Las protestas violentas obligan a declarar estado de emergencia en Perú

La prensa local ha difundido varios audios del dirigente Pepe Julio Gutiérrez en los que presuntamente condiciona el levantamiento de las protestas a la entrega de un monto de dinero.

Las protestas violentas obligan a declarar estado de emergencia en PerúCon esta medida, a partir de mañana la Policía nacional y las Fuerzas Armadas se encargarán del orden público en Islay. Crédito: AFP
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Las Fuerzas Armadas tomarán el control del orden público en el sur de Perú, donde desde hace dos meses tienen lugar violentas protestas contra un multimillonario proyecto minero. Crédito: AFP

(Lima, Perú. EFE) El Gobierno de Perú decretó hoy el estado de emergencia en la provincia sureña de Islay tras los enfrentamientos que dejaron este viernes un muerto y cinco heridos, en el marco de las protestas contra el proyecto minero Tía María.

En rueda de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, dijo que “el Gobierno ha tomado la determinación de decretar el estado de emergencia en todos los distritos de Islay, por un plazo de 60 días, de conformidad con el régimen de excepción que establece la Constitución Política”.

Con esta medida, a partir de mañana la Policía nacional y las Fuerzas Armadas se encargarán del orden público en Islay y se suspenderán las libertades referidas a la inviolabilidad de domicilio, de la libertad de tránsito y de la libertad de reunión, precisó Cateriano.

Al hacer el anuncio, el primer ministro agregó que la democracia es un sistema que obliga a los ciudadanos a solucionar las diferencias dentro del marco de la Constitución y la ley, “pero cuando las circunstancias demuestran que un grupo no quiere acatar la Constitución, el Gobierno tiene los instrumentos legales para garantizar el mantenimiento del orden público”.

Hasta el momento, las protestas en Islay contra el proyecto minero han dejado un saldo de cuatro muertos y decenas de heridos por la oposición de grupos civiles y de agricultores al desarrollo de la mina por una probable contaminación ambiental.

Las protestas contra Tía María empezaron el pasado 23 de marzo y continúan con manifestaciones y bloqueos de carreteras a pesar de que la empresa Southern Copper, del Grupo México, decidió dejar en pausa el proyecto cuprífero para responder a los cuestionamientos de los agricultores de la zona.

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, informó en la misma rueda de prensa que alrededor de 400 manifestantes intentaron hoy bloquear la carretera Panamericana Sur, a la altura del puente de Pampa Blanca, y que en el enfrentamiento con la Policía murió un hombre y resultaron heridos tres manifestantes y dos policías.

Pérez Guadalupe agregó que la víctima mortal no presenta heridas de proyectil, sino “una gran contusión a la altura del ojo izquierdo”.

La turba atacó después la comisaría de la localidad de Cocachacra con piedras y dinamita, indicó el ministro.

Por su parte, Cateriano remarcó que “el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos posibles para que esta problemática se solucione a través del diálogo” y que desde un principio ha condenado la violencia como mecanismo para solucionar los problemas.

“A pesar de que la propia empresa ofreció una pausa para que en este periodo se pueda explicar con amplitud y debatir todo lo relacionado a la temática técnica, hoy se han continuado los actos de violencia”, declaró el primer ministro.

Este viernes se mantiene una audiencia para decidir si se acepta el pedido de la Fiscalía de 9 meses de prisión preventiva contra los promotores de las protestas, entre ellos, el alcalde del distrito Deán Valdivia, Jaime de la Cruz Gallegos; el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso, y el presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez Zevallos.

A pesar de que la empresa Southern Copper, del Grupo México, anunció este mes que dará una pausa al desarrollo del proyecto Tía María por la oposición de los agricultores en la zona, sigue en pie el paro indefinido en la provincia de Islay desde el 23 de marzo para exigir su retiro definitivo.

La prensa local ha difundido varios audios del dirigente Pepe Julio Gutiérrez en los que presuntamente condiciona el levantamiento de las protestas a la entrega de un monto de dinero y también de un supuesto soborno a la jueza que rechazó inicialmente su detención.

Este viernes se mantiene una audiencia para decidir si se acepta el pedido de la Fiscalía de 9 meses de prisión preventiva contra los promotores de las protestas. Crédito: AFP

La turba atacó la comisaría de la localidad de Cocachacra con piedras y dinamita. Crédito: AFP

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