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Seguridad jurídica y solidaridad frente al populismo de los desahucios

Los desalojos son la manifestación más cruda de la crisis económica y es lógico que las Administraciones más próximas al ciudadano quieran implicarse en ayudar a los afectados

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Editorial El Mundo).- EL CONSTITUCIONAL ha obrado con sensatez al poner fin a la demagogia con la que algunas formaciones políticas utilizan el drama de los desahucios para ganar votos por la vía fácil.

El Alto Tribunal ha declarado contrario a la Carta Magna el decreto-ley que la Junta de Andalucía aprobó en 2013 para expropiar las viviendas vacías propiedad de los bancos porque entiende que la medida invade las competencias del Estado central. Aunque la sentencia no cuenta con el respaldo de cuatro de los 11 magistrados, hay que celebrar que la seguridad jurídica se haya impuesto frente a los peligrosos experimentos.

La sentencia del Constitucional llega en un momento en el que los desahucios van a entrar de lleno en la agenda política de la mano de los grupos políticos afines a Podemos que han logrado representación en los parlamentos autonómicos y ayuntamientos. De hecho, la formación de Pablo Iglesias va a exigir al PSOE que se implique en la “lucha contra los desahucios” si quiere su apoyo para formar gobierno en aquellos territorios en los que no cuente con los votos suficientes.

La sentencia delAlto Tribunal delimita las líneas rojas que no se van a poder cruzar en esos pactos locales, pero como dijo ayer el portavoz de los socialistas es preciso buscar una fórmula para que las comunidades autónomas tengan algún tipo de margen para ayudar a los desalojados sin recursos.

La sentencia difundida ayer es la respuesta al recurso interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy a la ley antidesahucios que aprobó el Gobierno de Susana Díaz y sus socios de Izquierda Unida hace dos años, en el momento más difícil de la crisis económica, con el objetivo de “defender” a los ciudadanos “frente al abuso de los bancos”.

El Constitucional ha estimado parcialmente la apelación al dictar que con ese decreto, la Junta ha invadido la competencia exclusiva del Estado en materia de “coordinación de la planificación general de la actividad económica”. Los magistrados también han objetado que el derecho a la propiedad sólo puede regularse por ley. Hace bien el Tribunal en recordar que no se puede legislar por la vía rápida algo tan serio como este derecho civil.

Además de criticar las formas, la sentencia asesta otro golpe a la Junta al recordarle que cuando se aprobó su decreto, el Gobierno central ya había puesto en marcha una serie de medidas para suspender los desahucios y promover un fondo social de viviendas propiedad de la banca para facilitar un alquiler a los desalojados.

Hacen bien los magistrados en subrayar estos elementos, dado que fue el populismo y la propaganda fácil lo que llevaron a PSOE e IU a aprobar este decreto-ley, cuando en España existen otros mecanismos para garantizar la alternativa habitacional a los desahuciados.

Los desalojos son la manifestación más cruda de la crisis económica y es lógico que las Administraciones más próximas al ciudadano quieran implicarse en ayudar a los afectados. Pero deben hacerlo dentro de la legalidad, sin quebrantar la seguridad jurídica y sin fines electoralistas.Reforzar los servicios sociales para apoyar mejor a los más vulnerables sí es competencia local y en este campo, queda mucho por hacer.

Categoría: Opinión | Claves: Editorial El Mundo