Solicitan orden de aprehensión contra Hjalmar Gibelli y Fabrizio Della Polla tras incautación de bienes en EEUU

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(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium) – El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este viernes que el Ministerio Público se encuentra investigando a Hjalmar Gibelli y Fabrizio Della Polla de Simone, quienes son procesados en Estados Unidos por lavado de dinero.

“Quiero señalar la judialización del caso de Hjalmar Gibelli y Fabrizio Della Polla de Simone. Iniciamos una investigación por noticias crímenes sobre los hechos que señalan a estos ciudadanos, quienes son procesados en Estados Unidos por lavado de dinero donde se presumen obtuvieron a través del intercambio de moneda venezolana por dólares en el mercado negro”, expresó.

Durante una rueda de prensa, explicó que Della Polla “es propietario de la empresa de alimentos Servicios de Nutrición Animal (Servinaca C.A.), a la que le fueron liquidados más de 234 millones de dólares, a través de solicitudes de importación de mercancías de diversos rubros, además es socio de Hjalmar Gibelli”.

Asimismo, Saab apuntó que se corroboró que la empresa Sport Life 2002, perteneciente presuntamente a ambos imputados, “le fue liquidada la cantidad de 11 millones 227 mil 211 dólares”.

En ese sentido, destacó que fue comisionada la Fiscalía 28º Nacional para investigar el caso, al tiempo que anunció que se están solicitando órdenes de aprehensión contra estos ciudadanos por los delitos de “obtención fraudulenta de divisas, asociación y legitimación de capitales”.

“Una vez acordada las órdenes de aprehensión vamos a solicitar las alertas rojas a Interpol y adelantar como corresponde las respectivas extradiciones de estos ciudadanos para que rindan ante la justicia venezolana si ningún tipo de contemplaciones, ya que ese dinero eran para este tipo de importaciones y de pronto aparecen los dos en los EEUU con bienes de fortuna, una serie de lujos y ningún tipo de actividad comercial que corresponda a lo que aquí hemos investigado e indagado”, dijo.

Vale recordar que ambos nombres salieron a la luz luego de que fiscales federales en St. Louis, Estados Unidos, retuvieron un avión, dos yates y más de 1.8 millones de dólares.

La Fiscalía señaló que un avión Raytheon Hawker 800, un Ferretti Yacht de 100 pies nombrado “Navigante” y un Pershing Yacht 2015 de 82 pies llamado “Panacea” le fueron incautados a los venezolanos.

Según Stltoday, ambos accedieron a la incautación y admitieron los cargos de lavado de dinero, según un documento presentado el 22 de diciembre en el Tribunal Federal de Distrito de St. Louis, y agregaron que los activos fueron comprados con ganancias de un esquema ilegal para intercambiar bolívares por dólares en el “mercado negro”.

Desfalco en Aragua

Tarek, señaló también la captura de cuatro personas por estar implicadas en el desfalco de más de 14 millardos de bolívares a la Gobernación del estado Aragua, hecho denunciado en el mes de diciembre de 2017.

Informó que Sinamay Linarez, Secretaria de Hacienda, Administración y Finanzas del citado ente gubernamental y su hija Omaira Cabrera están detenidas por cometer un fraude electrónico, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

El Fiscal General expresó que Linarez, creó dos usuarios falsos para así poder transferir los recursos a las cuentas de siete empresas, donde fueron transferidas a otras cuentas de personas naturales y jurídicas.

Gracias a la denuncia que dio el gobernador de Aragua, Rodolfo Marcos Torres, y el presidente del Banco de Venezuela, José Morales estos delitos pudieron ser detectados. Informó además que hecho también fueron aprehendidos Harold Bernal, de la empresa Bernal Zeis Constructores C.A, y Yaritza Vásquez, de Yaris Fashion C.A. Además están pendientes por materializar otras ocho órdenes de aprehensión.

Señaló que las empresas involucradas en el desfalco a la gobernación aragüeña también están V.J. Construcciones C.A, Agropecuaria Agrocampo 2015 C.A., Construcciones y Remodelaciones ZR2 C.A., JACCI Bouique C.A. y Nuñera C.A.

Caso Viena

Saab por último informó que el Ministerio Público le pidió a la Interpol la alerta roja para tres exintegrantes de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, filial de Petróleos de Venezuela-Europa (Pdvsa).

Señaló que el exgerente general de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera con sede en Viena, Bernard Mommer de Grave; la exgerente de oficina, Irama Quiroz De Mommer, y la exconsultora legal, Mariana Zerpa Morloy, están implicados en la subvaloración del precio del crudo venezolano en Europa, trayendo como consecuencia daños patrimoniales al Estado con una cantidad de 4 mil 800 millones de dólares.

Puntualizó que se requirió la inmovilización y bloqueo de cuentas bancarias; así como la prohibición de gravar y vender bienes para los tres presuntos implicados.

“Se sienten tan culpables los señalados que han manipulado de manera torpe lo que hemos denunciado y no han podido defenderse”.

Además, puso en duda que la anterior gestión de este organismo no impulsara alguna acción penal en el caso. “Me imagino que el Ministerio Público pudo saber de esto en el pasado y a nuestros antecesores poco les importó y, como ocurrió con la trama de Andorra, lo engavetó”.

Tarek hizo mención que rechazaba los ataques en su contra afirmó que el órgano garante de la legalidad cuenta con pruebas abundantes sobre estas irregularidades detectadas a partir del año 2009, a raíz de la contratación de la empresa JBC Energy.

“Tendrán que explicar, particularmente Rafael Ramírez y Mommer, por qué contrataron por tantos años a JBC Energy; por qué le dieron tanto poder e información clasificada del movimiento petrolero venezolano para que tasaran el valor del crudo luego de lo que publicase México”, expresó.

Por último expresó que el Ministerio Público, con sus acciones, “quiere enviar un mensaje al país de que la justicia en cualquier terreno debe llegar” y que además se continuará con la lucha contra las mafias, delincuencia organizada y los delitos comunes, siguiendo el debido proceso establecido en la legislación.

“Nadie que tenga un cargo en la administración pública o en una empresa privada puede pensar que va a cometer una afrenta que cause daños patrimoniales al Estado de manera impune”, acotó.




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