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Seguridad jurídica

Para el buen funcionamiento de una democracia es necesario, entre otras cosas, que sus ciudadanos puedan confiar y creer, por lo menos, en el sistema judicial que los rige, cosa que se ve empañada, y mucho, con la crisis de legitimidad que hoy vive la justicia ya no sólo desde los pequeños despachos donde se deciden cosas corrientes, sino también desde arriba, en las altas esferas de la administración de justicia.

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Editorial El Espectador) Sus escándalos, salidas en falso y entuertos judiciales de magistrados ya están llegando a un límite.

En todo esto de la legitimidad tiene que ver, a su turno, la seguridad jurídica: que los ciudadanos sepan a ciencia cierta lo que sucede con la aplicación y adjudicación de las normas, por lo menos a un nivel general. Seguridad que se traduce en certeza política de que las decisiones se toman con alguna intención de permanencia.

Llama por ello la atención el fallo (que más parece un trabalenguas jurídico), mediante el cual la Sección Segunda del Consejo de Estado ordenó el reintegro inmediato del magistrado Alberto Rojas Ríos a la Corte Constitucional. Lo hace luego de que la Sección Quinta de ese mismo alto tribunal decidiera que la conformación de la terna de la que resultó elegido fuera espuria. La conformación de la terna, sin embargo, se dio, también, en el interior del Consejo de Estado. Demasiadas arandelas: el Consejo de Estado conformó una terna, donde resultó elegido Rojas Ríos; el Consejo de Estado, luego, tumbó esa decisión, apartándolo de sus funciones; el Consejo de Estado, después de una tutela por él presentada, y a través de un grupo de conjueces, dejó sin piso la última decisión. Resultado: debe volver al cargo.

No es esta la primera vez que el derecho, bien estirado, permite que estas cosas (decisiones de conjueces que revalúan las previas de magistrados titulares) pasen. Lo sabemos. Y suceden, también, por las mismas libertades de defensa que un ordenamiento jurídico otorga: Rojas Ríos acudió a un amparo constitucional para volver a su cargo. El mensaje, sin embargo, es bochornoso, confuso, inseguro: ¿qué confianza pueden tener los ciudadanos en ese aparato de justicia cuando ven que decisiones como estas favorecen de manera primordial a los altos funcionarios?

El episodio tiene un agravante político, además: este fallo se produce, precisamente, en momentos en los que la Corte Constitucional pasa por su peor momento y el regreso de Rojas Ríos, aunque fuere justo, puede traer consecuencias para ella debido a los no pocos señalamientos en su contra.

Rojas, se recordará, fue uno de los salpicados por el exmagistrado Nilson Pinilla a su salida de la Corte Constitucional. Que Rojas no le daba confianza, dijo. Luego fue mencionado en el escándalo por un supuesto tráfico de influencias en la Corte Constitucional, que tiene hoy bajo investigación al magistrado Jorge Ignacio Pretelt. Esto debido a que Rojas, en conjunto con el magistrado Jorge Iván Palacio, fue quien seleccionó la tutela interpuesta por la firma Fidupetrol para tumbar un fallo de la Corte Suprema que la obligaba a pagar $22.500 millones por un desfalco en Casanare. Y fue durante el estudio de esta tutela, en la Corte, que se presentaron unos supuestos ofrecimientos irregulares que hoy enredan al magistrado Pretelt y al abogado Víctor Pacheco.

La Corte no aguanta un escándalo más. A nivel jurídico estas fisuras, más pronto que tarde (y sin que sea necesaria una asamblea nacional constituyente), deberían corregirse.

Categoría: Opinión