NYT: Impedir el RR ha sido la principal meta del gobierno

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium) – Francisco Suniaga publicó un artículo de opinión en The New York Times, donde se refiere en primer lugar a la marcha llamada la “Toma de Caracas” que se realizó el pasado 1 de septiembre con el fin de pedir la activación del 20% rumbo al Referendum Revocatorio. Además resaltó las medidas implementadas por el Gobierno para ese día como la restricción de vuelos privados y drones.

A su juicio del articulista, “impedir ese referendo, que pondría fin al proyecto chavista tras 17 años en el poder, ha sido la principal meta política del gobierno de Maduro desde el 6 de diciembre del año pasado”.

A continuación el artículo completo publicado en NYT

Hace un mes la oposición venezolana convocó a una marcha llamada la “Toma de Caracas”. El primer indicio de que no iba a ser un evento cualquiera vino del propio gobierno. Días antes de la manifestación el 1 de septiembre ordenó que se desplegaran miembros de la Guardia Nacional en puntos estratégicos de la ciudad, armados y protegidos con sacos de arena y tanquetas como si esperaran una invasión extranjera.

También cerró el espacio aéreo a los aviones privados, drones incluidos, arrestó arbitrariamente a líderes opositores y, como cierre, el día de la manifestación bloqueó los accesos a Caracas –línea dura que se acentuó durante el fin de semana con nuevas detenciones de opositores y periodistas independientes–.

Con esas medidas el gobierno convirtió en paro general lo que solo era una marcha. Los venezolanos recogieron el guante, pasaron por encima de todos los obstáculos e hicieron historia para demostrar que son mayoría y que reclaman la realización de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, tal como está establecido en la constitución.

Impedir ese referendo, que pondría fin al proyecto chavista tras 17 años en el poder, ha sido la principal meta política del gobierno de Maduro desde el 6 de diciembre del año pasado, cuando recibió una contundente derrota en las elecciones legislativas. Los obstáculos formales para su celebración, colocados desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), ente oficial electoral controlado por el Gobierno, han sido muchos pero la oposición los ha ido superando, uno a uno.

La marcha del jueves pasado fue convocada con el objetivo de presionar al CNE para que fije el cronograma de su realización. La marcha fue un gran éxito. Pero no solo por sus enormes proporciones y su carácter no violento, sino también por el efecto que causó en los partidarios de Chávez: ratificó el rechazo mayoritario del gobierno y así materializó el fantasma de su derrota definitiva.

Han surgido algunas críticas desde las filas opositoras: se trata de gente –por suerte muy poca– que aspiraba obtener mayores logros con la movilización. Radicales con déjà vu del “Chávez vete ya” que condujo al catastrófico golpe de abril de 2002.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organización que agrupa a la oposición venezolana, ha tenido la dura tarea de tratar de derrotar democráticamente al gobierno de Maduro, al tiempo que debe librar una esgrima agotadora con sus propios radicales. Son los que nunca entendieron el calado social del chavismo, la complejidad de la situación venezolana y la necesidad de resolver el entuerto sin que Venezuela se convierta en Siria. El camino escogido para hacerlo, que cumple con los requisitos de ser electoral, democrático, pacífico y constitucional, es el más largo y engorroso, pero no hay otro salvo esperar las elecciones de 2018.

La pregunta obvia sería, ¿y por qué no esperar? Hay varias razones para apurar la marcha: amén de una severa crisis política, que traba el mecanismo de toma de decisiones colectivas, Venezuela vive una crisis económica y social que llega a niveles de humanitaria. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro ha debido saltarse ciertas formas diplomáticas, inherentes a su autoridad, para diagnosticar y llamar la atención de la comunidad internacional sobre las dimensiones del problema.

Su informe de la situación venezolana es una buena fuente para conocer en detalle las calamidades que a diario enfrentan sus ciudadanos. Citando al Fondo Monetario Internacional (FMI), Almagro estima que en 2016, Venezuela tendría una reducción adicional del PIB de 8 por ciento, una inflación de 700 por ciento, un déficit fiscal de 17 por ciento y acumulará 130 mil millones de dólares en una deuda externa que ejerce un peso importante en sus finanzas.

El efecto de estos números sobre el ciudadano es devastador –escasez, hambre, deterioro del sistema de salud– y facilita entender por qué salir de Maduro es una necesidad urgente.

Pero no hay atajos y sería nefasto que se intentaran. Lo que queda es forzar por vías democráticas, como la movilización masiva, la voluntad del gobierno. Nuevas acciones anunciadas por la MUD tienen el mismo cariz y objetivo: obligarlo a que fije el cronograma que permita la realización del revocatorio este año.

Las fechas son cruciales. La norma pauta que si el referendo se celebra después de transcurrida la mitad de su gobierno (10 de enero de 2017), y Maduro sale derrotado, no se convocarían nuevas elecciones sino que el vicepresidente terminaría el mandato, que se extiende hasta enero de 2019.

Por eso es crucial para la oposición que el referendo se celebre en 2016, para obligar a nuevas elecciones, asumir el poder ejecutivo y producir el cambio político que permita tomar las decisiones urgentes en materia económica y social. Cambio que debería conducir a una refundación del sistema político. Un nuevo marco que haga posible una democracia moderna y abierta en todos los sentidos, con garantías plenas para las minorías.

El gobierno de Maduro está fragmentado, lo que explica muchas de sus decisiones disparatadas, y no acepta entregarse sin antes tener una vía de escape. Muchos de sus altos funcionarios y jefes políticos (varios de ellos militares activos al mismo tiempo) saben que son responsables de delitos que van desde el tráfico de drogas hasta el robo de los dineros públicos, pasando por abusos a los Derechos Humanos.

Eventualmente deberán ser juzgados –dentro de los estándares de justicia transicional internacional–, pero mientras eso ocurre serán un obstáculo serio a una salida como el revocatorio.

El camino al restablecimiento democrático escogido por la oposición venezolana es muy angosto, sinuoso y está minado. Las movilizaciones de la oposición –en el cierre del acto del 1 de septiembre se anunciaron nuevas marchas– tienen el potencial para lograr el objetivo de convocar el referendo revocatorio este año.

Hará falta que su dirigencia tenga habilidad para iluminar al santo sin que las velas lo quemen, y sin que el milagro de recuperar a Venezuela y convertirla en una democracia moderna y próspera, llegue tarde.