños y brasileñas, en la ciudad y en el campo, en las favelas y en las fábricas, en las iglesias, en las escuelas y universidades y que llevaron a la mayoría de nuestro pueblo a apoyar el victorioso proyecto de inclusión social y promoción de la dignidad humana, no serán anulados por ningún tipo de arbitrariedad.

De la misma forma, nada me hará renunciar, como lo saben los liderazgos de todo el mundo con los cuales trabajé en armonía y estrecha cooperación, antes y después de mis dos mandatos presidenciales, al compromiso de vida con la construcción de un mundo sin guerras, sin hambre y con más prosperidad y justicia para todos.

Le agradezco de antemano la generosa atención que Ud. ha dedicado a este mensaje y me pongo a su entera disposición, como siempre lo estuve, para cualquier aclaración o reflexión de interés común.

Le reitero mi respeto y amistad y me despido con un saludo fraterno.

Luiz Inácio Lula da Silva.