Ortega Díaz: Maduro ha “hipotecado la nación” con el Arco Minero

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(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium).- Luisa Ortega Díaz, fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, consignó un recurso de nulidad contra el decreto del Arco Minero ante magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Bogotá.

Aseguró que el Estado lo que busca es seguir enriqueciéndose con el Arco Minero. “El Gobierno de Maduro ha hipotecado la nación con el Arco Minero (…) Maduro oficializó ‘estructuras perversas y mafiosas cívico-militar’ a través del Arco Minero”, dijo.

Asimismo, acotó que se está poniendo en riesgo ecosistemas que son patrimonio de la humanidad, pues indicó que el Arco Minero contaminará irreversiblemente los suelos por la utilización de cianuro.

“La Malaria se agudizará con la utilización de cianuro en el Arco Minero”, advirtió.

Explicó que convenios suscritos con otros países con el Arco Minero “es írrito”, en este sentido, le pidió al Tribunal Supremo de Justicia que debe informar a integrantes del Arco Minero que los contratos “no serán reconocidos”.

“Queremos advertir al mundo y sobre todo a aquellos países que han participado de las negociaciones, de los contratos, de los convenios, en el marco del Arco Minero que (…) son ilegales, son ilícitos, no tienen ningún soporte porque no fueron aprobados por la Asamblea Nacional”, complementó.

El 24 de febrero del 2016, Maduro ordenó certificar las reservas del Arco Minero del Orinoco, una franja con una extensión aproximada de 111.000 kilómetros cuadrados que se extiende desde la Guayana Esequiba hasta la frontera con Colombia y dispone de yacimientos de oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales.

En ese entonces, Maduro firmó con representantes de más de 150 empresas de 35 países “un conjunto de contratos para proceder a la certificación de tres áreas del Arco Minero del Orinoco”.

Los magistrados hacen parte del grupo de 33 integrantes del TSJ que se juramentó en Caracas el pasado 21 de julio ante la Asamblea Nacional (AN).

Ortega señaló que con esta zona se busca satisfacer “las ambiciones y los intereses de las grandes corporaciones a las que han sido otorgados los contratos”.

“El Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público estamos articulando, porque tenemos la obligación histórica de rescatar al país y devolver a nuestro pueblo la esperanza de un mejor futuro”, sentenció.

La exfiscal dijo que además pretenden “garantizar el hábitat” en esa zona “muy frágil” y la “supervivencia” de los pueblos ancestrales, así como evitar el “deterioro irreversible” de los “monumentos naturales” en esa zona, que, aseguró, tiene una extensión mayor a la de Portugal y Bélgica.




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