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Santa Cruz: laboratorio de un poder autoritario

Nepotismo, asalto a la ilegalidad y manejo feudal han sido algunos de los instrumentos predilectos de los Kirchner para aumentar sus abusos y blindar la retirada.

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Editorial La Nación). Presión sobre los jueces, colonización de los organismos de control e impulso a la sanción de leyes a la medida de sus necesidades fueron algunas de las maniobras a las que recurrió el kirchnerismo en Santa Cruz para garantizarse un manto de impunidad, siguiendo el modelo que comentamos ayer en esta columna editorial.

A continuación, un acotado listado de pasos que presentan llamativas semejanzas con los que han venido dando los Kirchner en el orden nacional:

Poner en puestos judiciales clave a amigos y familiares, y amedrentar a quienes osen cuestionar a los funcionarios kirchneristas. Es sabido lo que le ocurrió al procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa: lo echaron en 1994 e hicieron desaparecer el cargo que ocupaba. La cuestión llegó a la Corte Suprema, que ordenó reponerlo, pero eso nunca se produjo. La misma actitud de desobediencia han tomado, ya en el orden nacional, con otros fallos del más alto tribunal. Otro caso entre los muchos que hay para destacar es el de la fiscal Natalia Mercado, hija de Alicia Kirchner y sobrina de Néstor, quien deberá investigar ni más ni menos que a sus propios tíos por la compra de tierras fiscales en El Calafate a sólo $ 7,50 el metro cuadrado. El nepotismo y la impunidad llevadas a la enésima potencia.

Procurar sacar del fuero federal las causas que están en manos de jueces independientes que los comprometen, para que terminen en Santa Cruz o en otro juzgado patagónico, como en los casos de los fondos de la provincia depositados en el exterior o del uso del avión sanitario para cuestiones personales. Tanto es así que el último planteo judicial de Cristóbal López para pasar la causa Hotesur a Bariloche remite a otro similar presentado con el mismo fin por Lázaro Báez, ex administrador de los hoteles de la familia presidencial, para que el expediente fuera a parar a Santa Cruz.

Crear a su medida el Consejo de la Magistratura santacruceño y ampliar el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia provincial para coparlo con funcionarios militantes que fallen siempre a su favor, mecanismo que también se encargaron de trasladar al nivel nacional. Prueba fresca de esas intentonas lo representan el grosero ataque al juez de la Corte Carlos Fayt y las versiones sobre ampliación del número de miembros del alto tribunal, aunque esa maniobra contradiga arteramente la disminución propiciada en 2006 por la actual presidenta cuando era senadora nacional. Cabe acotar que uno de los nombres en los que piensa el Gobierno para concretar su deseo de poner un pie en la Corte es el del actual secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, un funcionario todoterreno, de ascenso maratónico, que ha estado junto a los Kirchner desde siempre.

En Santa Cruz, Zannini fue ministro de gobierno y legislador provincial antes de saltar, desde esa banca, al Tribunal Superior de Justicia, del que fue presidente. Ese jurado le sirvió de plataforma para constituirse en el arquitecto de las dos reformas constitucionales y del sistema electoral que dio a Néstor Kirchner la posibilidad de perpetuarse como gobernador, una desproporcionada bancada legislativa y una mayoría automática en el más alto tribunal provincial.

Casos como el de Zannini abundan en la cocina de poder de la familia Kirchner, generosa con quienes han sido fieles soldados de su causa. Sin ir más lejos, la actual procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, fue la fiscal de Estado santacruceña cuyo actuar diligente y dirigido por el propio Kirchner resultó decisivo para que el Tribunal Superior levantara la suspensión de la consulta popular que le hubiera impedido seguir siendo gobernador de forma indefinida.

Otra de las estrategias kirchneristas ha sido y sigue siendo, ante cualquier denuncia o fallo contrario a sus intereses, agitar el fantasma de un golpe institucional, con el fin de restarles trascendencia a las condenas y mostrarse como víctima de oscuras conspiraciones destituyentes.

Qué otros ensayos del laboratorio provincial buscaron extender los Kirchner a la Nación.. La lista es larga. He aquí sólo algunos ejemplos:

Apropiarse de la caja estatal, echando mano de todo tipo de recursos para financiar un desmesurado y prebendario gasto público. El presupuesto provincial de 22.000 millones de pesos se imputa en un 97% al pago de salarios, según declaró recientemente el gobernador Daniel Peralta, quien reconoció que recibe regularmente dineros frescos de la Nación, como el fondo del seis por mil de un impuesto que generó cientos de millones de pesos y que pagaron todos los argentinos para que Santa Cruz financie el interconectado al sistema eléctrico.

Poner bienes del Estado, como la flota de aviones presidenciales, a disposición personal.

Crear, fomentar, amparar y financiar desde el Estado medios de comunicación para garantizarse un relato complaciente y uniforme, y acosar y asfixiar con la coacción, la censura y el retaceo de la pauta publicitaria oficial a empresas periodísticas independientes, mientras con esa misma publicidad del Estado se premiaba a medios afines, consolidando así el mercado negro de la publicidad oficial.

Forzar normas en beneficio propio, como ocurrió en Santa Cruz cuando Néstor Kirchner aplicó un per sáltum político para conseguir la reelección indefinida. Si bien esa estrategia fracasó en el orden nacional, son harto conocidas las artificiales interpretaciones del kirchnerismo para adecuar las leyes a sus deseos.

Intentar “comprar”, mediante distinto tipo de maniobras de presión política y asfixia económica, a dirigentes propios y extraños. Un caso llamativo que ejemplifica a la perfección esa estrategia ha sido el de Arturo Puricelli, histórico rival político de los Kirchner, que terminó siendo ministro de Defensa cuando Nilda Garré se alejó de ese cargo.

Finalmente, como es más que notorio, hacer crecer exponencialmente el empleo público y la asistencia social prebendaria. Hoy Santa Cruz tiene más de 54.000 empleados estatales y un sistema previsional en rojo, cuyo déficit es asistido con partidas millonarias del gobierno nacional.

En tanto, la defensa de los derechos humanos, bandera que tanto han agitado los Kirchner desde su arribo a la Presidencia, nunca fue su prioridad en Santa Cruz. Allí, mediante el uso de la “vía directa”, por medio de patotas paraestatales, se reprimió a cadenazos, golpes y palazos a quienes en 2002 se manifestaban contra la dirigencia política en general y provincial en particular.

Respecto de la última dictadura, y en palabras de Julio Strassera, los Kirchner “no se preocuparon por los derechos humanos; después vieron el negocio y lo hicieron”. Una hipocresía gigantesca, tal como dijo el fiscal recientemente fallecido.

Nepotismo, asalto a la legalidad y manejo feudal han sido y son sólo algunos de los instrumentos predilectos de la familia Kirchner para conservar y aumentar un poder que comenzó en aquel alejado laboratorio patagónico y que procura quedar impune blindando la retirada.

Categoría: Opinión