Pugna de poderes: AN o TSJ, un laberinto político de nunca acabar

El abogado penal Alberto Arteaga asegura que la Asamblea Nacional está legalmente constituida

Medidas cauterales no pueden mermar el ejercicio de las funciones de los diputados electos

Primera medida provisoria del TSJ es violatora a la Constitución y a derechos consagrados en la Carta Magna

Publicada por: el dasilvalissette89@gmail.com

(Caracas, Venezuela. Sumarium) – La actuación del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional han dado de qué hablar en los últimos días. La Sala Electoral declaró ayer nulidad absoluta sobre las acciones de la AN por desacatar la medida cautelar contra los diputados electos en Amazonas.

Y de ese hilo hay un carrete, porque posterior a eso el segundo vicepresidente de la AN, Simón Calzadilla, aseguró que el Parlamento, hoy dominado por la oposición, “no desacatará” la voluntad del pueblo de Amazonas.

Haciendo cumplir el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Crbv) que reza: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

Hoy el chavismo, bajo la vocería del jefe de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Héctor Rodríguez presentó tres videos más donde a su juicio se evidencia de manera “contundente” la “compra de votos” por parte de factores que involucrados con la oposición en la entidad indígena.

 “Esta AN está legítimamente constituida independientemente del cuestionamiento a esos tres diputados” dijo Arteaga en referencia a la medida del TSJ de nulidad de acción del parlamento.

Por su parte, el diputado Diosdado Cabello aseguró que el Poder Judicial está en todo su derecho de llamar al artículo 336 de la Carta Magna, que habla de las potestades que tiene la Sala Constitucional, donde señala como competencia de esta rama del TSJ “declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de esta Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta”.

Lo cierto es que los diputados imputados fueron juramentados por la nueva directiva de la AN el pasado 7 de enero en sesión ordinaria, en un acto netamente formal que la Sala Electoral declaró como desacato, pero que hoy les da a los representantes de Amazonas la inmunidad parlamentaria.

El primer Poder de conformidad con la Constitución es el Poder Legislativo, que ha resultado constituido como lo está en este momento, por una mayoría calificada, por fuerzas que adversan al oficialismo.

Hecho que implica que los diputados, desde el momento de su proclamación por el Consejo Nacional Electoral (CNE), gozan de este beneficio que no puede ser desconocido por una decisión provisional del TSJ y mucho menos ratificado con una declaración que anule los actos de la AN.

Artículo 200 de la CRBV
Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento.

Solo podrá anularse dicha investidura siempre y cuando se dicte una sentencia firme que anule las elecciones en la entidad y deba llamarse a unos nuevos comicios.

O bien que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia determine que haya méritos para iniciar un proceso de judicial contra algun asambleísta, pero será el Parlamento quien autorice el enjuiciamiento de los señalados.

PRIMERA MEDIDA DEL TSJ Y EL ARTÍCULO 25 DE LA CRBV

Artículo 25 de la CRBV
Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.

Partiendo de este principio constitucional, el abogado y profesor de Derecho Penal, Alberto Arteaga, afirmó en una entrevista telefónica con Sumarium.com que la primera medida cautelar que dictó el Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se suspendía la juramentación de los diputados electos en el estado Amazonas, es “nula porque es violatoria de derechos consagrados de la Constitución como los políticos, la soberanía popular y la voluntad popular que eligió a sus representantes” el 6 de diciembre de 2015.

Explicó que la juramentación ante la nueva directiva de la AN es legítima debido a que los representantes del Amazonas fueron elegidos por el soberano y proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo que les da la investidura de diputados y por ende la inmunidad parlamentaria.

“Desde su proclamación son diputados y gozan de inmunidad prerrogativa funcional que los sustrae de cualquier acción, denuncia o procedimiento que pueda coartarlo en su función parlamentaria. Por lo tanto una decisión provisional y cautelar, como fue la que se produjo en la Sala Electoral, no impide un acto formal como lo es de juramentación en la AN, porque son diputados desde el momento de su proclamación”, dilucidó.

Arteaga fue reiterativo en que ninguna “decisión provicional o cautelar aunque sea del TSJ” puede desconocer la condición de los diputados electos en la entidad sureña.

DECISIÓN DEL TSJ QUE NO DEBIÓ PRODUCIRSE

A juicio del profesor universitario, lo que está sobre el tapete no es un problema judicial sino político, ya que en un Estado democrático y de derecho la primera sentencia provicional de la Sala Electoral del TSJ no se debió producir porque “es un desacato contra la voluntad del Poder Popular”, hecho que hay que tenerlo claro.

“La juramentación debía producirse, lo que no podía producirse es una decisión provisional, e insisto en esto, que desconociera la inmunidad parlamentaria porque eso es desconocer la soberanía”, dijo.

Argumentó que desde el punto de vista jurídico, el desacato no es de la Asamblea al TSJ, sino de la Sala Electoral a la voluntad popular, dejando en al descubierto una actuación evidente de abuso de sus funciones, además de arbitraria.

ENFRENTAMIENTO DE PODERES

Para Arteaga los últimos acontecimientos responden a una “maniobra de naturaleza política” que coloca al país ante un enfrentamiento de poderes.

En este sentido, manifestó que la Sala Constitucional del máximo Tribunal estaría llamada a poner orden ante la situación actual a través de la anulación de los comicios en la región, siempre y cuando existiera alguna causal, sin embargo no es este el caso. “Debemos llegar al final de un juicio”, sumó.

Además aprovechó para criticar la designación precipitada e ilegal, por parte de la antigua Asamblea Nacional, de los magistrados del TSJ, con la finalidad de neutralizar al adversario y obtener beneficios políticos a través del sistema judicial, acontecimiento que se traducen en un problema de particular gravedad.