¿Podría el Parlamento destituir a Maduro con el polémico juicio político?

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, alega que la Constitución no contempla el juicio político que pretende la Asamblea. Explicó que en Venezuela "no es posible, no existe (la figura del juicio político) contra el presidente (o impeachment)"

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Caracas, Venezuela. DPA) – La Asamblea Nacional de Venezuela, que está bajo control de una mayoría opositora, impulsa un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro que, más allá de una sanción moral, no implica su destitución.

La base del procedimiento está en el artículo 222 de la Constitución, que señala que la Asamblea podrá ejercer su función de control mediante interpelaciones e investigaciones a funcionarios públicos.

“En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos y solicitar al poder Ciudadano (Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Contraloría) que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad”, señala el texto constitucional.

Los diputados opositores sostienen que el foro legislativo tiene facultad para aprobar una declaración de responsabilidad política del gobernante en la crisis económica y social del país. Sugieren también el abandono del cargo, no por dejarlo físicamente, sino por incumplir con sus responsabilidades como jefe de Estado.

En este caso, según la Constitución, la Asamblea debe declarar el abandono, así como la “revocación popular de su mandato”.

¿QUÉ DICE LA FGR?

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, alega que la Constitución no contempla el juicio político que pretende la Asamblea. Explicó que en Venezuela “no es posible, no existe (la figura del juicio político) contra el presidente (o impeachment)”.

Un posible juicio con eventual destitución debería pasar por la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el curso de un antejuicio de mérito.

El diputado y experto constitucionalista Miguel Matheus explicó que un fallo del TSJ de 2002 reconoció que el presidente y los ministros son susceptibles de recibir una sanción política.

Sin embargo, aclaró que se trata de una sanción moral, que no implica la destitución ni remoción del presidente. Señaló que en el constitucionalismo venezolano se asume que el presidente tiene origen democrático al ser electo por el voto popular, y solo puede ser revocado a través del derecho político al referéndum revocatorio (que la oposición solicitó, pero fue suspendido).

“En las actuales circunstancias, al tratarse de una responsabilidad política por la ruptura del orden constitucional y por la devastación de las bases económicas y sociales de la nación, la declaratoria de la Asamblea es un acto que, en expresión de la soberanía popular, cuestiona severamente la legitimidad del presidente y debería dar lugar a la renuncia voluntaria y a un desenlace electoral”, explicó.

EL PAPEL DEL TSJ EN LA CONFRONTACIÓN

La responsabilidad política puede acarrear procedimientos sancionatorios por causas administrativas en la Contraloría General, y de acusaciones penales por parte del Ministerio Público, siendo que estas acusaciones pueden conducir a un antejuicio de mérito, dijo Matheus.

El oficialismo pidió al TSJ declarar nulos los actos de la Asamblea en relación a la determinación de responsabilidad política del presidente.

Insisten en que el foro legislativo está en desacato al TSJ, que emitió un fallo anulando sus decisiones debido a que fueron incorporados tres diputados opositores cuya elección fue cuestionada por el oficialismo.

La Asamblea espera que el martes 1 de noviembre Maduro se presente en la cámara a responder a las acusaciones. Maduro, por su lado, desconoce la Asamblea, a la que acusa de haberse “autodisuelto”.




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