AN no será avalada por los órganos públicos, dice el Procurador

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Crédito: VTV / youtube

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium) – El procurador general de Venezuela, Reinaldo Muñoz, señaló que la Asamblea Nacional (AN) por sus actuaciones “inconstitucionales y antijurídicos” del pasado 28 de julio no puede ser “avalada por los órganos y administración pública”.

Asimismo, manifestó que la acción de juramentar e incorporar a ciudadanos “no electos válidamente como parlamentarios por el Estado Amazonas”, generó “un peligroso precedente” para el país, así como para la preservación del Estado de Derecho.

Acotó que la acción del Parlamento “no tiene efecto jurídico” y “constituye un desacato a las decisiones dictadas por el Poder Judicial en el ejercicio de sus competencias constitucionales”.

Comentó que el Parlamento no puede pretender “legitimidad, juridicidad o legalidad alguna respecto de sus actuaciones, hasta tanto corrija la situación infringida y retorne a la constitucionalidad”.

Destacó que los argumentado por la directiva de la Cámara Legislativa “sugiere un franco desprecio por la constitucionalidad del Estado y denota preocupantes visos de autoritarismo en la conducción del Legislativo Nacional”.

“El desacato a una orden judicial acarrea responsabilidad penal y civil que no puede ser evadida invocando la inmunidad otorgada por una investidura circunstancial, que no es más que el mandato expreso del pueblo al cumplimiento de determinados deberes constitucionales”, puntualizó Muñoz.

A CONTINUACIÓN EL PRONUNCIAMIENTO ÍNTEGRO:

La Procuraduría General de la República manifiesta su profundo rechazo a las actuaciones inconstitucionales de la Asamblea Nacional del día jueves 28 de julio de 2016, con las cuales en nuestro país y la preservación del Estado de Derecho. Figuró tomar juramento e incorporar a ciudadanos no electos válidamente como parlamentarios por el Estado Amazonas, creando un peligroso precedente contra la institucionalidad.

Esta acción del Legislativo Nacional no tiene ningún efecto jurídico y constituye un Desacato a las decisiones dictadas por el Poder Judicial en el ejercicio de sus competencias constitucionales. Ello transgrede el orden legal y constitucional, amenaza el proceso democrático y el normal desenvolvimiento de las instituciones del Poder Público en Venezuela.

La Asamblea Nacional, con las mencionadas actuaciones, ha generado una situación absolutamente inconstitucional y antijurídica que no puede ser reconocida ni avalada por los órganos y entes de la Administración Pública. Ni puede pretender ese órgano legislativo legitimidad, juridicidad o legalidad alguna respecto de sus actuaciones, hasta tanto corrija la situación infringida y retorne a la constitucionalidad.

El pasado jueves la Asamblea Nacional, al efectuar una serie de actos inconstitucionales con apariencia de Derecho, esgrimió, como único fundamento para incorporar ilegalmente a un grupo de ciudadanos a la cámara legislativa, el simple transcurso del tiempo desde que fuera decretada la medida cautelar por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Argumento éste que no tiene asidero alguno en el mundo jurídico, sugiere un franco desprecio por la constitucionalidad del estado y denota preocupantes visos de autoritarismo en la conducción del Legislativo Nacional.

Nunca en la historia republicana de Venezuela, ni aún en tiempos de dictadura, un órgano del poder público, en franca violación del ordenamiento jurídico, ha obstruido tan descaradamente el libre desenvolvimiento de la justicia en nuestro país, pretendiendo la inserción de ciudadanos no electos válidamente como miembros activos del parlamento, a pesar de los procesos judiciales a los cuales han sido sometidos los comicios en esas entidades por presunto fraude electoral. Con estas írritas actuaciones la Asamblea Nacional se encuentra ahora ilegal e ilegítimamente constituida.

La Procuraduría General de la República manifiesta que, habida cuenta de este indecoroso acto de la Asamblea Nacional, de desacato y alteración fraudulenta de la conformación de un órgano colegiado, es forzoso precaver la nulidad de los actos emanados de su seno como resultado de la ilegalidad en la constitución del Parlamento Venezolano, afectando incluso la validez de sus convocatorias y quórum.

La Asamblea Nacional debe respetar el estado de derecho y corregir su actuación, restituyendo la constitucionalidad de su conformación colegiada y aceptar las decisiones emitidas por el Poder Judicial en el ejercicio de competencias de rango constitucional. De otra forma, carecería la actual Asamblea Nacional, conformada írrita e ilegalmente, de los caracteres jurídicos necesarios para exigir de los ciudadanos y de la institucionalidad pública el acatamiento de sus decisiones.

En nuestro Estado de Derecho y de Justicia, como en todos los países del mundo, el desacato a una orden judicial acarrea responsabilidad penal y civil que no puede ser evadida invocando la inmunidad otorgada por una investidura circunstancial, que no es más que el mandato expreso del pueblo al cumplimiento de determinados deberes constitucionales.

La Procuraduría General de la República se mantendrá vigilante en defensa de la constitucionalidad, la legalidad y la protección de los derechos del Pueblo, en el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, fiel a los principios y valores de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Caracas, a los 30 días del mes de julio de 2016, en la sede de la Procuraduría General de la República.