Eliminar notas, la nueva forma de “limpiar los nombres” de funcionarios públicos

Publicada por: Redacción Sumarium el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium).- El artículo de Runrun.es Limpieza de “fama” en Internet: nueva forma de censurar, de la periodista Lisseth Boon, publicado en el diario Tal Cual, toca el tema de Eliminalia, una empresa que pide, a nombre de un funcionario público, que algunos medios eliminen las notas periodísticas en donde “están mencionados sus clientes presuntamente vinculados con irregularidades administrativas” porque “lesiona el derecho a la vida privada y perjudica su reputación”.

La periodista menciona un correo electrónico que le envió a Runrun.es una representante del departamento legal de esa empresa, en el que pidió que eliminaran una nota publicada en el año 2013 en donde se mencionaba al presidente de Pdvsa Naval Héctor Pernía por supuestamente estar involucrado en un caso de sobrefacturación en la “compra de barcos para la estatal petrolera”. La agente de Elimalia aseguraba que era “perjudicial y nocivo para los intereses de Venezuela y la empresa pública que él representa”.

De este mismo modo, enviaron otros correos a Runrunes.es para la eliminación del URL, al tiempo que también se dirigieron a otros medios del país.

El Pitazo es uno de ellos –menciona Boon-, al que Eliminalia pidió en febrero del 2016 que eliminara una nota sobre Gustavo Mirabal Castro, exempleado del Banco Industrial de Venezuela “que amasó una inmensa fortuna”. La empresa alegaba que el perfil publicado de Mirabal, originalmente del portal Poderopedia, era difamatorio y “no tenía ningún carácter informativo para la comunidad venezolana”.

Poderopedia recibió un correo en octubre del año pasado de una representante de la compañía, domiciliada en Barcelona, España, en el que advertía que el perfil de su cliente Daniel Rangel Barón (empresario importador cuyas empresas son las principales proveedoras de insumos médicos para el Ivss) “lo perjudicaba personalmente e infringía el derecho a la privacidad” y que podía ser víctima de la delincuencia organizada tras la publicación de su nombre, apellido, el nombre de empresas y la cantidad de dinero generado. No obstante, no se mencionó que las compañías de Rangel Barón “recibieron casi 500 millones de dólares preferenciales para la importación de insumos médicos para el Ivss sin pasar por concurso público”, lo que viola la ley de contrataciones públicas, reseña el artículo.

En todos los casos presentados, los medios digitales se negaron a borrar el material puesto que “se trataban de informaciones de interés público que la colectividad tiene derecho a saber”.




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