¿Pretenden que los venezolanos tengan temor a la palabra?

La lista de personas que durante los últimos años han sido detenidas, hostigadas o perseguidas judicialmente por haber manifestado su pensamiento o divulgado un determinado tipo de información, asciende a unas 20.

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium)– El 2 de octubre del 2014 María Magaly tuiteó varios mensajes que incomodaron a algunas personas: (1) “La muerte sigue y va por los rojos rojitos del Psuv…”, (2) “Veo a una mujer del Psuv, y de la revolución roja que se está hinchando por dentro…”, y (3) “Fidel Castro te queda poco en este mundo, y también morirá la dictadura aquí en Venezuela y en otros países…”.

María Magaly Contreras tiene 55 años, es venezolana, vive en el estado Zulia y se promociona a través de su cuenta en Twitter @marletmaga como “tarotista, vidente y guía espiritual”.

De acuerdo con Alejandra M. Hernández F., en su artículo para El Universal, La respuesta a estos tuits fue contundente. El 27 de octubre funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) la detuvieron y la Fiscalía le imputó los delitos de instigación pública e intimidación pública por medio de difusión de información falsa. Dos días después el Juzgado 8 de Control de la entidad ordenó su privación de libertad en la sede del Sebin de Maracaibo (Zulia), lugar donde permaneció por 5 meses y medio hasta que el 10 de abril de 2015 el tribunal decretó su libertad.

La vidente ya no se promociona en Twitter, mucho menos comenta por esta vía lo que ve en sus visiones. El tribunal le prohibió usar las redes sociales y ahora está obligada a presentarse ante él cada 15 días.

LA LISTA ES LARGA

Según la publicación, la lista de personas que durante los últimos años han sido detenidas, hostigadas o perseguidas judicialmente por haber manifestado su pensamiento o divulgado un determinado tipo de información, asciende a unas 20.

El caso de Magaly fue presentado en junio pasado por la ONG Espacio Público ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cual examinó al Estado venezolano con respecto a la implementación del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual señala que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”.

La Constitución, en su artículo 57, garantiza el derecho a opinar libremente y difundir información a través de “cualquier medio”. Esta facultad también está contemplada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19), la Convención Americana de los DDHH (artículo 13) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 4), convenios suscritos y ratificados por Venezuela.

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Pese a este reconocimiento, los distintos casos que se han registrado desde el 2010 dejan en evidencia que en Venezuela existe una “tendencia a criminalizar la opinión”, que se ha ido incrementando con el pasar de los años, afirman los expertos consultados por El Universal.

Para el director de Espacio Público, Carlos Correa, quienes manejan las riendas del país “le tienen mucho temor a la palabra”. Afirma que existe “mucho escozor” en relación a determinados temas o planteamientos, y que por eso se ha visto emerger en los últimos tiempos, por vía directa o indirecta, “una lógica de persecución penal de la opinión”. 

Los especialistas consultados por el diario nacional en su versión web, explican que la inclinación a sancionar “la expresión” se inició durante la gestión gubernamental del fallecido Hugo Chávez, ésta se focalizaba principalmente en atacar y perseguir a los medios tradicionales y a los profesionales de la comunicación. En cambio, bajo el mandato del presidente Nicolás Maduro la tendencia se ha mantenido, pero se ha extendido a toda la ciudadanía y a las nuevas modalidades de comunicación que han surgido producto de los avances tecnológicos, tales como los medios electrónicos y las redes sociales.

¿VIOLACIÓN A UN DERECHO FUNDAMENTAL?

Tan solo en 2014, entre el 22 de agosto y el 27 de octubre, fueron detenidas 9 personas -incluida María Magaly- por haber difundido por Twitter comentarios e imágenes sobre algunos funcionarios públicos. Cuatro de ellos aún continúan presos. Los otros 8 afectados son: Inés González, Abraham Muñoz, Víctor Ugas, Lessy Marcano, Ginette Hernández, Daniely Benítez, Leonel Sánchez y Skarlyn Duarte.

En seis de los nueve casos, los mensajes de los tuiteros hacían referencia, de forma directa o indirecta, a la muerte del diputado del Psuv Robert Serra.

Por ejemplo, tanto a Ginette Hernández, de 23 años, estudiante de la escuela de Artes de la UCV, como a su tío Lessi Marcano, a quien se le atribuye cualidades de vidente, se les detuvo por publicar a través de la cuenta @Hiipolita, dos tuits prediciendo que la Asamblea Nacional estaría de luto, días antes de la muerte del parlamentario. A ambos se les imputó los delitos de difusión de falsa información, agavillamiento y oferta engañosa. Los dos continúan recluidos en El Helicoide.

Según el constitucionalista Rafael Chavero, todas estas detenciones constituyen “una flagrante violación” a la Carta Magna y al derecho fundamental a opinar. A su juicio, se trata de una medida “claramente represiva” que no tiene justificación legal y que busca “silenciar cualquier voz disidente”. Considera que el gobierno recurre a esta práctica para “infundir temor”, y advierte que la “persecución y detención arbitraria” de quienes se manifiestan en contra de los que ejercen el poder, produce un “efecto disuasivo” lo suficientemente eficaz para lograr que el resto de la colectividad se inhiba de criticar.

Otros casos de detenciones están relacionados con el hostigamiento a las fuentes informativas, práctica que según el director de Espacio Público, tiene como fin crear miedo para evitar que los informantes declaren y así acallar los hechos, lo que dificulta el trabajo periodístico porque no hay posibilidad de contrastar los datos con las fuentes.