Maduro reitera que Colombia debe tomar “medidas de autoridad”

El presidente, que el 19 de agosto pasado ordenó cerrar parte de la frontera con Colombia después de que se produjera un ataque a militares venezolanos.

Maduro reitera que Colombia debe tomar “medidas de autoridad”Crédito: Reuters
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(Caracas, Venezuela. EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que va a seguir tomando medidas “estructurales y radicales” en los límites con Colombia para construir una “nueva frontera” y reiteró su voluntad de reunirse con su par colombiano, Juan Manuel Santos, para exponerle, nuevamente, sus condiciones.

“Yo voy a tomar, voy a seguir tomando, tengo la responsabilidad frente a venezuela y la obligación constitucional, de tomar medidas estructurales y radicales para construir una nueva frontera”, dijo el gobernante durante su programa de televisión “En Contacto con Maduro” que transmitió desde China donde se encuentra de visita.

El presidente, que el 19 de agosto pasado ordenó cerrar parte de la frontera con Colombia después de que se produjera un ataque a militares venezolanos por parte de supuestos contrabandistas colombianos, y dos días después decretó un estado de excepción en la zona, reiteró que ha hecho “propuestas” para levantar las medidas.

Yo voy a seguir tomando medidas estructurales y radicales para construir una nueva frontera

“En primer lugar, en Colombia se tienen que tomar medidas de autoridad, de Gobierno y legales, para prohibir expresamente el ataque a la moneda venezolana que se hace vulgarmente en las ciudades fronterizas y en Bogotá, esa es una condición fundamental”, señaló.

Es un elemento que el Gobierno colombiano, en la mesa, se ha comprometido a corregir y tiene que corregirlo a la luz de todo este debate y uno de los elementos fundamentales que yo quiero conversar con el presidente Santos”, dijo.

Asimismo, repitió que otra de las condiciones es que Colombia se comprometa a tomar “acciones concretas para corregir el contrabando de extracción que viene desangrando la economía de la frontera” y golpea las cadenas de aprovisionamiento de productos en el país.

“Busquemos soluciones con la verdad, en base al diálogo, al respeto, no a la promoción del odio que se promueve en Bogotá contra mí y contra Venezuela, busquemos canalizar y resolver la raíz de este tema”, pidió.

Criticó, una vez más, que desde el Gobierno colombiano supuestamente no se condene que en el lado venezolano de la frontera existiera una “base paramilitar” en un pueblo conformado, sobre todo, por colombianos, y que no haya ofrecido “sus buenos oficios para la investigación judicial, investigación criminal“.

ALCALDES COLOMBIANOS

Maduro dijo que el alcalde de la ciudad colombiana de Cúcuta, así como otros gobernantes locales de ese país, le cobran impuestos a los contrabandistas de productos venezolanos para “legalizar” esta actividad.

“Se da el caso con la gasolina venezolana y con los productos venezolanos, que el alcalde de esa ciudad (Cúcuta, Donamaris Ramírez) y de otras ciudades o el gobernador, les cobra un impuesto y con ese impuesto, a todas luces ilegal, legaliza, y valga la expresión, la actividad de contrabando y de venta ilegal de productos”, dijo.

“Cualquiera que vaya a una ciudad tan importante como Cúcuta, una ciudad grande, en el norte de Santander, podrá encontrar el 80 % de productos (…) son productos venezolanos y sencillamente allí no hay ningún tipo de parangón“, señaló el gobernante.

Hoy se difundió en la Gaceta Oficial de Venezuela el decreto de ampliación del estado de excepción en el estado Táchira de 100 a 160 kilómetros, entidad de la que han salido hacia su país centenares de colombianos, unos por voluntad propia y otros expatriados.

Colombia ha reclamado que, en el marco del estado de excepción que ha operado en seis municipios del Táchira desde el 21 de agosto pasado, supuestamente han sido atropellados los derechos humanos de los colombianos que han regresado a su país.

El presidente colombiano aseguró hoy que la Fiscalía de su país está “considerando seriamente” denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) a miembros del Gobierno de Venezuela por presuntos “crímenes de lesa humanidad“, a raíz de la deportación de centenares de colombianos.