TSJ revoca sentencia absolutoria de responsables de la masacre de El Amparo

La decisión exigía que el Estado venezolano hiciera todo lo necesario para investigar los hechos, identificar y sancionar a los responsables

Publicada por: Redacción Sumarium el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Caracas, Venezuela. EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ) revocó hoy las sentencias de absolución dictadas a los responsables de la ejecución de 14 pescadores, un suceso conocido como la masacre de “El Amparo”, ocurrida hace 28 años a manos de agentes militares.

La sentencia anulada absolvía de los delitos de homicidio intencional, homicidio intencional frustrado y uso indebido de arma de fuego a los funcionarios acusados por haberle causado la muerte a 14 personas y lesiones a otras dos, hecho ocurrido el 29 de octubre de 1988, en el municipio El Amparo del estado Apure (sur), indicó el TSJ en un comunicado.

La sentencia que había exonerado a los militares venezolanos de recibir sanción por estos delitos fue dictada el 30 de junio de 1998 y se sustanciaba en la supuesta actuación de “legítima defensa” algo que, según el texto del TSJ, no fue debidamente probado.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recordó a las víctimas de El Amparo justo hoy que se cumplen 28 años de la masacre.

“Estos pescadores del río Arauca murieron en el caño La Colorada, y luego de asesinarlos físicamente, quisieron matarlos moralmente al incriminarlos como supuestos guerrilleros, para así justificar la matanza”, relató Maduro recordando la versión de dos sobreviviente de la masacre.

El mandatario aseguró que este tipo de sucesos fueron eventos característicos durante el periodo de Gobierno inmediatamente anterior al chavismo y reclamó “que los responsables de estos crímenes atroces (…) paguen por sus delitos”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Venezuela en 2010 acatar de manera “pronta y total” la investigación de la masacre de El Amparo, tal y como había resuelto en una sentencia en 1995, pero que el Estado todavía no ha cumplido.

La decisión exigía que el Estado venezolano hiciera todo lo necesario para investigar los hechos, identificar y sancionar a los responsables.




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