Un conflicto en Fiscalía tiene preso a Coromoto Rodríguez, denuncia su abogado

Omar Estacio denunció ante la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo la desaparición forzada de Coromoto Rodríguez, delito que se castiga con cárcel de 15 a 25 años

Publicada por: el redaccionsumarium@gmail.com @sumariumcom

Crédito: Youtube / Con El Mazo Dando

(Caracas, Venezuela. Redacción Sumarium).- El jueves 19 de mayo el presidente Nicolás Maduro dijo: “ha sido capturado el día de hoy. Va a ser juzgado y mandado a una cárcel de máxima seguridad. Es un viejo torturador de Acción Democrática. Ya está preso. Lo acabamos de capturar”.

Con esas palabras el Primer Mandatario imputó, acusó, juzgó, sentenció y dictaminó lugar de reclusión a Coromoto Rodríguez, ex funcionario de la Disip y jefe de seguridad de Henry Ramos Allup. Todo el proceso penal resumido durante una alocución presidencial desde el Teatro Teresa Carreño, donde se llevó a cabo la juramentación del Comando Central del Partido Socialista Unido de Venezuela .

Coromoto Rodríguez fue detenido hace un mes por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Parque Central. En un video grabado por el Sebin, se muestra la supuesta confesión de uno de los detenidos por la agresión a la funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana, Dubraska Álvarez. Romer Eduardo Moreno Osorio confesó que una persona a quien señaló como “cercano del presidente de la Asamblea Nacional” le ofreció entre 10 mil y 15 mil bolívares para que generara violencia y desorden en la marcha de la oposición del pasado 18 de mayo. Pretendían llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral en el Centro Simón Bolívar en Capitolio, pero los manifestantes no pasaron más allá de la avenida Libertador.

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“Allí hay un escolta, no sé si es escolta, se la pasa ahí en el círculo de Ramos Allup, que le dicen Coromoto (…) Pero él hace tiempo ya me había ofrecido en una de las marchas de AD 2 mil bolívares”, dijo Moreno en un video de la confesión divulgado por Diosdado Cabello en su programa “Con El Mazo Dando”. La difusión del material audiovisual no contaba con la autorización de un juez y por ende, carece de valor probatorio. El relato del estudiante tiene varias inconsistencias, puesto que afirma no conocer a Coromoto Rodríguez, pero luego lo llama por su nombre y relató que la primera vez que lo contactó “fue hace dos meses”.

EL PROCESO LEGAL

Para Omar Estacio, el abogado defensor de Coromoto Rodríguez, su detención “fue en medio de la mayor ilegalidad”. En principio, el Sebin intentó proceder con base en la situación de flagrancia, “pero fue dos días después de la comisión de los presuntos delitos y el Comisario Coromoto no estaba perseguido, ni se encontraba huyendo” declaró en exclusiva para Sumarium.com. Rodríguez caminaba por la planta baja del edificio de Parque Central donde reside, cuando fue sorprendido por la comisión de funcionarios de inteligencia.

Según la norma legal, dentro de las 48 siguientes a la aprehensión de un imputado, las autoridades deben presentarlo ante un juez. En este caso, las autoridades se acogieron a lo previsto en el precepto, solo que en esa audiencia de presentación el fiscal de flagrancia, Alexander Kauffman, se abstuvo de imputar al comisario Rodriguez. Omar Estacio afirmó que el fiscal “se plegó a los alegatos que habíamos sostenido los defensores, vale decir, que la única supuesta evidencia que cursaba en el expediente contra mi defendido era una delación anónima de un patriota cooperante figura que no existe en la ley y que viola la Constitución, que prohíbe el anonimato”.

Además, el acta fechada el 16 de mayo de 2016 que contenía la hipotética información, no estaba firmada por persona alguna. Estacio declaró que en los autos cursaba un impreso que decía que Coromoto Rodríguez estaba en la “Lista Maisanta”. “Avergüenza al gentilicio que nuestros organismos supuestamente de inteligencia hurguen en el oprobio de la mencionada lista, como si tuviese interés criminalístico” afirmó.

En la audiencia de presentación en la que el fiscal Kauffman pidió la libertad plena de Rodríguez por no existir pruebas incriminatorias en su contra, los jóvenes detenidos mostraron los signos de torturas a los que supuestamente habrían sido sometidos por los organismos policiales. Luego de varias horas, la juez María Magdalena Díaz adujo que debía suspender la audiencia por la inseguridad de la zona. Según lo relatado por Estacio, “Díaz llamó al estrado a uno de los alguaciles del tribunal para que corroborara lo expuesto por ella, así es la credibilidad o autoestima de nuestros jueces”. La funcionaria también alegó la necesidad de practicarles un examen médico forense a todos los imputados (a excepción de Rodríguez quien no denunció torturas en su contra).

Al día siguiente, los jóvenes se quejaron que ningún médico había ido a evaluarlos. No fue sino hasta las diez de la noche que la juez reabrió la audiencia, esta vez sin invocar la inseguridad. Luego de un receso de treinta minutos para redactar sus resoluciones, María Magdalena Díaz dijo que recibió una llamada del fiscal 20 nacional, Ismar Maurera, en la que afirmó tener una nueva orden de captura contra Coromoto.

CONFLICTO EN FISCALÍA

El pasado 30 de mayo, el fiscal 20 del Ministerio Público, Alberto Requena Sandoval, le envió una comunicación a la juez donde la acusa de haber mentido. Según Requena, en su fiscalía no ha cursado ningún expediente en el que aparezca imputado Coromoto Rodríguez. El abogado Omar Estacio afirma que “de haber sido cierta la solicitud de captura vía telefónica, el fiscal hubiese estado en la obligación de ratificarla por escrito, algo que podría configurar la posible comisión de falsa atestación, falsificación documental, abuso de autoridad y privación ilegitima de libertad perpetrados por la operadora de justicia por parte de la juez María Magdalena Díaz” .

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Dentro del Ministerio Público se habla de un conflicto interno entre los fiscales aliados a Luisa Ortega Díaz, los que tienen “línea directa” con el general Gustavo González López y los afines a Diosdado Cabello. Lo que pudo haber generado el choque en este caso. Coromoto Rodríguez no ha sido acusado formalmente por delito alguno. Sin embargo, la Dra. María Magdalena Díaz dictó privativa de libertad en su contra por homicidio intencional agravado en grado de frustración, incitación al odio y asociación para delinquir. En este apartado la ley venezolana es clara: los jueces carecen de potestad para imputar, porque quien imputa es la fiscalía.

ÓRDENES DE ARRIBA

Omar Estacio denunció ante la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo la desaparición forzada de Coromoto Rodríguez, delito que se castiga con cárcel de 15 a 25 años. “Los familiares y abogados hemos ido casi a diario a su supuesto lugar de reclusión, El Helicoide, y se nos responde que por órdenes de arriba no se le permiten visitas. La Constitución establece que el detenido tiene derecho a comunicarse, de inmediato con familiares y abogados. Si no lo podemos ver ni visitar, está desaparecido. Coromoto es hipertenso, y en cuanto a su estado actual, habrá que preguntarle al señor Maduro, quien antes de mandarlo preso, dijo que lo metería en una cárcel de máxima seguridad”, sentenció.

El jefe de seguridad de Henry Ramos Allup ha sido acusado públicamente de torturador. Estacio no quiere responder tales señalamientos en contra de su defendido. Afirma que lo que ha encontrado en “el comisario Coromoto”, como lo llama, “es a una persona sin mácula alguna. No sé si sus acusadores pueden jactarse de lo mismo”.

Para el presidente Nicolás Maduro; el ministro de Relaciones Interiores, Gustavo González López; el diputado Diosdado Cabello y el alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez, el currículo de Ángel Coromoto Rodríguez son antecedentes penales. Sin embargo, “exfuncionario de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip)”, “jefe de seguridad de funcionarios” y “escolta privada” no figuran como delitos en el Código Orgánico Procesal Penal.

Por Mónica Dejeki / Sumarium.com