Lo que debe hacer la AN tras el decreto

El Estado de Emergencia podrá ser revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional al cesar las causas que lo motivaron

Si la AN no se pronuncia antes de los 8 días establecidos el decreto se entenderá como aprobado

Publicada por: Lissette Da Silva el dasilvalissette89@gmail.com

(Caracas, Venezuela. Sumarium) – Como ya se había anunciado, el Gobierno decretó hoy un Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, dictamen que fue detallado por el ministro de Economía Productiva Luis Salas y que entró en vigencia desde su publicación en Gaceta Oficial 40.828.

Lo cierto es que esta resolución, presentada por el Ejecutivo Nacional, tiene que cumplir ciertos pasos para entrar en función.

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Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), específicamente en su artículo 338, la duración del este Estado de Emergencia tendrá un período de 60 días, pero para que se ponga en marcha tiene que ser llevado a consideración ante la Asamblea Nacional, ente que decidirá si se aprueba o se veta.

Artículo 338 de la CRBV
Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual… La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos.

Por su parte, la Ley Orgánica de Estados de Excepción establece que el Parlamento debe pronunciarse en sesión especial, sin previa convocatoria, 48 horas después de lanzado el decreto para fijar posición. De no ser así, y cumplidos los 8 días posteriores a su presentación, la resolución se entenderá como aprobada.

De ser aprobado por la mayoría absoluta en el seno del Palacio Legislativo, el Estado de Emergencia podrá ser prorrogado, única y exclusivamente, por un solo período similar, es decir por 60 días más.

Además podrá ser revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron.

Artículo 27 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción
Si por caso fortuito o fuerza mayor la Asamblea Nacional no se pronunciare dentro de los ocho días continuos siguientes a la recepción del decreto, éste se entenderá aprobado.

Sin embargo, de ser vetado, al cabo de los 8 días posteriores de su promulgación, quedará sin efecto.

La Carta Magna especifica que el Presidente de la República solo puede decretar un Estado de Emergencia Económica cuando se susciten circunstancias extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación.

Asimismo, el artículo 339 de la CRBV sostiene que el mismo debe ser presentado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para certificar su carácter constitucional.

Lugar donde analizarán si cumple con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 339 CRBV
El decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron. La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público.