¿La oposición está a merced de las acusaciones del Gobierno?

Publicada por: Redacción Sumarium el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium) – Ya es frecuente que voceros y dirigentes opositores reciban acusaciones por parte de organismos públicos y en consecuencia, sean detenidos y señalados de una variopinta lista de presuntos delitos.

Según escribe el periodista Jesús Gambús para el Diario 2001, el mayor crimen de estos voceros ha sido “pensar, actuar y oponerse al gobierno socialista”, resultando mucho más “apetecibles” cuando poseen una envestidura conferida por un cargo de elección popular.

Por ello, enumera las recientes detenciones vinculadas con sectores de la oposición y como sus casos parecen estar estancados en la burocracia de la justicia venezolana.

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Para mucha autoridad oficial, pensar, actuar y oponerse al gobierno socialista, ya le confiere al individuo un aire de sospecha, digna de averiguación y pase a una especie de purgatorio que comprende encarcelamiento, aislamiento, desaparición temporal, régimen de presentación, casa por cárcel y, hasta condena.

No importa si quien esté expuesto a la medicina tenga inmunidad o una investidura conferida por el pueblo en elecciones; quizás, esas condiciones los hacen más apetecibles.

La lista de pecadores con la “oreja caliente” comprende alcaldes, concejales, funcionarios municipales, altos y medianos dirigentes políticos, estudiantiles y hasta simpatizantes que, como el caso de Villa Rosa, en el estado Nueva Esparta, le dieron golpes a una cacerola para darle algo de uso.

Veinte meses preso. El caso del alcalde mayor del Distrito Capital Antonio Ledezma traspasa los límites de la política local. Gobiernos, presidentes, organizaciones mundiales e infinidad de personalidades han manifestado su contrariedad por su detención, que se remonta al 19 de febrero de 2015, cuando agentes del Sebin irrumpieron en su oficina, en el municipio Chacao, de Caracas.

La Fiscalía General señala al también dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo de ser parte de la conspiración contra el Gobierno, de nombre “Operación Jericó”.

Ledezma fue recluido inicialmente en la presión de Ramo Verde y en abril de 2015 se le confirió el régimen de casa por cárcel, tras ser operado de una hernia inguinal.

Guasdualito sin alcalde. En atención a un amparo constitucional, por supuesta ausencia en el cargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) destituyó en junio de 2015 a la alcaldesa de Voluntad Popular Lumay Barreto, del municipio José Antonio Páez, en el estado Apure.

Unos van, otros vienen. Este martes ocurrió la detención del concejal de San Cristóbal, estado Táchira, José Vicente García, por supuesta siembra de armamento de guerra, granadas y chalecos.

Fuentes ligadas a Voluntad Popular aseguran que García fue despojado de su vehículo para sembrarle falsas evidencias.

El arresto de García en la sede del Sebin, en San Cristóbal, coincidió con la liberación del activista político Francisco “Pancho” Márquez, detenido por las autoridades por al menos 121 días.

Márquez, privado de libertad junto al también dirigente de VP Gabriel San Miguel, cuando se dirigían al estado Portuguesa a colaborar con la verificación de firmas para el referendo revocatorio, fue obligado a salir del país. El segundo, fue liberado por la gestión del expresidente espa- ñol José Luis Zapatero, y se encuentra actualmente en la madre patria.

Caso Scarano. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hizo caer su peso sobre Enzo Scarano, alcalde de San Diego, en Valencia, estado Carabobo, a quien acusó de desacato.

El funcionario de la oposición fue sentenciado a prisión de 10 meses y 15 días, y destitución del cargo por “desacato de la orden emitida de prohibición de levantamiento de barricadas en su jurisdicción, durante los sucesos de la denominada “salida”, ocurridos en 2014.

Un fallo similar fue aplicado, por la misma instancia, al director de la policía municipal Salvatore Lucchese.

Del exilio a la cárcel. El Ministerio Público (MP) formalizó la acusación contra el ex- gobernador de Zulia Manuel Rosales, y las investigaciones de la Contraloría determinaron la responsabilidad del dirigente de Un Nuevo Tiempo en presunto enriquecimiento ilícito durante su ejercicio, caso en el cual el denunciante negó los hechos.

Caso Lester Toledo. El legislador electo por VP en el estado Zulia es requerido por el Sebin, acusado de conspiración criminal, “financiamiento del terrorismo” y “asociación para delinquir”.

“Fuero parlamentario. La oposición cree que el TSJ tiene una lista cantada de decisiones en su contra, que incluyen la reducción del fuero parlamentario y una orden de detención contra los parlamentarios de Amazonas.