Regulaciones en Venezuela, desde 1936 hasta la suma continua de controles

Según economistas, los controles han obligado a mantener precios bajos entre la oferta y la demanda, haciendo que la demanda de los bienes crezca hasta un punto en el cual la oferta no puede satisfacerla, dando lugar a la escasez de los productos.

Regulaciones en Venezuela, desde 1936 hasta la suma continua de controlesLos venezolanos parecen irse acostumbrando a la suma de todos los controles. Crédito: Fernando Llano / AP
Publicada por: el andreduardo@gmail.com @AndrEduardo

(Caracas, Venezuela) – Los controles y regulaciones comerciales en Venezuela no iniciaron con la llegada de la llamada Revolución Bolivariana. Ya en el Gobierno del presidente Eleazar López Contreras, en 1936, se establecieron controles de precios para alimentos y materiales de construcción.

De ahí en adelante, su sucesor, el también general Isaías Medina Angarita, mantuvo controles de precios e instauró un control de cambio que duró desde 1940 hasta 1944, con el que el dólar estadounidense (USD) pasó de 3,19 bolívares (Bs) por unidad a Bs 3,35.

Más adelante, tras el golpe de Estado de 1945, se regularon los alquileres de las viviendas y una gran variedad de productos, desde las toallas hasta los lubricantes para vehículos. También entre 1983 y 1989 funcionó un control de cambio dentro del que sonaron grandes casos de corrupción. Así Venezuela, donde el precio del cemento estuvo regulado ininterrumpidamente desde 1939 hasta 1989, aprendió a mantener un pie fuera del libre mercado.

CONVERGENCIA DE CONTROLES

Sin embargo, fue tras la llegada de Hugo Chávez Frías al poder cuando Venezuela entró en una especie de espiral de controles, en el que una regulación llevó a la siguiente y luego ésta a otras más, sin agregar libertad a la economía.

Así, por ejemplo, el control de cambio instaurado desde 2003 como una forma de recortar la fuga de capitales tras la huelga general de 2002-2003 llevó a regular los precios de alimentos, medicamentos, materiales de construcción, los rubros importados a tasas oficiales y, más adelante, en vista de la distorsión generada por los diferenciales cambiarios, a controlar todo el mercado con una Ley de “precios justos”.

En tal sentido, para muchos economistas, los controles han obligado a mantener precios bajos entre la oferta y la demanda, haciendo que la demanda de los bienes crezca hasta un punto en el cual la oferta no puede satisfacerla, dando lugar a la escasez de los productos cuyos precios se pretende controlar y a una gigantesca mafia del contrabando.

LA MESA REGULADA

Los principales rubros alimentarios fueron los primeros en ser regulados en el país tras la huelga general convocada por Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Coordinadora Democrática y la Gente del Petróleo que buscaba forzar a Chávez a sustituir su política económica de tendencia ultraizquierdista por una más proclive al libre mercado.

Cuando se aplicó este control de precios en 2003, voceros del Gobierno indicaron que sería una medida temporal para enfrentar las consecuencias de la huelga general y para frenar el alza de la inflación. Sin embargo, la regulación se volvió una medida permanente. Desde entonces van más de 12 años continuos de control con constantes fallas en el suministro y venta de insumos.

El expendio de 23 productos de la cesta básica será controlado con el sistema de captahuellas.

En 2014, con la caída de los precios del petróleo, principal fuente de divisas del país, y ya con años de agudización de la escasez y el contrabando, el presidente Nicolás Maduro Moros lanzó el “Sistema de Abastecimiento Seguro” con máquinas captahuellas para la red pública de alimentación, dispuesto de manera permanente en 156 puntos de venta de la red conformada por Mercal, Pdval, Abastos Venezuela y Abastos Bicentenario, con límites de compra por rubros. En dicho puntos, el usuario presenta su cédula de identidad, registra su huella dactilar y cede datos puntuales para su registro en el sistema.

También el año pasado, Maduro anunció que 20.000 captahuellas serían instaladas en todos los supermercados públicos y privados. Sin embargo, la medida solo fue tomada en los públicos y en algunos privados, principalmente del interior del país, que “voluntariamente” accedieron a instalar las máquinas.

Asimismo el Gobierno anunció este mes que el expendio de 23 productos de la cesta básica será controlado con el sistema de captahuellas. Se desconoce de cuáles insumos se trata.

MEDICAMENTOS, DE REGULACIÓN DE PRECIOS AL CONTROL DE EXPENDIO

Desde 2003, a la par de diversos rubros alimentarios, rige en Venezuela un control de precios de medicamentos que no ha sido suficiente para que todos los ciudadanos tengan acceso a la salud, pues precisamente la demanda supera a la oferta.

Por tal motivo, el Gobierno abrió un plazo para adherirse al Sistema Integrado de Acceso a los Medicamentos (Siamed), cuyo objetivo es regular el expendio de medicamentos recetados para enfermedades crónicas.

En concreto, según ha explicado el ministro de Salud venezolano, Henry Ventura, para acceder al sistema, los pacientes tendrán que inscribirse en una farmacia con el certificado de su médico y el Siamed les notificará por mensaje de texto cuando esté el medicamento para que puedan ir a retirarlo.

Durante esta primera etapa, el sistema incluirá a los pacientes con enfermedades cardiovasculares, endocrino-metabólicas y neurológicas por ser las tres primeras causas de muerte en Venezuela.

“En lo inmediato, preveo que ello se convierta en una modalidad adicional de barrera de acceso al medicamento, uno de los signos más ominosos de inequidad sanitaria en el mundo, (…) todo lo cual no tardará en expresarse en términos de indicadores de salud poblacional”, dijo al portal web Prodavinci el médico Gustavo Villasmil, cirujano especialista en Medicina Interna y en Higiene y Seguridad Industrial.

“Ningún sistema de asignación de bienes y servicios mediante racionamiento soluciona nada en ninguna economía. Al contrario: ¡Prepárense para ver surgir como hongos las más insólitas modalidades de mercadeo negro! Ya lo vimos cuando la epidemia de chikungunya: el acetaminofeno no estaba en las farmacias sino en los tarantines de los buhoneros”, agregó.

USD/BS, EL EPICENTRO DE LOS CONTROLES

El que en un principio se vio como un control “holgado”, pues la población podía acceder a USD 5.000 anuales para gastos de viajes y otros USD 3.000 para consumos en Internet, además de un relativo buen flujo de divisas hacia las empresas, es desde hace años el principal punto del debate económico en el país.
Fedecámaras, el gremio patronal venezolano, ha dicho en reiteradas oportunidades que la escasez que azota al país se debe principalmente a la falta de asignación de divisas y la discrecionalidad estatal en el manejo de éstas.

Si nosotros quitamos el control de cambio, ustedes (los opositores) sacan los dólares y nos tumban.
Así pues, además de que en la actualidad los particulares cuentan con tan solo USD 700 anuales para viajar a Estados Unidos, Colombia, Aruba, Panamá, entre otros, y con USD 300 para todo un año de compras por Internet, las empresas no reciben la totalidad de divisas que solicitan y en muchos casos no reciben un dólar desde al menos el año pasado.

Una gran polémica se generó en julio de 2014 cuando el chavista gobernador de Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz, consideró que el control de cambio en el país es una medida política y no económica.

“Si nosotros quitamos el control de cambio, ustedes (los opositores) sacan los dólares y nos tumban. Mientras gobernemos tendremos control de cambio; tendremos que amoldarnos a manejar con él la economía”, dijo.

TAMBIÉN LOS ALQUILERES

Con la promulgación de la Ley de Arrendamientos por parte de Chávez, en 2011, se dificultó la tarea de desalojar a los inquilinos, morosos o no, de las viviendas alquiladas, así como la posibilidad de aumentar los precios.
A raíz de esto, el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, dijo en mayo de 2014 que el Gobierno estaba dispuesto a reformar la Ley.

“Se han visto casos donde el inquilino no se quiere ir y el propietario está en la calle; esto no es justo”, resaltó el funcionario en esa oportunidad, aunque el Gobierno no se ha referido más al tema. Cabe resaltar que los arrendamientos de locales comerciales también tienen una Ley que los regula.

LEY DE PRECIOS JUSTOS, EL CONTROL QUE ABARCA TODO

El 23 de enero de 2014 entró en vigencia la Ley de Orgánica de Precios Justos, promulgada por Maduro, y su organismo base: la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), conformado por los antiguos Indepabis y Sundecop.

Quedan sujetos a la aplicación de esta Ley todos aquellos que desarrollen actividades económicas en el territorio venezolano, incluyendo las que se realicen a través de medios electrónicos.

En la misma, entre otras regulaciones, se estableció un margen máximo de ganancia de 30% y la imposibilidad de remarcar los precios, sin importar la tasa de inflación o los decretos de aumentos salariales. Esto último, según juristas consultados, estaría en discordancia con el derecho de propiedad privada, pues los comerciantes legalmente registrados no pueden decidir de forma “justa” el precio de sus productos en venta.

Posteriormente, el 18 de noviembre de ese mismo año, se hizo una modificación de la Ley que estableció la figura de confiscación directa de bienes y productos que se capturen en labores de contrabando.

Antes de todo esto, a pesar de las distintas experiencias regulativas mundiales, muchos no se imaginaron lo lejos que los controles de la era chavista llegarían, pero lo que comenzó como un control de cambio “temporal” se desarrolló a lo que dirigentes opositores han llegado a llamar “mecanismo de control social”, es decir, los venezolanos parecen ir acostumbrándose a la suma de todos los controles.