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Los polémicos centros de internamiento de extranjeros en Europa

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

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Cerca de 40 internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros en Aluche, Madrid, protagonizaron un motín en el que exigieron “libertad” y “dignidad”.

Es noche cerrada y llueve en Madrid. Un grupo de 39 personas lanza gritos de “libertad” y “dignidad” desde la azotea del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Aluche, un barrio en el suroeste de la capital española.

El motín tuvo lugar la semana pasada y duró 12 horas. Tras negociar que no hubiera represalias contra ellos, los inmigrantes -internos en el centro- regresaron a sus habitaciones.

Apenas un mes antes, 70 internos se habían fugado de un centro similar en Murcia, en el sureste de España, en una acción que dejó también cinco policías heridos.

Estos dos últimos casos volvieron a llamar la atención sobre estos centros de internamiento.

Y sobre su uso como antesala a la expulsión de inmigrantes en situación irregular desde Europa a sus países de origen.

En España, estos lugares reciben el nombre de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), en Italia son llamados Centros de Identificación y Expulsión y en Reino Unido, Centros de Expulsión de Inmigrantes.

En Francia, donde en septiembre también ocurrió una fuga de varios internos en la ciudad sureña de Nimes, se conocen como Centros de Retención Administrativa.

Vista exterior del centro en Aluche, un barrio en el suroeste de Madrid. Por los siete centros de España pasaron más de 6.900 inmigrantes en 2015.

Instalaciones como las de Aluche se utilizan en todos los países de la Unión Europea.

Centros en todo Europa

Con un nombre u otro, este tipo de instalaciones se utilizan -según los expertos consultados- en todos los países de la Unión Europa.

“Lo que diferencia a Europa de otras partes del mundo es que tienen instalaciones especialmente creadas para alojar a inmigrantes o a demandantes de asilo. Específicas para ese propósito”, asegura Michael Flynn, director ejecutivo del Proyecto de Detención Global (GDP, por sus siglas en inglés), un centro de monitoreo de estas instituciones con sede en Ginebra.

“Algunos países lo hacen mejor que otros, pero legalmente tienen que ser instalaciones específicas que aseguren la separación de este tipo de internos de la población condenada por delitos penales“, afirma en diálogo con BBC Mundo.

Pancartas de protesta fuera del centro en Aluche. La normativa europea señala que estos centros deben ser “siempre un último recurso”.

La cantidad de personas internas en estos lugares varía en función de los países.

Por los siete centros que existen en España pasaron 6.930 inmigrantes en 2015, según datos recopilados por el GDP. De ellas, cerca del 40% fueron expulsados del país.

En Francia, el país con mayor número de internados de la UE, la cifra de detenidos -de acuerdo con la misma fuente- fue de 47.000 en 2015. 44.000 fueron expulsados.

Un escenario similar se da en Reino Unido, con una población interna de 32.000 y más de 40.000 fueron expulsados en 2015.

Desde hace décadas, las denuncias sobre abusos y malas condiciones en los centros de internamiento de extranjeros son numerosas.

Pero, ¿qué son estos CIEs? Y, ¿por qué levantan polémica?

“(En España) son establecimientos públicos sin carácter penitenciario que dependen del Ministerio del Interior y que están destinados a custodiar a los extranjeros para garantizar su expulsión, su devolución o su regreso”, comenta Pepa Gutiérrez, miembro de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía, que agrupa a los colegios de abogados de este país.

De este modo, las personas que ingresan en estas instalaciones no tienen por qué haber cometido ningún delito.

El gobierno británico anunció que cerrará en 2017 el polémico Centro de Expulsión de Inmigrantes de Dungavel, en Escocia.

Protestas frente al centro de Dungavel. Reino Unido es el único país de la Unión Europea que no tiene un período máximo de detención en un centro de internamiento de extranjeros.

“Existen casos de extranjeros que han cometido un delito y el juez acordó la sustitución de la pena privativa de libertad por su expulsión, pero numerosos internos en el CIE se encuentran en un procedimiento administrativo”, agrega la experta en conversación con BBC Mundo.

La normativa europea que regula estos centros establece “la posibilidad de detener a demandantes de asilo e inmigrantes irregulares, en particular si existe riesgo de fuga”. La detención, no obstante, “debe ser siempre un último recurso y debe ser proporcionada“.

En la interpretación de ese punto es, quizá, donde reside gran parte de la controversia en torno a los CIEs.

“Realmente hay una preferencia por el procedimiento sancionador, que debería tener un carácter más excepcional. Es decir, se deberían iniciar más procedimientos en los cuales se pudiera invitar u ofrecer al extranjero la oportunidad de poder marcharse de una forma voluntaria”, señala Gutiérrez.

El día siguiente a la protesta de los internos en el centro de Aluche, el líder de Podemos, Pablo Iglesias (der, primera fila), y de Izquierda Unida, Alberto Garzón (derecha, segunda fila) además de otros parlamentarios españoles pidieron respeto a los derechos humanos.

Estadía

En España, la estancia máxima de un interno en un CIE es de 60 días, mientras que la estancia media ronda los 24 días.

Pero también en esto hay disparidad entre los diferentes países de la UE.

En Francia, por ejemplo, el periodo máximo de internamiento es de 45 días, prorrogable a 20 más bajo ciertas circunstancias. En Italia y Portugal son dos meses, mientras que en Alemania son seis o 18 en casos excepcionales.

En el centro con el que nosotros trabajamos las condiciones de habitabilidad son paupérrimas

Betty Roca

Dentro de la UE, Reino Unido es el único país que no tiene un periodo máximo de detención.

Desde hace décadas, las denuncias sobre abusos y malas condiciones de vida en estos centros -que empezaron a extenderse en Europa en los años 80- son numerosas.

El último motín en el CIE de Aluche en Madrid volvió a ponerlas sobre la mesa en España.

“En el centro con el que nosotros trabajamos, las condiciones de habitabilidad son paupérrimas. Son espacios pequeños y en las celdas hay entre cuatro y seis personas y, dependiendo de los momentos, en condiciones de hacinamiento”, relata a BBC Mundo Betty Roca, vocera de la campaña por el cierre de los CIEs en Valencia, en el este de España.

Chimbo Samb es de Senegal. Tiene 28 años y llegó a las islas Canarias en 2006 en un cayuco. En aquel momento permaneció 18 días internado en el CIE de Tenerife.

“Las condiciones eran muy malas. No me dieron explicaciones de por qué estaba allí, ni de qué era un CIE. El agua era muy fría, apenas nos duchábamos. Era como un campamento: la habitación no tenía paredes y éramos unas 70 personas”, recuerda en conversación con BBC Mundo.

Protestas frente al centro de Aluche. El gobierno español aseguró que “la regulación de los CIE es de las más garantistas de Europa”.

“Hace un año visité a un amigo interno en el CIE de Valencia. Por lo que me contaba, las condiciones son más o menos iguales o peor. Los tienen encerrados en habitaciones sin retrete y no les dejan ir al baño por las noches”, dice Samb, quien no llegó a ser expulsado de España y siete años después de su paso por el CIE regularizó su situación.

El gobierno español niega estas acusaciones.

“Existe una leyenda negra sobre los CIEs”, aseguró el jueves el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en declaraciones a los medios de comunicación a la salida del Congreso.

“Hablar de derechos humanos es ofender el derecho español y la regulación de los CIE es de las más garantistas de Europa“, indicó el ministro.

Defensores de derechos humanos aseguran que hay alternativas a los centros de internamiento, como la retirada del pasaporte o la presentación periódica ante las autoridades.

BBC Mundo solicitó entrevistas al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional española pero no fueron concedidas.

Desde el Consejo General de la Abogacía, Pepa Gutiérrez insiste en que la figura del internamiento debe ser vista como la “última opción”. Y sugiere buscar formas alternativas a los CIEs para el control de los inmigrantes que están en proceso de expulsión.

“La ley de extranjería española permite la repatriación adoptando otras medidas cautelares que son indudablemente menos restrictivas de derechos que la privación de libertad: desde la presentación periódica ante las autoridades competentes, retirada del pasaporte, residencia obligatoria en un determinado lugar… Hay mucho sobre lo que trabajar”, concluye.




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Categoría: Mundo | Claves: Europa Extranjeros Protestas